La “inaceptable vía de hecho” del 9-N

Aunque ya no se vaya a hacer bajo el paraguas del decreto suspendido por el Tribunal Constitucional; aunque no haya un censo previo que utilice datos personales sin permiso de sus dueños; aunque las tareas de organización no las vaya a realizar directamente la Generalitat sino que las delegue en voluntarios; aunque el resultado no sea vinculante, la consulta independentista anunciada para el 9 de noviembre tiene algo fundamental y definitivo que la equipara a la convocada -y suspendida- originalmente: la pregunta.

Y esa pregunta, que ofrece a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de votar a favor de la independencia, está fuera de la ley: según la doctrina del Constitucional, ninguna institución pública, ni las comunidades autónomas ni ningún "órgano del Estado", puede preguntar a los ciudadanos por una posible independencia sin cambiar antes la Constitución. El tribunal vino a decir en 2008 (en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia) -y repitió este año- que el elemento fundamental para prohibir una consulta soberanista en España es precisamente ese: la pregunta. No el carácter vinculante o consultivo, ni la forma de organizarla, ni el censo ni la forma de convocatoria, sino la pregunta.

Porque el mero hecho de plantear esa pregunta desde una institución pública, según el tribunal, supone negar de plano la unidad indisoluble de la nación española (y, en el caso de celebrarla solo en una parte del territorio, negar también la soberanía del pueblo español). Supone una "inaceptable vía de hecho" para alterar, por la puerta de atrás, el "fundamento del orden constitucional". Altérese si así lo quiere la mayoría, señalaba el Constitucional, pero por el cauce legal que existe para eso: reformando la Constitución.

Por eso, a pesar de todos los esfuerzos que la Generalitat está haciendo para hacer pasar la consulta del 9-N por un "proceso de participación", como lo que importa es la pregunta que figura en las papeletas, esta consulta sería en realidad muy similar a la original, al menos en lo que respecta a una hipotética impugnación.

¿Por qué entonces el Gobierno no la ha impugnado aún? Hasta que ayer por la tarde anunció su decisión de hacerlo, había dos explicaciones posibles. La primera es jurídica, pero no de fondo, sino física: para impugnar algo hay que tener un documento oficial en el que ese algo se materialice. No se puede impugnar un anuncio ni una rueda de prensa, se impugna el documento en el que ese anuncio se convierte en un acto oficial, administrativo. Ese documento es el que la Generalitat está intentando esconder hasta el último momento, para "ponérselo difícil al Gobierno", como dijo Artur Mas. El Gobierno ha estado estudiando si los documentos secundarios que sí se han generado (el edicto para crear un registro de votantes voluntario, la instrucción a los directores de los colegios e institutos para que entreguen las llaves de los centros el día de la consulta, la web oficial de campaña, vinculada a la Generalitat…) tenían la entidad que tendría un decreto de convocatoria, y eran por tanto igualmente impugnables.

La otra posible explicación a la inacción del Gobierno no era jurídica, sino política. La consulta que la Generalitat quiere celebrar ahora es más débil que la original: está lastrada por la improvisación, la falta total de cobertura jurídica, la desunión de los partidos soberanistas y la parcialidad (es probable que solo participe en masa el sector más independentista de la sociedad catalana, según admite el propio Govern). Algunos actores del escenario político habían aconsejado al Gobierno un movimiento arriesgado: dejar hacer ahora para intentar pinchar el globo independentista con una consulta desdibujada, que quedaría ya como precedente fallido del soberanismo. Y evitar, de paso, que la impugnación genere una reacción que lleve a más gente a las urnas. Aceptar la “inaceptable vía de hecho” confiando en que se entierre a sí misma. El Ejecutivo ha preferido ceñirse a la ley.