PP y PSOE suspenderán de militancia a los detenidos y exigen su dimisión
El PP pedirá el abandono "inmediato" a quienes tengan responsabilidades políticas El PSOE también suspende de militancia al alcalde de Parla tras su detención Conozca aquí las reacciones de ministros del Gobierno y del presidente del Congreso
El PP y el PSOE suspenderá de militancia a los detenidos de la Operación Púnica que estén afiliados a ambos partidos y les exigirán asimismo que dimitan de sus cargos. Primero compareció el PSOE a través de su número dos, César Luena, que anunció esta decisión firme, y varias horas después lo hizo el PP con un portavoz poco habitual últimamente, el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Este último, que compareció porque era el único dirigente de su nivel que estaba esta mañana en la sede -no había convocada reunión de la cúpula- se limitó a leer un comunicado del partido y aceptó preguntas pero no quiso contestar a ninguna de ellas alegando a que se limitaba al contenido del texto.
Fuentes socialistas han indicado que también se ha suspendido de militancia al que fuera alcalde de Cartagena de 1991 a 1995, José Antonio Alonso, por su presunta implicación en la operación.
Pons ha subrayado la "indignación" del PP por esta nueva trama de corrupción que se ha saldado, por el momento con 51 detenidos, entre ellos el exconsejero madrileño Francisco Granados y cuatro alcaldes del PP. El dirigente ha leído un comunicado en el que señala que el Comité de Derechos y Garantías "acuerda la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas e implicadas" en esta "operación de corrupción". Dicho comité se reúne esta tarde para confirmar "la inmediata suspensión de militancia". Hace solo una semana, la secretaria general, Dolores de Cospedal, rechazó la suspensión cautelar de militancia de Rodrigo Rato y los demás implicados en el caso de las tarjetas opacas. Señaló que el PP antes quería escucharles y darles todas las garantías. La gravedad de este último caso ha hecho que el PP cambie radicalmente de opinión. Solo unas horas antes, el presidente Mariano Rajoy había minimizado los escándalos al señalar que se trata de "unas pocas cosas" y no una corrupción generalizada.
El secretario de Organización del PSOE
César Luena ha afirmado que el PSOE ha suspendido de militancia al alcalde de Parla, José María Fraile, tras ser detenido en la Operación Púnica. Estará fuera del partido "al menos durante el tiempo que esté detenido", ha añadido. "Ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez. No nos tiembla la mano, sea quien sea, haya sido lo que haya sido, caiga quien caiga", ha asegurado Luena en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva.
La ministra de Fomento
Ana Pastor ha dicho en relación con la operación que "el que no sea honrado, no puede estar en política". La ministra ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante una visita a las obras de la A-7 en Granada entre La Gorgoracha y El Puntalón. "En materia de honradez, ni en la vida política ni en la personal ni en la de los ciudadanos valen las medias tintas", ha señalado. "Aquí hay que ser honrado, y el que no, no puede estar en política".
El presidente del Congreso
Jesús Posada ha admitido su "sorpresa" y ha lamentado "profundamente" la detención de Francisco Granados porque "este tipo de cosas no son buenas", si bien ha señalado que la Justicia, aunque sea "lenta", es "implacable". Durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ha negado "rotundamente" que se pueda considerar corrupta al conjunto de la clase política. "Lo reitero con todas mis fuerza, no, en absoluto", ha señalado el presidente de la Cámara Baja, para quien en todos los partidos la "mayoría amplísima" es "gente decente" dedicada a su trabajo. Los corruptos son "una minoría".
El ministro de Industria
José Manuel Soria, del PP, ha afirmado que "la ley tiene que ser aplicada con toda la contundencia sobre quienes sean culpables" de corrupción, si bien ha matizado que antes deberá demostrarse que han delinquido. "Yo no voy a presuponer la culpabilidad de nadie, para eso están los tribunales, pero, una vez que los tribunales así lo decidan, yo lo que creo es que tiene que ser contundente la aplicación de la ley", ha declarado el ministro sobre la Operación Púnica.
El presidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González ha pedido "rapidez y contundencia" a los jueces para que este caso no dure, como otros, "eternamente". El presidente de la Comunidad de Madrid ha avanzado que "por supuesto" que destituirá a los alcaldes si se acreditan "claramente" las posibles responsabilidades penales. Ha recalcado que por el momento cuenta con información "escasa" y ha considerado que lo conocido hasta ahora son "malas noticias" que no ayudan a la necesidad de que se produzca una regeneración política y un acercamiento entre los ciudadanos y la clase política.
El ministro de Justicia
Rafael Catalá ha señalado que las detenciones ponen de manifiesto que "el Estado de derecho funciona". En declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la reforma concursal, Catalá ha mostrado su "respeto" por la investigación. Los arrestos, ha dicho, demuestran que el Estado de derecho "funciona" y que la colaboración entre los jueces, tribunales y la Policía Judicial es "plenamente efectiva" en España.
El presidente del Tribunal Supremo
Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha afirmado que la Justicia tendrá que "restaurar un orden jurídico que ha sido perturbado gravemente con este tipo de comportamientos", en referencia a las 51 detenciones. Lesmes ha explicado que con este nuevo caso "no se acumulan los problemas", pues es su "obligación". "El mundo judicial está precisamente para dar una respuesta desde el ordenamiento jurídico y desde la ley a comportamientos ilícitos en las contrataciones. Lo que pretendo es dar una respuesta adecuada en el fenómeno de la corrupción", ha indicado.
El líder de Izquierda Unida
Cayo Lara cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no puede "esconderse más" de la corrupción que afecta a su partido, y que por el camino que va, ha ironizado, va a obligar al PP a trasladar su sede de la calle Génova a la Audiencia Nacional. El dirigente ha insistido en que Rajoy tiene que dar la cara en el Congreso, sobre todo después de una semana tan intensa, según ha dicho, en lo que se refiere a casos de corrupción que han salido a la luz: las tarjetas opacas de Rodrigo Rato o Miguel Blesa y la supuesta compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del PP, un pago presuntamente autorizado por el exsecretario general Ángel Acebes.
El portavoz adjunto de UPyD
Ramón Marcos, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, ha reclamado la constitución de una comisión de investigación sobre la corrupción "institucionalizada" en la Comunidad, tras acusar al PP de "tapar" al exconsejero Francisco Granados, detenido en la operación Púnica. Marcos ha hecho estas declaraciones en una comparecencia de prensa tras la detención del exconsejero de Presidencia y de los alcaldes de seis localidades madrileñas. Ha denunciado que el PP se ha negado a facilitarle la información sobre los bienes de Granados que el grupo de la oposición pidió tras reconocer este en febrero que había tenido una cuenta bancaria en Suiza.
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