El juez Ruz imputa al exalcalde de Toledo por la mordida de Sacyr

El PP vive estos días instalado de nuevo en el sobresalto por el caso Bárcenas. Al día siguiente de que el juez Pablo Ruz imputara al ex secretario general Ángel Acebes por supuestamente autorizar el uso de la caja B del PP para comprar acciones de Libertad Digital, el magistrado retoma la causa sobre la supuesta mordida de 200.000 euros abonada por Sufi, filial de la constructora Sacyr, a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo. Esa cantidad, según declaró Bárcenas en julio de 2013, tras ingresar en prisión, se utilizó para sufragar los gastos de la campaña electoral de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007, que esta perdió contra el socialista José María Barreda. El juez apunta la posibilidad de que en los hechos participaran aforados, condición que entre otros salpicados por esta causa ostenta Cospedal y el presidente de las cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado.

El magistrado ha citado como imputado para el próximo 24 de noviembre al exalcalde popular de Toledo José Manuel Molina. También cita como testigos al actual regidor, el socialista Emiliano García Page; a Francisco Javier Sánchez, viceinterventor municipal y autor del informe de fiscalización sobre la adjudicación del servicio de basuras; y a Sebastián González, diputado nacional del PP.

La policía ha remitido un informe a Ruz en el que recuerda que Molina fue quien en representación del Ayuntamiento firmó el protocolo del contrato con Sufi en mayo de 2007. Respecto al testigo Sebastián González, fue la persona que, según Bárcenas, le trasladó el supuesto interés de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, de “plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo”. En la causa se investigan en principio delitos contra la administración pública, en concreto prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

En el auto, Ruz apunta que sigue investigando los hechos puestos de manifiesto por Bárcenas en 2013 para "constatar la realidad o no de los mismos", y en su caso, el grado de participación que han podido tener en ellos personas aforadas. Si se hallan indicios de que responsables políticos aforados participaron en este episodio, Ruz remitirá la instrucción al Tribunal Superior de Justicia de Castillla-La Mancha.

La causa afecta en primer lugar a Vicente Tirado, secretario general del PP autonómico y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y por lo tanto aforado. Según el relato de Bárcenas, Tirado se reunió en 2007 en la sede madrileña de Sacyr con sus dos principales responsables: Luis Del Rivero y Manuel Manrique. En ese encuentro, en el que Bárcenas dice que ejerció de introductor, Tirado pidió una aportación para la campaña y anunció a los empresarios que “iban a ser adjudicatarios de una obra o algo en Toledo”. Finalmente, siempre según Bárcenas, el gerente José Ángel Cañadas recibió los 200.000 euros, como consta en el recibí que el extesorero entregó al juzgado el pasado 15 de julio.

En su declaración como testigo, el 14 de agosto de 2013, Dolores de Cospedal rechazó tajantemente haber recibido la supuesta mordida de la filial de Sacyr, aunque no pudo profundizar en este asunto porque el juez Ruz lo impidió ante la posibilidad de que se afectara a aforados, algo que queda fuera de su jurisdicción. En julio de ese año, Cospedal había negado cualquier relación con ese apunte de la contabilidad de Bárcenas: "Toda esta historia es rotundamente falsa y el hecho de que haya un documento firmado por un gerente del partido no prueba de ninguna manera una comisión previa", enfatizó. "Es una historia disparatada y mentirosa", añadió la presidenta castellano-manchega.

En noviembre de 2013, Ruz tomó declaración como imputado al gerente del partido en la comunidad, José Ángel Cañas. Este figura como redactor y firmante de un recibí manuscrito de los 200.000 euros, que supuestamente aportó Sufi para sufragar la campaña para las elecciones autonómicas de 2007. En su declaración, y ante el estupor del magistrado, Cañas sostuvo que Bárcenas le obligó a redactar el recibí, y que lo hizo al dictado del entonces gerente nacional popular y su superior jerárquico. Cañas, abogado de profesión, añadió que, pese a lo que figura en el documento, él no recibió dinero alguno.

“Redacté el recibí porque era una orden de un superior”, aseguró Cañas, en aquella declaración. El 15 de julio de 2013, tras pasar 18 días en prisión, Bárcenas había manifestado que los 200.000 euros de la filial de Sacyr eran una comisión por la adjudicación a Sufi del contrato de limpieza urbana de Toledo, ciudad gobernada entonces por el PP. Estas revelaciones desembocaron en la imputación de Cañas, del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y del actual máximo dirigente de la constructora, Manuel Manrique. Los tres declararon ante Ruz.

Por su parte, el concejal de Hacienda de Toledo, Lamberto García Pineda, que declaró como imputado ante Ruz el pasado 24 de julio, sostuvo que no conocía de nada a Luis Bárcenas, que no sabe si su partido tenía una caja B ni conoce que hubiera una donación de 200.000 euros a la organización por parte de la empresa a la que se adjudicó el contrato de recogida de basuras de Toledo. García Pineda confesó que su función en el partido era la de "una figura decorativa sin funciones ejecutivas", que firmaba talones de euro y medio para comprar cafés o papel higiénico.