Fiscalía, Hacienda y la Audiencia de Castellón, contra el indulto a Fabra

La decisión de otorgar o no el indulto al expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder provincial, Carlos Fabra, ya está en manos del Gobierno, que habrá de pronunciarse, a propuesta del Ministerio de Justicia, sobre la medida de gracia.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Agencia Tributaria y el tribunal sentenciador, la Audiencia provincial de Castellón, han informado de forma negativa al indulto reclamado por Fabra, al que se le impuso una condena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales.

"Lo que parece es que Carlos Fabra viene utilizando todos los instrumentos previstos en la ley, incluyendo el recurso de amparo, con un único objetivo: retrasar “sine die” su entrada en prisión", alega Anticorrupción en su informe, que ha sido añadido al expediente que tratará el Consejo de ministros en la fecha que el propio ejecutivo marque.

En la petición de indulto, Carlos fabra adujo el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos, su edad y su recuperación y tratamiento por el trasplante de hígado al que fue sometido en 2010.

"Ninguno de estos factores es suficiente para aconsejar una medida tan  marcadamente excepcional y singular como es el indulto", asegura la Fiscalía.

Por su parte, la Agencia Tributaria sostiene que Fabra no ha repuesto el dinero defraudado y que el embargo de sus bienes ni siquiera fue una decisión voluntaria, con el fin de poder garantizar el pago. Además, considera la necesidad de una medida ejemplarizante como sería la entrada en prisión del expresidente de la Diputación de Castellón. Y arguye la gravedad y continuidad del delito y la cuantía defraudada, cerca de 700.00 euros entre 1999 y 2003, por no haber declarado casi dos millones de euros de ingresos de los que no pudo acreditar el origen.

También la Sala Primera de la Audiencia de Castellón ha informado negativamente al indulto, después de haber decidido la suspensión de la pena de cárcel pese a que los criterios del tribunal fijaban que con condenas superiores a los tres años de cárcel, nunca se debía suspender un ingreso en prisión por la tramitación de un indulto.