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ANÁLISIS

Cataluña y la alternativa vasca

La predisposición del nacionalismo vasco a negociar puede ser la última oportunidad de definir una idea de nación respetuosa

El exlehendakari, durante el debate del Plan Ibarretxe en el Congreso (2005). Ampliar foto
El exlehendakari, durante el debate del Plan Ibarretxe en el Congreso (2005).

La ley se ha impuesto a la arbitrariedad, las instituciones a la masa, la democracia al populismo, la razón a la sentimentalidad, lo moderno a las antiguallas; por fin no se hará el referéndum propuesto por los secesionistas de Cataluña. El triunfo de la rutina democrática ha dejado en evidencia a los independentistas de “cuello blanco”, a los que buscaban una independencia sin coste ni perjuicios, una separación festiva y sin quebrantos. El ejemplo más representativo ha sido un locuaz y leve presidente de la Generalitat, que ha entendido la traumática secesión catalana como una kermés coloreada de rojo y gualda. En la pendiente de desarraigo que está caracterizando su actuación, ha transformado un referéndum ilegal, pero con pretensiones garantistas, en una jornada para los que buscan con ahínco diversión y emociones fuertes, que podrán contar al calor de la chimenea del hogar a sus nietos, manteniendo en cadena ininterrumpida las leyendas y las fábulas que les han acompañado en este largo camino; pero no habrá en esos cuentos ni épica, ni heroísmo, ni sacrificios, ni grandeza... Todo será levedad, la levedad de quienes habiendo amagado con dar un paso adelante lo dieron hacia atrás.

Pero queda por delante lo más complicado. Por un lado, los problemas en Cataluña, que se resumen en la incógnita que plantea la relación entre la Cataluña oficial y la silenciosa, la que tiene en su mano todos los resortes del poder y la que se siente huérfana, y por otro, el problema que nos han planteado al resto, a la España de las autonomías diseñada en tiempos de la Transición, con sus consecuencias no previstas yque parece haber agotado su recorrido. Ahora bien, sería conveniente comprender que los problemas de Cataluña, no solo el planteado por los independentistas, y el planteado al resto de España, no se resuelven con las pasiones o solo con la ley. Ambas, siendo de naturaleza tan diferente, imponen, conquistan, amenazan, amedrentan, pero ni convencen ni persuaden. Los que ayer fracasaron deberían entender que solo dentro de la ley pueden encontrar la satisfacción de defender sus pretensiones, los que ayer se relajaron deben entender que los problemas planteados, lejos de impericias y egoísmos partidarios, siguen ahí, sin resolverse.

La Constitución admite acuerdos de envergadura y profundidad suficiente para enmarcar pactos de convivencia

Y en esas estábamos cuando el Lehendakari nos plantea hace unas semanas una proclamación interesante. Algunos se quedaron en sus prédicas sobre la política penitenciaria, otros entendieron que, vía Escocia, se unía al proceso catalán; pero lo más original y sorprendente de su entrevista fue la apuesta de cambio dentro de la ley. Cuando triunfa todo lo que permite atajos, lo que facilita burlar las normas, cuando se aplaude al pícaro y se somete al arbitrista que impone su receta a las reglas de convivencia, el presidente vasco nos sorprende reclamando su derecho a conseguir sus objetivos partidarios constitucionalmente. Como en todas las crisis, es imposible desprender el polvo de la paja, lo importante de lo accesorio, al profeta jeremiaco del que piensa racionalmente en los problemas de la sociedad, y por eso las declaraciones del nacionalista vasco han pasado desapercibidas.

No serán pocos los que duden de su recta voluntad, los que vean un nuevo engaño en las palabras del de Alonsotegi, pero poco importa si lo hace por necesidad o por virtud. La propuesta está en el aire. Y yo, que tengo una larga historia de enfrentamiento con los nacionalistas vascos —fruto de la discrepancia, que no puede encubrir ningún sentimiento de inferioridad, pero que no es azuzada por un negacionismo esencialista... al fin y al cabo existir, existen—, no renuncio a tomar nota de la oferta. Creo que han sido varias las causas que han llevado al nacionalismo vasco institucional a este camino posibilista. La primera tiene que ver con su experiencia durante la aventura fracasada del plan Ibarretxe; no es de menor importancia el riesgo que corre en estos tiempos el “hecho foral vasco”. Y no me cabe duda de que la legislatura en la que Patxi López tuvo la máxima responsabilidad en Euskadi fue una lección difícil de olvidar para ellos.

La legislatura socialista, que a unos les pudo parecer interminable y a otros desaprovechada, tuvo, al contrario de lo que sucedió en Cataluña, unos indudables efectos terapéuticos. Fue así, porque no hubo un deslizamiento hacia posiciones nacionalistas, ni tampoco fue un periodo de venganza, se gobernó adecuadamente y comenzó, con todas las dudas y en la penumbra inevitable de los inicios, un periodo de tiempo que podemos denominar como el del epílogo de ETA. Justamente el peligro de ver la espalda a la expresión política de la inactiva banda terrorista es la última causa que acierto a ver para comprender la oferta del señor Urkullu.

La nación es algo más y distinto a la suma de naciones más pequeñas o de ciudadanos con sus derechos y obligaciones

En una situación en la que el nacionalismo catalán puede despeñarse en el abismo de la ilegalidad, de los conflictos sin soluciones posibles, de unos planteamientos tan maximalistas que no carecen de violencia, de un fundamentalismo que nos podría llevar al desastre, el Gobierno tiene la posibilidad de demostrar que son factibles los acuerdos respetando las leyes, en la Constitución de 1978 y a través de la negociación, cuando los que dialogan no ven en la cesión una derrota y en el acuerdo una humillación. La búsqueda de la concordia mínima que exige una sociedad sana, después de derrotado el terrorismo etarra, ha provocado que en la política vasca se hayan abierto unas necesidades de cambio, de reformas, que el nacionalismo vasco parece que quiere encauzar a través de la Constitución y del acuerdo, y que el presidente del Gobierno debe utilizar por dos razones mayúsculas. La primera razón de importancia es la necesidad que tiene la sociedad vasca de poner, desde un punto de vista político, institucional y social, punto final a un periodo de tiempo terriblemente dramático. Este punto final es necesario para la sociedad vasca, pero lo es también para el Gobierno de Rajoy y los españoles, tan urgidos de éxitos, que en este caso es la victoria sobre el terrorismo. La segunda tiene que ver con demostrar a la sociedad catalana y muy especialmente a su clase dirigente, en el más amplio sentido del término, que la Constitución admite acuerdos de envergadura y profundidad suficiente para enmarcar pactos de convivencia entre nacionalistas y no nacionalistas.

Tal vez la predisposición del nacionalismo vasco a negociar sea la última oportunidad que tiene el Gobierno de definir racionalmente y en el marco de la Constitución de 1978 una idea de nación respetuosa con todas las creencias, particularmente las políticas, religiosas y culturales, pero que excluya su petrificación en comunidades separadas, indiferentes entre ellas, que solo tengan en cuenta sus leyes y sus normas, decididas a mantener una simple coexistencia, desechando la explosión de particularismos en las que se ha convertido la España de las autonomías; la nación es algo más y distinto a la suma de naciones más pequeñas o de ciudadanos con sus derechos y obligaciones. La culminación feliz de esta posibilidad negociadora evitaría una encrucijada tramposa y terrible, pero que ya ha sido realidad en nuestra historia: la podredumbre lenta pero inevitable del sistema hasta su total deslegitimación o la apertura en canal, a corto o medio plazo, de la Carta Magna, poniendo todo en entredicho y volviendo a empezar como tantas veces hemos hecho a lo largo de nuestra historia.