Defensas tumbadas

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón no dieron tregua ni credibilidad a las defensas esgrimidas ayer por los dos expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Los defensores lo tenían difícil, pero la puesta en escena de sus clientes no resultó una ayuda.

El papel no fue fácil porque la agresividad del juez y del fiscal descolocó a los interrogados. Llegaron entre gritos de los preferentistas que han perdido gran parte de su dinero y salieron con una fianza de escándalo que pueden provocar el embargo de algunos bienes de Blesa.

Después de conocer el desglose de los 15,5 millones gastados en lujos, caprichos y excesos, no era fácil que los máximos responsables de este dispendio pudieran justificar esta conducta ante un juez y un fiscal, que no están ajenos al clamor social. La actitud de los imputados parece indicar que no son conscientes del enorme malestar que existe en la calle y entre la clase política por la mayor bomba social de la crisis financiera.

Es sintomático que tras dos años de instrucción del caso Bankia en la Audiencia -un caso que tiene más de 4.000 afectados y que ha supuesto el rescate de la entidad con 22.424 millones de los contribuyentes-, han sido los 15,5 millones de las tarjetas los que han permitido al juez establecer duras medidas cautelares, bajo fuertes acusaciones de administración desleal.

Lo cierto es que la conducta de Blesa no le ayudó. Responsabilizar a sus inferiores, al Banco de España, sostener que esto se hacía desde siempre en Caja Madrid y decir que desconocía si se le cargaron los 437.000 euros de la tarjeta porque era "el 2%" de su salario no fueron buenos argumentos para salir del atolladero. Y menos cuando afirmó que entendía que no tenía por qué devolver este dinero, aunque ha pagado a Hacienda.

Rato no fue tan burdo, pero no sostuvo su tesis. Primero dijo que recibió la tarjeta de Ildefonso Sánchez Barcoj, un empleado suyo, en enero de 2010, cuando llegó a Caja Madrid. Sin embargo, luego tuvo que admitir que él las reactivó en febrero de 2012, cuando habían muerto para casi todos los demás. Sostuvo que nadie le advirtió de que la ley de Cajas y las ayudas públicas le impedían tener estos sobresueldos: gastó casi 100.000 euros en dos años y medio. Tampoco pudo explicar qué pensó cuando vio que el consejero delegado, Francisco Verdú, no activó la tarjeta que le dio Rato.

Una defensa débil con demasiadas imprecisiones para una calle que está ardiendo y que no aguanta que una minoría financiera responsable de la crisis no asuma las consecuencias de sus propios errores.