Manos Limpias bloquea la decisión sobre la imputación de la Infanta

Pausa obligada en la sala de la Audiencia de Palma que ha resolver los recursos de la Infanta Cristina contra su imputación en el caso Urdangarin. El Tribunal ha suspendido la tramitación de los escritos de la duquesa de Palma -y de otras 13 partes personadas- mientras que una sala especial no resuelva la petición de recusación formulada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias.

Esta formación, que ejerce la acusación popular con la intención de sentar a la Infanta en el banquillo, ha actuado para apartar a dos de los tres magistrados que han de determinar si la hermana del Rey Felipe VI ha se ser juzgada. El juez José Castro le acusa de los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal y el fiscal Pedro Horrach se opone.

Los dos jueces afectados han de abstenerse –temporalmente- mientras que un instructor analiza las razones y una sala especial resuelve el incidente. La sala de la Audiencia, formalmente, se aparta de la causa de forma temporal. El tribunal había informado que antes del 23 de octubre resolvería los recursos y se sabría quien irá a juicio.

El presidente de la Audiencia de Palma, Carlos Gómez, ha recabado ya los informes sobre este incidente presentados por las partes y por los dos magistrados recusados. Todas las partes menos Manos Limpias se oponen a que los jueces sean apartados por falta de motivos y causas objetivas.

Manos Limpias cree que los magistrados Diego Gómez-Reino (ponente de asunto) y Mónica de la Serna, quedan bajo sospecha de parcialidad y reivindica la "pulcritud en la imparcialidad". El fiscal Pedro Horrach descalifica al grupo ultra por el cúmulo de “insinuaciones de actuación prevaricadora” contra los dos jueces, con sospechas que fueron “creadas y ventiladas por el propio sindicato”.

El fiscal niega totalmente la tesis del juez Castro sobre la existencia de indicios para juzgar a la Infanta, posición contraria a Manos Limpias, que reclama que se siente en el banquillo. Horrach, cree que esta acusación cae en “un manifiesto abuso de derecho y fraude legal y procesal”, por atribuirse la voz de una pretendida opinión pública para poner en duda la justicia e imparcialidad de los magistrados que recusa en solitario. El ministerio público considera que se hace un uso "fraudulento" de la recusación para conseguir "finalidades espurias".