Una acusación intenta apartar al juez que decidirá si la Infanta va al banquillo

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, ha recusado a dos de los tres magistrados de la Audiencia de Palma que han de resolver si la infanta Cristina se sienta en el banquillo de los acusados. El incidente puede frenar durante varios días la decisión del tribunal sobre los 14 recursos presentados contra el auto que cerró la instrucción -entre ellos, el de Cristina de Borbón-, dado que por cuestiones de garantìas, los jueces se deben apartar mientras se resuelve la recusación.

Manos Limpias aduce como causa de la recusación una supuesta imparcialidad por la que pretende apartar de la resolución de los recursos al presidente y ponente Diego Gómez-Reino y a la magistrada, Mónica de la Serna. El pseudosindicato deja al margen de su acción de veto al tercer juez del tribunal, Juan Jiménez VIdal, quien fue el único de los tres que apoyó, en su momento, la imputación de la hermana del Rey. Además, Manos Limpias es la única parte personada que mantiene la acusación contra la Infanta por blanqueo y fraude fiscal.

La Audiencia de Palma decidió que antes del próximo 23 de octubre resolverá los recursos del caso Nóos planteados contra el auto del juez José Castro que cerró la investigación, pero esta maniobra de recusación, según fuentes jurídicas, puede afectar al ritmo de trabajo de la Sala sobre el asunto. Ello es así porque un juez tendrá que instruirse e informarse sobre la eventual ausencia de imparcialidad de los dos magistrados. Sus conclusiones serán resueltas por una sala especial de presidentes de sala de la Audiencia de Palma y del Tribunal Superior de Baleares. Ante esta tramitación, queda en el aire si el tribunal podrá cumplir el calendario que se propuso.

Para Manos Limpias, los magistrados Gómez-Reino y De la Serna ya se han “empleado e implicado” a favor del archivo de la imputación de la hermana de Felipe VI en otro momento de la instrucción del caso, que investiga el presunto desvío de más de cinco millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos -dirigido por Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta-.

"Justamente ellos son los magistrados que nunca debieran decidir, nuevamente, sobre tan importante recurso de apelación de la Infanta doña Cristina", dice el escrito. La acusación popular entiene que “sería totalmente inadmisible" que "unos magistrados que claramente ya han demostrado su presunta objetiva parcialidad y sobre los que existe una objetiva sospecha sigan siendo los encargados de resolver el importantísimo recurso que afecta a la responsabilidad de la Infanta".