“Ya me diréis qué hago aquí”, pregunta el supuesto pederasta a la policía

A última hora de ayer, Antonio Ángel Ortiz Martínez, de 42 años, se encontraba en un calabozo de la Jefatura de Policía de Madrid a la espera de prestar declaración. “Visiblemente desmejorado”, según fuentes policiales, vestido con su inseparable chándal y una camiseta negra, preguntó “con aire chulesco” a un mando policial cuándo le iban a explicar qué hacía él en comisaría.

El supuesto pederasta, "el enemigo público número uno”, según lo definió la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el hombre que mantuvo en vilo durante meses a un barrio entero, el de Ciudad Lineal, en Madrid; el que obligó a la policía a dedicar más de un centenar de hombres a su captura y a reclamar la colaboración del FBI, dice, según  fuentes policiales, desconocer de qué se le acusa y por qué fue arrestado a las 7.37 horas del miércoles en una casa de Santander, a donde huyó hace dos semanas tras sentir el aliento de la policía.

Las fuerzas de seguridad le atribuyen el secuestro y violación de cinco niñas y de otras tres en grado de tentativa. Todas sus víctimas son menores de cinco a 11 años y las agresiones se repitieron desde julio de 2013. La policía no descarta ampliar la lista porque en el transcurso de la investigación ha descubierto ataques que no habían sido denunciados.

El primero, en Coslada, el 11 de julio de 2013, de una niña china a la que el pederasta abordó en el portal de su casa con las llaves en la mano y convenció de que sus padres le habían invitado a acompañarla al domicilio. Ya dentro, abusó de ella. La niña nunca contó nada a su familia. La policía sospecha de la existencia de otros episodios similares.

Pese a su aparente actitud incrédula y desafiante en comisaría, fuentes cercanas a la operación certifican que las facultades mentales del detenido están en perfecto estado y aseguran que no parece tener síntomas de enfermedad psíquica ni de encontrase bajo los efectos de la droga.

Su arresto en ese domicilio familiar de Santander encarrila la Operación Candy, una investigación inédita en España, según explicó ayer en rueda de prensa el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, flanqueado por Cifuentes y los jefes policiales que han estado al frente de la investigación: Alfonso Fernández Díaz, jefe de la Policía de Madrid y José Luis Conde, comisario de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. El titular del juzgado de Instrucción número 10 de Plaza Castilla que instruye el caso mantenía ayer el secreto de sumario, a falta de que la policía practicase otras diligencias con el detenido. El sumario retrata a Antonio Ángel Ortiz Martínez como el pederasta de Ciudad Lineal: un hombre español de 42 años —“aunque aparenta menos edad”, matizó el ministro— con un dilatado historial delictivo.

Meticuloso en todos sus secuestros, que efectuaba en el entorno de colegios, parques y tiendas de chucherías, a finales del pasado agosto cometió el error de parar a comprar en un todo a cien en medio de un rapto y con una de las niñas en el coche. Pagó con una actitud esquiva que dio que pensar a la dependienta, alertada, como todo el barrio, de la existencia de un pederasta en la zona al que las televisiones y radios dedicaban horas de programación. Las cámaras de un banco cercano al comercio captaron ese día por primera vez el modelo de utilitario en el que se desplazaba el delincuente, pero el ángulo de la imagen impidió tomar nota de la matrícula. Ahí empezó el rastreo de 78.000 coches que coincidían con el de la imagen. Durante su testimonio la pequeña secuestrada pudo recordar una llamada de teléfono de su captor al volante. La policía peinó los registros de los postes de telefonía de la zona y cruzó los datos con el recorrido del coche hasta dar con la pista de una compraventa de coches a la que el arrestado cumplía encargos.

El presunto pederasta vivía con su madre en una casa de Madrid, cerca de la zona donde cometía sus crímenes y utilizó una segunda vivienda familiar —desocupada y en obras, a unos dos kilómetros de la primera— para abusar de las menores. La policía tiene pruebas de que en ese domicilio violó al menos a una de las víctimas y busca pruebas de otras agresiones. Ayer mismo, mientras los agentes examinaban la vivienda, el portero de la finca aseguraba haberle visto entrar con su madre en la casa hace 15 días.

Según su testimonio, las visitas de madre e hijo eran habituales. El edificio permite acceder directamente en coche desde el garaje, que “solo cuenta con un vigilante nocturno”, lo que encajaría con los horarios vespertinos en los que actuaba el pederasta. Los vecinos de ese bloque de 107 pisos tampoco advirtieron nada extraño, salvo las persianas que a veces estaban levantadas.

La finca estaba siendo vigilada a diario por la policía desde hace al menos dos meses. Hace tres semanas, una patrulla llegó a identificarlo en uno de los cientos de controles rutinarios que estableció en los distritos al noreste de la capital. Esa noche decidió no dormir en la casa familiar y se refugió en su coche. Los investigadores lo apuntaron el primero en la lista de sospechosos. Y repasaron su interminable ficha policial que apuntaba una violación a mediados de los 90 a una niña de seis años por la que le cayeron nueve de prisión, además de antecedentes por robos, violencia de género y agresiones varias.

Agentes de paisano ya no perdieron de vista ninguno de sus movimientos. Lo acompañaron cuando decidió poner tener tierra de por medio y esconderse en Santander, hace 15 días. Y las dos veces que decidió regresar desde allí en mitad de la noche a Madrid para sortear la vigilancia.

Cultivado en los gimnasios y aficionado a las artes marciales, su experiencia delictiva y el conocimiento que tiene de las técnicas de investigación policial le ha servido durante este último año para zafarse de los controles y repetir las agresiones extendiendo la psicosis en los distritos del noreste de la capital. No guardaba ningún tipo de relación con sus víctimas ni las vigilaba previamente. Actuaba bajo el patrón del “pederasta no preferencial”, según el argot de los psicólogos que colaboraron en la operación. Bañaba a las niñas después de abusar de ellas en viviendas particulares o descampados para borrar el rastro después de drogarlas para evitar que recordaran nada. Luego las abandonaba en zonas semiurbanas que facilitaban su huida.

Para el lunes la juez de instrucción número 10 de Madrid ha programado ruedas de reconocimiento que requieren la participación de las menores para identificar al pederasta, aunque la policía trata de agilizar ese trámite para acortar la pesadilla a las familias. La verruga que una de las pequeñas atribuyó a su secuestrador ya fue determinante para cerrar el caso. La policía confía en agotar el plazo máximo de detención, de 72 horas, para poner al arrestado en manos del juez. El distrito de Ciudad Lineal, el mismo que registró un intento de linchamiento la semana pasada cuando un operario de una empresa se acercó a charlar con dos pequeñas, respira aliviado.