El juez Ruz apunta que el PP ocultó fondos al Tribunal de Cuentas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel de corrupción, apuntó este miércoles expresamente por primera vez la posibilidad de que el PP ocultase parte de sus ingresos al Tribunal de Cuentas. En un auto —resolución motivada—, el magistrado confirma su decisión de trocear el caso para acelerar el enjuiciamiento de 45 de los casi 200 imputados. En su escrito, el juez insiste en considerar al PP “partícipe a título lucrativo” de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid) Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, ambos de ese partido.

En el auto notificado este miércoles , Ruz rechaza en bloque los 13 recursos de reforma presentados contra su decisión del pasado 29 de julio de abrir una pieza separada para agilizar la tramitación del caso y permitir el eventual enjuiciamiento, entre otros, del extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión provisional desde junio de 2013.

Los recursos de reforma son aquellos que las partes interponen ante el propio juez que dictó la resolución que se quiere impugnar. En círculos jurídicos se compara su inutilidad con la de “la lluvia el mar”, por lo absolutamente infrecuente que es que un juez dé marcha atrás en sus propias decisiones.

El PP, uno de los 13 recurrentes, rechazaba ser considerado “partícipe a título lucrativo” —beneficiado, pero no conocedor— de los supuestos delitos de Sepúlveda y Ortega. Esta calificación, de confirmarse en una sentencia, podría obligar a la formación conservadora a indemnizar a los consistorios de Pozuelo y Majadahonda. El abogado del partido, el exfiscal Jesús Santos, rechazaba esta condición y esgrimía el hecho de que las cuentas del PP son inspeccionadas y validadas anualmente por el Tribunal de Cuentas.

Ruz replica que este control regular “en modo alguno excluye (...) la posibilidad de que se hubiera utilizado por el partido recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación” en la contabilidad oficial. El magistrado sostiene que existen “indicios” de tal ocultación tanto en la pieza principal del caso Gürtel como en la investigación derivada de los papeles de Bárcenas la contabilidad secreta del extesorero popular que publicó EL PAÍS en enero de 2013.

En esa contabilidad paralela, que Bárcenas llevó entre 1990 y 2008 figuran ingresos en negro por 7,5 millones de euros. De esta cantidad, al menos 1,3 millones fueron ingresados —troceándolos en fracciones de menos de 60.000 euros— y camuflados en la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas, según el sumario del caso Gürtel.

El magistrado insiste en calificar a la formación conservadora de beneficiario de parte de los delitos del caso Gürtel. Esto significa que, según el juez, el partido gobernante no conocía que se estuvieran cometiendo ilícitos, pero sí obtuvo un beneficio del cobro de comisiones. “De acuerdo con todos los indicios obrantes en la instrucción el PP se habría beneficiado a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito por [los exalcaldes] Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, propiedad al menos en parte de los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, entidades que por ello pudieron resultar perjudicadas”.

El juez considera que el PP "se habría lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003", ganadas por Jesús Sepúlveda, exesposo de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Estos servicios se obtuvieron, según Ruz, "sino coste alguno para la formación política toda vez que dichos servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos" de forma ilícita.

En definitiva, reitera el juez Ruz, “el PP ha resultado beneficiado con fondos indiciariamente procedentes de un delito, por lo que debe responder del beneficio obtenido de modo que se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales atribuidas a Sepúlveda y Ortega”.

El pasado 1 de septiembre, el PP rechazó que hubiera obtenido beneficio por los delitos de los imputados en el caso Gürtel, y se presentó a sí mismo como “perjudicado” por los hechos que se investigan. El magistrado sostiene que parte de las supuestas mordidas cobradas por los exregidores se dedicaron a sufragar actos electorales del partido. El sumario contiene numerosas facturas que acreditan que el PP pagó los actos con dinero opaco.