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La juez ordena busca y captura contra cinco acusados de Segi

Los imputados no se han presentado al juicio El fiscal pide seis años de cárcel para 28 imputados por pertenencia a la rama juvenil de ETA

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, la semana pasada junto a una delegación de los 28 jóvenes acusados de pertenecer al Segi.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, la semana pasada junto a una delegación de los 28 jóvenes acusados de pertenecer al Segi.Javier Hernández Juantegui

La magistrada Ángela Murillo, que preside el juicio que se ha iniciado hoy en la Audiencia Nacional contra la supuesta rama juvenil de ETA, ha anunciado que dictará orden de busca y captura contra cinco de los 28 acusados que no han comparecido esta mañana en la sala de vistas. Además, ha advertido que una vez localice a los buscados, los mantendrá en prisión durante la celebración del juicio, que durará aproximadamente un mes. En ese momento, los 23 acusados restantes, vestidos con camisetas naranjas donde se podía leer la palabra "libre", dieron la espalda al tribunal y sacaron  pancartas con la leyenda "juicios políticos no". La juez decidió suspender la sesión cinco minutos y la reanudó una hora después con los primeros interrogatorios a los procesados.

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Hace solo tres meses, la Audiencia Nacional absolvió a 40 jóvenes detenidos en 2009 que se sentaron en el banquillo como acusados también de pertenecer a Segi, la rama juvenil de ETA, en una causa instruida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

El Tribunal absolvió a todos los procesados con el argumento de que sus actuaciones eran de contenido político y no se había demostrado la vinculación con Segi o con ETA.  El fallo ponía en duda que la declaración autoinculpatoria de los acusados ante la policía se hiciera "en ejercicio de su libertad" y por tanto se consideró nula a efectos de prueba. Todos los procesados denunciaron durante el juicio torturas policiales para no asumir como ciertas las declaraciones que habían hecho ante los agentes. La sentencia, cuyo ponente fue Ramón Sáez Valcárcel, contó con el voto particular discrepante del magistrado Nicolás Poveda.

El juicio abierto hoy sienta en el banquillo a otros 28 acusados, detenidos en 2010, con parecidas acusaciones y con la petición de seis años de cárcel que defiende el Fiscal para ellos por supuesta integración en organización terrorista.

ETA abandonó su actividad criminal a finales de 2011. Desde entonces, la organización terrorista intenta negociar con el Gobierno la entrega de las armas y las condiciones del proceso para el fin definitivo de ETA. El Ejecutivo mantiene intacta su política antiterrorista, sin acercamiento de presos como reivindican los nacionalistas vascos ni diálogo con ETA para establecer las condiciones de la disolución definitiva.

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En este contexto se celebra otro juicio contra la supuesta rama de ETA encargada de controlar y dinamizar el frente juvenil del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. El ministerio público sostiene que este grupo de personas actúa en muchas ocasiones bajo organizaciones pantalla como Gazte Asanbladas, Gazte Independentistakj, Gaztetxes, Matxinada, Duina, Malatxa y Kamaradak. Estas organizaciones harían, según el relato del fiscal, labores de captación, formación, concienciación, entrenamiento, recaudación de fondos y otros tareas vinculadas con ETA.

El fiscal argumenta en su escrito de acusación que pese a la ilegalización de Segi -declarada organización terrorista el 19 de enero de 2007 por sentencia del Tribunal Supremo-, la rama juvenil de ETA mantiene su actividad, "unas veces bajo sus propias siglas y otras bajo siglas de organizaciones pantalla, organizando eventos convocados por siglas difusas pero controladas por el grupo donde se exhibe profusamente simbología de Segi". Esta organización "dinamiza la lucha "Y" dentro de la estrategia de ETA denominada kale borroka o lucha callejera que incidiendo en la seguridad ciudadana persiguen producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho o, de otro modo, atentando contra la paz pública", según el relato del fiscal.

Los primeros acusados en declarar en la Audiencia Nacional se negaron a contestar al interrogatorio del fiscal y de las defensas. A preguntas de su abogada, insistieron como principal línea de su defensa en que la policía les torturó y amenazó para que hicieran declaraciones autoinculpatorias confesando su pertenencia a Segi y delatando a otros compañeros.

Ander Maeztu (28 años), el primero de los jóvenes imputados que declaró, detenido en Navarra en 2010, hizo este resumen de lo ocurrido: "Me dijeron que si no firmaba la autoinculpación mi madre iba a morir, y mi hermano iba a pasar por lo mismo. Yo quería ver a mi madre, no quería verla muerta. Me dijeron que si no firmaba la declaración sólo podría ir al funeral de mi madre. Me pegaron en la cabeza y en la cara desde el primer momento en que entré en el coche policial. Me hicieron la bolsa y casi me desmayo. Yo estaba bloqueado, pensé incluso en tirarme por la ventana. Al final les dije que sí, que declararía lo que ellos quisieran y firmaría lo que ellos quisieran, que inculparía a gente de mi cuadrilla. Me sentía hecho una mierda".

La abogada intentó desmontar a través de sus preguntas los argumentos esgrimidos por el fiscal en su escrito de acusación, basados en su mayor parte en las declaraciones de los inculpados ante la policía y en numerosos documentos (propaganda independentista, cartas a presos de ETA...) incautados en los domicilios de los detenidos.

Ander Maeztu sostuvo que la actividad de su grupo tan sólo consistía en reunirse para tratar las problemáticas juveniles, organizar conciertos o convocar comidas, sin ninguna vinculación de Segi. "Yo había sido detenido en varias ocasiones por pertenecer al movimiento okupa, y como había sido víctima de la represión policial, pues participé en varias ruedas de prensa para denunciarlo y en otra para celebrar el 30 aniversario del movimiento juvenil, aunque estaba allí de relleno. El único juicio que he tenido he salido absuelto y no era por nada relacionado con el terrorismo sino por desobediencia a la autoridad".

Garazi Autor Pueyo (28 años), detenida también en Navarra, repitió los argumentos de su compañero y negó la declaración que hizo ante la policía porque aseguró que la hizo obligada por las amenazas y torturas de los agentes. "Durante el régimen de incomunicación me torturaron, me apuntaron con una pistola y me tiraron al suelo cuando entraron en mi casa. En la comisaría de Pamplona me golpearon la cabeza una vez, recibí burlas, insultos y amenazas. Me pusieron una bolsa en la cabeza cuando iba en el coche de la policía, pero como estaba rota no sentí asfixia ni nada. Me hablaban de mi padre, que había tenido que ir al hospital y que había dejado a mi madre sola. Me daban golpes en la espalda, puñetazos en la tripa y me tocaban los pechos. Casi todos iban encapuchados menos tres policías que sí los podía ver. Al final, por miedo, hice la declaración con las respuestas que querían ellos porque me la decían".

Otros tres imputados que declararon en la primera jornada del juicio siguieron el mismo guión en sus respuestas a la abogada que los defendía. Todos ellos reiteraron que las actividades en las que participaron no tienen vinculación ni con Segi ni con ETA y que eran propìas de sus inquietudes por denunciar problemas sociales y reivindicar mejoras de las políticas públicas.

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