“Reformaremos cuatro grandes leyes para combatir mejor el yihadismo”
El ministro del Interior afirma que las penas de terrorismo incluirán la pérdida de la nacionalidad
Ha vuelto encantado de Estados Unidos, donde se ha reunido con la cúpula de los servicios policiales y de espionaje. “Me han dicho que España es un referente por su elevada cualificación en la lucha contra el terrorismo”, proclama. Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) es ministro del Interior desde diciembre de 2011. Es un apasionado de la historia colonial en África, y sobre todo del desastre de Annual. En su despacho hay varios óleos de Mariano Bertuchi con escenas de la vida en Tetuán. La entrevista se centra en dos asuntos: ETA y la lucha contra el yihadismo islamista.
Fernández explica por qué ha elevado el nivel de alerta contra el yihadismo: “No hemos sido el único país en hacerlo. Los últimos acontecimientos muestran que hay una competición entre Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico, su antigua franquicia local en Siria. Desde que el Estado Islámico proclamó el califato, el 29 de junio pasado, hay una rivalidad entre ambas por conseguir la hegemonía. Cuanto mayor nivel de horror, mayor capacidad de liderazgo. Por ello consideramos conveniente revisar el nivel de prevención, que estaba en 2 bajo y ha pasado a 2 alto. Es decir, riesgo probable de atentado terrorista con intensidad alta. En España existen 5 niveles. Lo digo para no crear un alarmismo que no sería justificado”.
¿Pero hay indicadores de un mayor peligro para España? “No estamos especialmente amenazados. Todo el mundo civilizado está amenazado. Sería imprudente no haber hecho lo que nos proponen los expertos por unanimidad”, explica el ministro.
“Si ETA se disuelve podremos reconsiderar la política de dispersión de presos”
Jorge Fernández afirma que ETA está “agónica”, pero “no muerta ni enterrada”. Y que no volverá a las armas porque no puede. “Quiero recordar que antes se hablaba del empate infinito, de que no podía haber ni vencedores ni vencidos. Bueno, pues el Estado democrático ha ganado y ETA está vencida”, dice. Y anuncia que el Estado seguirá golpeando “hasta terminar el trabajo”.
“En esta legislatura han sido detenidas más de 100 personas relacionadas con ETA. Se han desarrollado operaciones muy potentes que han contribuido a que se halle en el estado agónico en el que está. Operaciones como la que hubo contra Herrira o la desarticulación del grupo de coordinación encabezado por la abogada Arantza Zulueta, que era el tentáculo que mantenía cohesionado y unido al EPPK [colectivo de presos etarras]”, recalca.
El tema de los presos etarras salpica toda la conversación con Fernández. “Es que ETA son sus presos, cuyo control se disputa con la izquierda abertzale, y muy poquito más (…). Y solo les queda su aparato político, dedicado sobre todo a conseguir que sus reclusos sean aproximados al País Vasco o liberados”.
Subraya su mensaje a los más de 500 presos y a sus familias, las más afectadas por los 25 años de política de dispersión por cárceles de España y Francia: “Si ETA se disolviera, esa política de dispersión la podríamos reconsiderar con carácter general, porque se habría eliminado la causa que la motiva. ¡Ojalá todos decidieran acogerse a las vías de la reinserción! ETA es el mayor enemigo de los presos para acabar con la política de dispersión”. El ministro cree que a finales de año estará aprobada una ley para que, en coordinación con Francia, los etarras presos en este país puedan cumplir su condena en España. Desde la convicción de que ETA no va a volver a matar, Fernández anuncia que habrá un trasvase de agentes policiales dedicados a ETA hacia otras unidades que luchan contra el terrorismo islamista.
A cada poco, Fernández aprovecha para felicitarse de los buenos resultados de la policía y la Guardia Civil: “De la necesidad de combatir a ETA durante décadas, se ha conseguido la virtud de una gran profesionalidad en la lucha contra el terrorismo. Después hemos sufrido el 11-M, que es el mayor atentado islamista en Europa. Del mal de haber padecido el zarpazo del terrorismo, hemos conseguido el bien de haber obtenido unos servicios muy especializados en esta materia”.
Desde la matanza del 11 de marzo de 2004, España no ha sufrido más ataques islamistas. Pero el máximo responsable de la seguridad del Estado advierte de que “es evidente que en cualquier momento podemos tenerlo”. Aunque a continuación se enorgullece de que “ningún país europeo ha detenido a tantos yihadistas como España, ya que desde el 11-M se han hecho 107 operaciones policiales con 519 detenidos, y en lo que va de legislatura ha habido 19 operaciones y 51 detenidos”.
Quizá el mayor motivo de alarma lo representen hoy los yihadistas desplazados a zonas de conflicto y los que puedan retornar tras luchar en Siria e Irak. “Es público y notorio que mientras nuestros países vecinos cuentan los desplazados por centenares, nosotros los contamos por unas pocas decenas”, afirma. “Y cuando ellos cuentan los retornados, los cuentan por decenas, mientras que nosotros lo hacemos por unidades”, agrega.
El ministro avanza “una panoplia” de medidas contra el yihadismo: “Estamos estudiando una reforma transversal de la legislación para dar respuesta eficaz a esta amenaza. Reformas en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Extranjería y el Código Civil”.
—¿Podría detallar esas reformas?
—En el Código Penal, por ejemplo, estamos trabajando por una mejor tipificación como delito del llamado adiestramiento pasivo, es decir, la conducta del que se está formando para ir a combatir. Ese adoctrinamiento se hace en las prisiones, en los centros de culto o a través de las redes sociales. También puedo hablar de penalizar la autorradicalización, es decir, lo que hace que una persona se convierta en un lobo solitario. O de la incitación a la comisión de actos terroristas o su apología por Internet. Y, en particular, la posible inclusión en el Código Penal del caso de los combatientes retornados, lo que conllevaría la prohibición de entrar en España o bien de salir del territorio nacional para integrarse en un grupo terrorista.
—¿Y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
—Trabajamos en cómo mejorar la regulación de los agentes encubiertos, y en la protección de testigos y peritos. En la Ley de Extranjería prevemos acelerar los expedientes de expulsión o la prohibición de entrada de personas que hayan cometido delitos graves.
—¿Qué retoques planea en el Código Civil?
—Que los delitos de terrorismo conlleven la pérdida de la nacionalidad española. Y, por otro lado, en la Ley de Subvenciones, cabe la retención de pagos de subvenciones y la pérdida de beneficios sociales…
Al margen de esto, apuesta por otra arma que él llama “la contranarrativa”, que consiste en dar voz a las víctimas y en promover discursos que den una visión moderada del islam. En esa línea va la Unión de Comunidades Islámicas de España, que ha pedido a los imanes que sensibilicen a sus fieles contra el yihadismo.
A Fernández le preocupa en especial un posible semillero yihadista en Ceuta y Melilla. “Sería absurdo negarlo”, concluye.
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