Un abogado de oficio asistirá a Correa al no poder permitirse un letrado de pago

Francisco Correa, considerado cabecilla de la trama Gürtel, la red corrupta que arraigó en el Partido Popular entre 1996 y 2004, será defendido por un abogado de oficio. El hombre que medró a la sombra de Génova 13, organizando los viajes y realizando los actos electorales del partido y sobornó supuestamente a políticos para obtener contratos de administraciones gobernadas por la formación conservadora llegó a acumular 21 millones de euros en paraísos fiscales. También poseé viviendas de lujo en Marbella, Sotogrande, Baleares, Madrid o Barcelona, dos yates y 22 coches de alta gama.

Ninguno de esos bienes, embargados por la Audiencia Nacional, figura a su nombre. Correa, que fue detenido en febrero de 2009 y salió de prisión en junio de 2012, no tiene dinero para costearse un abogado de pago. El pasado julio, su anterior letrado, José Antonio Choclán, uno de los penalistas más reputados de España renunció a su defensa, al no poder cobrar su minuta.

Choclán había pedido en varias ocasiones al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, que desbloqueara alguna de las cuentas de su excliente en España, Suiza o Estados Unidos para que este pudiera abonarle sus servicios de asesoría legal, que en 2013 ascendían a 120.000 euros. El magistrado rechazó sistemáticamente esta pretensión del abogado. Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, también ha dejado de representar en los tribunales al considerado contable de la trama, José Luis Izquierdo.

El responsable financiero de Gürtel pudo nombrar un nuevo abogado de pago, pero Correa no ha encontrado un letrado dispuesto a trabajar en una causa de extrema complejidad —supera el millón de folios— sin visos de cobrar por sus servicios en un tiempo razonable. Por ello, la secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 5, Ana Esther Sánchez, envío el pasado lunes una comunicación escrita al Colegio de Abogados de Madrid para que designe un letrado de oficio para el principal imputado de la trama, que empezó a investigarse a finales de 2008 y que encara la recta final de la instrucción. Correa está imputado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.