Los 45 pilotos del Ejército procesados acusan a las empresas de mudanzas

¿Defraudadores o víctimas? Los 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire procesados por cobrar entre 2.316 y 4.059 euros de indemnización por falsas mudanzas se revuelven contra las empresas de transporte y alegan que si no reconocen ahora sus facturas es porque no las declararon a Hacienda. El Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que defiende a la mayoría de los pilotos, ha pedido al Juzgado Togado Militar Central número 2 que reclame copia de todos los expedientes de indemnización por traslado de los últimos ocho años para cotejarlos con los datos de la Agencia Tributaria. La petición ha sido desestimada por el juez y el Tribunal Militar Central por considerar que pretende “ampliar caprichosamente el objeto del procedimiento”.

El relato de los hechos que hace el auto de procesamiento, dictado el pasado día 2, es muy diferente a la versión de los pilotos. Sostiene que el teniente David Hernández Calet, en colaboración con el capitán Claudio Bartolomé Blaya, contactó con los tenientes recién salidos de la Academia de San Javier (Murcia) a quienes ofrecía tres presupuestos de otras tantas empresas y una factura, todos ellos falsos, a cambio del 25% de la indemnización que percibían por una mudanza que no había tenido lugar. El fraude se destapó porque un empleado civil del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe detectó un error en el kilometraje de una de las facturas.

Un civil imputado

La conducta de las empresas tampoco está clara. El procesado número 46 es el dueño de una compañía de mudanzas que facilitó facturas falsas; mientras que el juez ha desimputado a los propietarios de la firma SDR, pues aunque facilitaron al cerebro de la trama presupuestos de varias empresas con las que habían contactado y accedieron a modificar un presupuesto a sabiendas de que era falso, rechazaron la oferta del teniente Hernández Calet para quedarse con el 60% de las ganancias y disfrutar de unas vacaciones en una residencia militar en Canarias. Finalmente, denunciaron los hechos ante los juzgados.

El procesado de mayor graduación es el comandante Ignacio María Dávila Torres. Todos los pilotos están acusados de un delito contra la Hacienda Militar, penado con dos a 10 años de cárcel, y están en libertad provisional.