Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Jueces y fiscales alertan ante el Rey del efecto dañino de la corrupción

Felipe VI preside, por primera vez como jefe del Estado, la apertura del año judicial

Lesmes promete independencia y Torres-Dulce pide medios

La apertura del año judicial tuvo ayer la corrupción como tema central en las intervenciones del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Ante Felipe VI, que por primera vez como rey presidió el acto, ambos advirtieron de la perversión de la corrupción y sus efectos.

El tono más grave fue el utilizado por el fiscal general del Estado, que no solo admitió la existencia de corrupción pública y política, sino que advirtió de que ésta “daña seriamente la imagen de la función pública y su erario” y “mina la credibilidad del sistema democrático”. Torres-Dulce también se refirió a la corrupción privada, “que en el terreno financiero compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza”, lo que, según añadió acaba provocando “crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables”.

En un tono no menos tajante, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se refirió al hecho de que hayan proliferado los casos de corrupción en los tribunales, “más allá de lo razonable”, tal como dijo. Para Lesmes, esta situación genera “desaliento en la sociedad”, a la vez que está “minando la credibilidad en las instituciones”.

Ambos hablaron también de la respuesta a la situación. El presidente del órgano de gobierno de los jueces aseguró que el Poder Judicial se implicará “activamente” en la lucha contra lo que calificó de “lacra social”. “Nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”, destacó Lesmes.

Para Torres-Dulce, esa acción ya está rindiendo “frutos”. Y, como muestra, expuso el porcentaje de condenas logradas en casos de corrupción, en las que 18 fueron conformes total o parcialmente con la acusación que planteaba la fiscalía.

Aun así, el fiscal general del Estado reconoció que la respuesta del sistema judicial “es en exceso lenta y a veces desigual” y, por ello, y ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que también acudió al acto, reclamó “medios que cambien este rumbo”.

“Sin justicia no habrá libertades reales ni las exigencias de progreso social en igualdad pueden contemplarse y disfrutarse como reales”, sentenció.

La proliferación de corruptelas judicializadas se demuestra también en la memoria de la fiscalía que señala que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó, durante 2013, el doble de denuncias o querellas que en 2012. Los 43 fiscales que forman parte de esta sección participaron en 131 procedimientos por delitos contra la Administración Pública (que incluye prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación, entre otros), 68 por fraudes, 101 por delitos contra la Hacienda Pública, 69 por delitos de blanqueo de capitales y 18 por delitos de asociación ilícita y organización criminal.

Precisamente serán causas contra la corrupción las que protagonizarán este año judicial, en el que se tienen que empezar a resolver, al menos en parte, casos como el de los ERE de Andalucía, Gürtel o Nóos.

El acto institucional contó también con la asistencia de los presidentes del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, y, además de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez.

En las dos únicas intervenciones, las de Lesmes y Torres-Dulce, la independencia fue otro de los conceptos comunes. El presidente del Poder Judicial se comprometió a la defensa del Estado de derecho y de una justicia independiente al servicio de los ciudadanos: “Estos valores que nos comprometemos a defender se fortalecen también con la lealtad institucional que reclama nuestra integración en la Unión Europea, constituyendo el respeto al Estado de derecho una exigencia ineludible para pertenecer a ella, lealtad que impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia”, señaló el presidente del Tribunal Supremo.

Tras la crítica por la espera “desazonadora” de reformas legislativas y la entrega al ministerio público de la instrucción penal, el fiscal general del Estado Torres-Dulce defendió la reducción “razonable” del número de aforados y “una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado”.

En la entrada de la sede del Supremo, un grupo de medio centenar de funcionarios de la Administración de Justicia ha recibido al Rey con abucheos, pitidos y gritos contra el ministro de Justicia. Con banderas de CCOO y una pancarta en la que podía leerse "No hay nada que celebrar", no ha dejado de corear consignas contra Gallardón, cuya dimisión han reclamado con insistencia.

Magistrados del Supremo, vocales del órgano de gobierno de los jueces, fiscales, miembros de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de Justicia son también testigos de la cita de inicio de un año marcado por los casos de corrupción.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información