Mariano Rajoy advierte a Artur Mas: “No voy a consentir que nadie viole la ley”

Mariano Rajoy quiso dejar claro ayer en el inicio del curso político que su determinación frente al intento de referéndum en Cataluña es inamovible. El presidente del Gobierno ratificó por enésima vez que sus principios al respecto son “claros y firmes”: los catalanes no pueden pronunciarse unilateralmente sobre su independencia porque “lo que es de todos es de todos y España es de todos”. Y dejó un aviso al presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante los 1.500 dirigentes y militantes del PP que siguieron su discurso en el castillo de Soutomaior (Pontevedra): “No voy a consentir que nadie viole la ley”.

Por noveno año consecutivo, antes de regresar a Madrid tras las vacaciones, el presidente eligió su tierra, Pontevedra, para fijar las principales líneas políticas ante el nuevo curso, arropado por la cúpula del PP gallego. Rajoy enarboló tres banderas, dos ya bien conocidas —la recuperación económica y el rechazo innegociable al referéndum en Cataluña— y otra más novedosa, un plan de medidas contra la corrupción —aunque no pronunciase esa palabra— que ofrece pactar con las demás fuerzas políticas. El presidente enlazó su mensaje optimista sobre la situación económica con una muestra de confianza en que España resolverá también sus crisis políticas. Y, tras repudiar “la moda que hay ahora de hablar de todas las desgracias”, proclamó como remate a su discurso: “España es una gran nación, con una gran historia y con un gran futuro”.

Antes ya había dejado claro que el proceso independentista en Cataluña no tiene la menor posibilidad de prosperar porque carece de cauces legales. “Y no hay democracia sin ley. La ley está por encima de todo”, remachó, entre los aplausos de los miembros del PP gallego, cuyo líder y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había subrayado previamente que Galicia es una muestra de que se puede ser una “nacionalidad histórica” y al mismo tiempo “defender la unidad de España”.

Rajoy tampoco quiso ofrecer un mensaje negativo sobre la salud de las instituciones españolas. “Somos una de las democracias más avanzadas del mundo, hay que reivindicarlo”, dijo, una circunstancia que atribuyó a los acuerdos políticos que permitieron la transición a la democracia. Evitó hablar de corrupción, incluso de “regeneración democrática”, como se define el programa de reformas políticas esbozado ya por el Gobierno antes de las vacaciones. Prefirió explicar las medidas propuestas como un modo de “fortalecer la democracia y mejorar la calidad de las instituciones”.

Con ese propósito, Rajoy aprovechó su intervención en Soutomaior para invitar al diálogo a la oposición sobre una serie de posibles cambios legales, que luego el Gobierno detalló a través de un extenso documento difundido entre los medios. El presidente explicó que el PP se dirigirá a las demás fuerzas parlamentarias para exponerles los asuntos de los que, según dijo, está “dispuesto a hablar”: la reducción de los aforamientos, la “regulación de los indultos”, medidas para “limitar los gastos derivados de las campañas electorales”, el modo de afrontar “los procesos penales y las responsabilidades públicas” y la controvertida reforma sobre el sistema de elección de alcaldes. Al mismo tiempo, se declaró en disposición de estudiar todas las iniciativas en ese sentido que le presenten los demás grupos políticos, aunque no aludió expresamente a ninguna de las que ya se conocen, como la reciente oferta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, para despolitizar el sistema de nombramientos de cargos institucionales y judiciales. Tampoco se refirió en ningún momento a la propuesta de reforma constitucional que pretende trasladarle el PSOE.

Con los casos Bárcenas y Gürtel ya casi ausentes de las portadas, y todas las fuerzas políticas centrando sus esfuerzos en los nueve meses que quedan por delante hasta las elecciones municipales de mayo de 2015, el líder del PP dedicó una parte importante de su discurso a intentar convencer de su compromiso para velar por la “ejemplaridad de los políticos”. Como prueba, esgrimió que en poco tiempo entrará en vigor “la primera Ley de Transparencia de la historia de España”. Y a partir de ahora el Gobierno se fija como objetivos en este asunto lograr que “quien la haga, la pague”, que “en España predominen los valores de la buena gente y no los intereses de unos pocos” y que la justicia “premie a los buenos y castigue a los malos”.

El paquete de posibles acuerdos para “fortalecer la democracia” incluye — “por supuesto”, enfatizó el presidente— la cuestionada reforma de la ley electoral a fin de que en las próximas municipales la lista más votada logre automáticamente la mayoría absoluta si supera el 40% de los sufragios. Es la parte más problemática del paquete que quiere negociar el PP con la oposición porque los socialistas se niegan incluso a sentarse a discutir sobre el asunto. Rajoy optó por la cautela al exponer esa posible medida, sin aclarar si está dispuesto a sacarla adelante aunque no logre el apoyo de ninguna otra fuerza política, como han venido sugiriendo otros dirigentes de su partido. El presidente no fue más allá de expresar su decisión de “debatir y discutir” sobre un cambio legal que, en su opinión, “reforzaría el vínculo democrático” de los representantes municipales con los ciudadanos. Y ante la amenaza de boicot de los socialistas, insistió: “Hay que hablar de eso, vamos a hablar y el que no lo quiera que lo explique al conjunto de los ciudadanos”.

Antes de su discurso, Rajoy pudo comprobar el entusiasmo que suscita la idea en el PP gallego, que en los últimos años ha perdido muchos gobiernos por los pactos entre el PSOE y los nacionalistas de izquierda. Feijóo recordó que él viene defendiendo una reforma así desde 2006 porque obedece a un “principio democrático básico”. Y el presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, incluso se apropió expresamente del lema de las movilizaciones sociales en Galicia tras la marea negra del petrolero Prestige para clamar: ¡Nunca máis gobiernos de perdedores!”.