El PSOE presiona al PP para que desista de su ley electoral a cambio de un pacto

 El PSOE ha trasladado un mensaje claro al PP a través de varios interlocutores —incluido Pedro Sánchez, directamente a Rajoy—: deben olvidarse de la reforma de la ley electoral —dar al partido más votado el gobierno de un Ayuntamiento— si no quieren echar por tierra el intento que se abre paso de un gran pacto por la regeneración democrática. Los socialistas consideran que esa reforma, a pocos meses de las elecciones municipales, rompería uno de los consensos básicos que han funcionado durante 30 años y supondría un golpe durísimo a las relaciones entre los dos grandes partidos, que complicaría mucho, por no decir que haría imposible, la posibilidad de negociar el resto de reformas, sobre las que sí hay bastante acuerdo de fondo.

El PP, sin embargo, sigue decidido a seguir adelante incluso en soledad —o solo con el apoyo de CiU—, y Rajoy, según fuentes de la cúpula, tiene una enorme presión de sus alcaldes y dirigentes territoriales, que llevan semanas trasladando un mensaje: es ahora —con mayoría absoluta— o nunca. Las elecciones europeas, en las que el PP bajó al 23%, han terminado de convencer a los populares de que tienen que hacer ya esa reforma que llevan años proponiendo pero nunca se han atrevido a llevar al Parlamento. De hecho, Rajoy hace solo un año y medio dijo que él nunca cambiaría la ley electoral sin consenso.

Los dos grandes partidos, PP y PSOE, coinciden en un eje estratégico: quieren arrancar el curso político centrados en la regeneración democrática. Las encuestas y el resultado electoral de las europeas, en las que por primera vez en la historia democrática reciente la suma de ambos bajó del 50%, han convencido a sus cúpulas de que este es un asunto prioritario. IU, UPyD y el recién llegado Podemos presionan con estos asuntos —reducción de aforados, puertas giratorias, más democracia en los partidos, reforma de la financiación, reforma del Parlamento, leyes más estrictas contra la corrupción, mayor transparencia— y los dos grandes han decidido reaccionar.

En realidad, varias propuestas de regeneración llevan un año y medio esperando su aprobación en el Congreso. El Gobierno las ha anunciado varias veces y algunas están ya en tramitación, pero todo se retrasa. PSOE y PP, que después de meses negociando no pactaron la Ley de Transparencia, que el PSOE considera poco ambiciosa, llevan desde marzo negociando los nuevos paquetes. Ha habido muchas conversaciones e intercambio de papeles, en especial entre José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría, y José Enrique Serrano, ex jefe de gabinete tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero. Y hay avances, reconocen en los dos partidos. Todo se paró por la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba y ahora se va a retomar en septiembre, con la nueva dirección del PSOE. Pedro Sánchez y su equipo tienen voluntad de pactar grandes reformas, aunque sus propuestas van más lejos que las del PP —por ejemplo, pretenden plantear por ley que las primarias abiertas sean obligatorias en todos los partidos, y los populares no están de acuerdo—, pero el madrileño se lo dejó claro a Rajoy en julio y a otros interlocutores populares después: tienen que olvidarse del cambio de elección de los alcaldes.

Sánchez, según explican fuentes del PSOE y del PP al tanto de las conversaciones, cree que es imposible negociar el resto del paquete al margen de la reforma de la ley electoral, porque es un asunto clave de las reglas de juego y también porque el propio Rajoy lo ha colocado como su propuesta estrella de regeneración democrática. El aviso ha sido muy claro, coinciden dirigentes de ambas formaciones: o Rajoy se olvida de esta propuesta hasta que pasen las elecciones municipales de 2015, o todo lo demás quedará bloqueado.

Mientras, en el PP la presión interna es enorme para llevarla adelante, y Rajoy parece decidido, pese a las críticas, que son incluso mayores de las previstas. Los populares han hecho números y los beneficios de una ley así son tan importantes —evitar la pérdida de decenas de alcaldías en 2015— que parecen dispuestos a asumir el coste de imagen. Todos los dirigentes consultados insisten en que las críticas vienen sobre todo de la izquierda, pero creen que entre el electorado popular esta medida es muy bien acogida, y el PP la llevaba en su programa.

Los populares creen que la reforma no beneficiaría solo al PP, sino también al PSOE en muchos lugares en los que está más fuerte, como Andalucía. Y en el futuro, si se recuperara, le beneficiaría aún más, explican, porque es una medida para ayudar a los grandes partidos frente a los pequeños. Por eso van a intentar convencer al PSOE. La cúpula maneja varias propuestas, pero la que más triunfa es la de otorgar la prima de mayoría —la mitad más uno de los concejales— al que logre el 40% de los votos con una diferencia de cinco o seis puntos sobre el segundo, y repartir el resto de concejales de forma proporcional entre los demás. La duda es qué hacer donde nadie llegue al 40%: si plantear una segunda vuelta o seguir con la fórmula actual.

A la cúpula no le gusta la idea de la segunda vuelta. Sin embargo, algunos dirigentes consultados creen que, para presionar al PSOE y ponerle más difícil su negativa, está encima de la mesa la posibilidad de plantear la misma propuesta que los socialistas registraron en el Congreso en 1998: doble vuelta donde no haya mayorías absolutas sin la prima de mayoría al que logre el 40%. Es algo que de alguna forma también puede interesar políticamente al PP, porque forzaría al PSOE a formar coaliciones con IU o Podemos o a dejar claro que gobernará con ellos, algo que el PP utilizaría para la campaña que ya está diseñando y que consiste en ofrecerse como el gran partido estable frente a una coalición de izquierdas con partidos que define como populistas. Con eso los populares confían en movilizar a su electorado, su principal problema, por miedo a Podemos o IU.

En cualquier caso, es Rajoy el único capacitado para tomar decisiones sobre qué hacer con la ley electoral, y él ya lo ha dicho: se reunirá con la cúpula de su partido —probablemente el 8 de septiembre—, y a partir de ahí intentará convencer a los demás. El PP ve bastante factible un acuerdo con CiU, a la que cree que también le conviene la reforma, pero sin el PSOE admite que será muy polémica.