Las pistas de la Oficina Antifrau sobre Pujol Jr.

La Oficina Antifrau de Catalunya (Oficina Antifraude de Cataluña) informó al juez Pablo Ruz y a la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción el 19 de marzo de 2013 sobre las pistas que llegó a reunir sobre movimientos y fondos de Jordi Pujol Ferrusola en España y en el extranjero, a raíz de una denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia del hijo del ex president Jordi Pujol.

Una de las principales líneas de investigación que siguió la citada Oficina fue la presunta salida de 40 millones de euros procedentes de la recolección de dinero público en la provincia de Tarragona. El dinero, indiciariamente, pudo ser utilizado para comprar la sociedad gestora del Puerto de Rosario, en Argentina, y fue repatriado parcialmente, 15,2 millones de euros, a través de dos sociedades con domicilio en Barcelona bajo control de Pujol Ferrusola.

El director de la Oficina Antifraude, magistrado Daniel de Alfonso Laso y su equipo, mantuvieron diversos contactos con María Victoria Álvarez en marzo de 2013. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola ya había declarado, por iniciativa de la Policía Judicial, UDEF, en Madrid, el 13 de diciembre de 2012. Un mes más tarde, el 17 de enero de 2013, después de que la Policía consigue abrir diligencias en la Audiencia Nacional, Álvarez presta declaración ante el juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5.

Con todo, a primeros de marzo, Álvarez vuelve a denunciar a su ex novio ante la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo creado en 2005 para velar por la integridad del sector público e investigar actividades de corrupción, que colabora con la actividad de fiscales y jueces. Fuentes jurídicas indican que la ex novia del hijo mayor de Pujol siguió los consejos de su abogado, Sebastián de Juan, quien consideró que la Oficina Antifraude debía conocer los hechos.

María Victoria Álvarez compareció en la Oficina el 4 de marzo de 2013 y comunicó su intención de denunciar unos hechos sobre los que ya había declarado ante el juez Ruz. Dos días más tarde, el 6 de marzo, la denunciante amplió, mediante entrega de documentos por correo electrónico, la información inicial. El director de la Oficina dispone el mismo día incoar un expediente previo llamado de "verosimilitud" y solicita a su equipo un informe secreto.

El 12 de marzo de 2013, Álvarez vuelve a comparecer en la sede de la Oficina, firma la transcripción de lo declarado y precisa ciertos alcances de su denuncia. Miembros de la Oficina mantienen después varios contactos más con Álvarez para decidir qué líneas de investigación podrían servir a la instrucción sumarial. En otros términos, qué pistas podían rastrearse.

La denunciante aporta a la Oficina su ordenador personal "a fin de que se efectuase una imagen clónica del disco duro y posterior localización de determinados mensajes electrónicos", según se deja constancia en el informe, titulado Informe de Evaluación Preliminar de Verosimilitud, elaborado por la Dirección de Análisis de la citada oficina.

Asimismo, deposita en la Oficina un teléfono móvil porque, según explica, la lista de mensajes intercambiados era muy relevante y quería evitar el riesgo de que cayera en manos de su ex novio, al que acusaba de seguirla a través de espías contratados al efecto.

La Oficina trabaja sobre la copia del disco duro. Y también rastrea el teléfono móvil, donde hay un gran número de mensajes y comunicaciones entre su dueña y Jordi Pujol Ferrusola y entre ella y varias personas con las que comparte una larga amistad. Algunos de estos mensajes incluyen a una relevante personalidad política con la que comenta sus avatares a menudo.

El 19 de marzo de 2013, después de hacer diversas indagaciones, el equipo de la Oficina Antifraude elabora un informe de 25 folios, al que se añade un segundo documento de 2 folios.

Ése mismo día, Daniel de Alfonso Laso cruza el umbral de la Audiencia Nacional, en la madrileña calle de Prim, número 12, para subir al despacho del juez Pablo Ruz. Fuentes jurídicas señalan que el director de la Oficina Antifraude hizo una exposición de las conclusiones de su informe y, después, enfiló hacia la calle de Manuel Silvela número 4, sede de la Fiscalía para la Represión de Delitos Económicos, la Fiscalía Anticorrupción.

Daniel de Alfonso Laso tenía concertada cita previa con Belén Suárez, la teniente fiscal o número dos de la Fiscalía, encargada de llevar las diligencias preliminares de Pujol Ferrusola, abiertas por un atestado de la UDEF. El director de la Oficina Antifraude le entrega el documento de 25 folios y los dos folios con cuadros que describen el presunto flujo de dinero en algunas operaciones de Pujol Ferrusola y le promete enviar los documentos que soportan el informe. Lo hará el 5 de abril cuando despacha los documentos, unos 120 folios, a la Fiscalía. El trabajo de la Oficina Antifraude, pues, ha llegado a su fin.

Según el informe, quizá el asunto de mayor relevancia es la salida de unos 30 millones de euros de España en 2006. Dichos fondos habrían sido recolectados en ayuntamientos de la provincia de Tarragona.

El documento menciona a "Luis Badía Chancho, que según la compareciente [María Victoria Álvarez] sería un político convergente de la zona tarraconense, ex senador vinculado con el Ayuntamiento y que fuera alto cargo del Puerto de Tarragona, y quien habría proveído un importe cercano a 30 millones de euros del erario público para la adquisición del Puerto del Rosario. El Sr. Badía fue efectivamente, entre otros cargos, Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona entre julio de 1996 y febrero de 2OO4 y Senador por Tarragona en las Cortes Generales durante la Vlll legislatura (2004-2008). Actualmente figura como Presidente del Consorcio de la Zona Franca".

La Oficina rastreó la pista el Puerto del Rosario y averiguó algunas cosas más allá de lo que María Victoria Álvarez, quizá por simple desconocimiento, había informado. El documento apunta: "La mercantil TPR, S.A, domiciliada en Av. Belgrano 2015 de Rosario (Argentina) sería la empresa que explotaría por concesión estatal argentina las 65 hectáreas que constituyen la Terminal Puerto Rosario, brindando servicios tanto a las cargas como a los buques. Comprendería 1.620 m de muelles, 30.000 m2 de galpones para almacenamiento de cargas múltiples y 33 km de vías férreas y ofrece el almacenamiento e instalaciones en dos terminales denominadas Terminal 1 y Terminal 2 Norte y Sur".

Tanto el informe como el flujo de fondos que se presenta en los cuadros permiten concluir que la inversión de 40 millones de euros, en 2006, para que la sociedad Inter Rosario Port Services pudiera controlar la empresa gestora del puerto citado tiene su siguiente capítulo, años más tarde, en 2012, con una venta.

La citada sociedad, administrada por Mercè Gironés, esposa de Jordi Pujol Ferrusola, quien a su vez era apoderado de la misma, vende el 30% del capital de la empresa TPR al llamado grupo Ultramar. Los flujos aportados indican que la venta habría sido por valor de 15,2 millones de euros.

La Oficina reconstruye los pasos de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés. Y posa su atención en Active Translation, con sede en Barcelona, que comenzó sus operaciones en 1996, para realizar operaciones sobre inmuebles en general y realizar estudios y prospecciones de mercado.

Lo que llama la atención de la Oficina es este dato: "Actualmente figura un capital suscrito y desembolsado de 7.730.462 euros, tras una ampliación de enero de 2013 por importe de 7.670.262.60 euros. Debe significarse, en lo concerniente al caso, que en febrero de 2009 -aunque ya constaría con anterioridad- fue nombrado administrador único el Sr. Ramón Gironés Riera (presumiblemente hermano de la Sra. Mercè Gironés), y que en junio de 2010 pasó a serlo el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, siendo poco más tarde declarada sociedad unipersonal, en octubre de 2010".

Y en paralelo, dice el informe, "también debe traerse a colación (por la coincidencia en cuanto a determinadas operaciones de Active Translation, y por la supuesta copropiedad real de los señores Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés), la mercantil Irigem 2012, que comenzó operaciones en fecha 6 de noviembre de 2012, domiciliada en Barcelona con objeto de compraventa, administración, explotación de valores mobiliarios con o sin cotización en mercados secundarios oficiales....".

Y pone el dedo en la llaga: "Le consta un capital suscrito y desembolsado de 7.653.125 euros tras una ampliación de 7.650.115 euros en enero de 2013. Desde su constitución es sociedad unipersonal y está administrada por la Sra. Mercè Gironés ".

El equipo de la Oficina Antifraude analiza el posible origen de esos 15,2 millones de euros canalizados a través de las ampliaciones de capital de Actiuve Translation e Irigem.

"Las [sociedades] mercantiles ya indicadas precedentemente Active Translation, SL e lrigem 2012, SL serían las sociedades, supuestamente copropiedad de los señores Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés, en las que se habría reinvertido el capital obtenido por la venta del Puerto del Rosario y el producto de otras inversiones inmobiliarias en Sudamérica de la familia Pujol, todo ello según la versión de la compareciente" [María Victoria Álvarez].

Tres de las sociedades referidas en el informe -Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing SA- figuran en la comisión rogatoria enviada por el juez Ruz a Andorra, sobre las que solicita información.

En el documento se apunta que la operación de compra de la gestora del Puerto del Rosario en 2006 tiene lugar en momentos en que en que tiene lugar otro negocio interesante.

"Coincide en el ámbito geográfico, temporal y en cuanto a origen de las inversiones, esta Dirección de Análisis ha constatado que hacia el año 2006 y en la misma zona de Rosario (Argentina) se produjeron dos concesiones de cas¡nos, el Casino Melincue y el Casino Santa Fe, de los que la mercantil lnverama, SA, domiciliada en calle Pere II de Moncada, 1 (Barcelona), representada por el Sr. Vicente Mascaraque y propiedad del Grupo Perelada (de la familia Suqué) sería copropietaria con un 25% del Casino Melincue y con un 33% del Casino Santa Fe. Datos que, por haber aflorado, deben ser puestos de manifiesto a los efectos meramente expositivos". La Oficina alude, con esta correlación, a las relaciones ya conocidas entre la familia Pujol y el empresario Arturo Suqué. 

El informe pasa revista a otras operaciones que ha denunciado Álvarez (construcción del Hotel Encanto, en Acapulco, México; actividades de otro de los miembros de la familia Pujol, Oleguer Pujol, quien según Álvarez "monta un fondo de capitales con el cual se llevan el dinero", por ejemplo), y deja constancia de algunas personas que han trabajado presuntamente en evasión de capitales, siempre según la versión de la ex novia.

 "El Sr. Herbert Arthur Joseph Rainford, quien desde su despacho profesional como letrado en Mount Street 128 de Londres, sede de la mercantil Braintridge Holdins Limited habría gestionado las evasiones decapitales que atribuye al Sr. Jordi Pujol Ferrusola y a su entorno familiar, por medio de la lsla de Guernsey (lnglaterra). Dicha mercantil Braintridge estaría inactiva desde abril de 2012. Figura también con un domicilio en la lsla de Jersey (43/45 La Motte Street, St. Helier). Según el documento núm. 7 aportado por la compareciente, en dicha mercantil constaría el Sr. Jordi Pujol Ferrusola desde 28 de abril de 2005 como inversor privado. Se mencionó también como persona presente en algún encuentro o gestión londinense al Sr. Rupert Galliers-Pratt, posiblemente presidente de la mercantil Vistula Comunications Services, Inc, y residenciada en Delaware (EEUU). Un integrante de la familia Sumarroca sería -según la Sra. Alvarez- socio del Sr. Jordi Pujol Ferrusola al cargo de una sociedad suya en Andorra, asícomo un museo o tienda de antigüedades".

Pero, sin duda, el informe subraya la operación de Puerto del Rosario.

 La Oficina propone una serie de diligencias y concluye que "en términos generales, la mayoría de los extremos han quedado indiciariamente corroborados, en el somero análisis y la apremiada obtención de datos y documentos efectuada por esta Dirección de Análisis. No obstante ello, también debe ponerse de relieve que prácticamente todos los datos e informaciones aportados ex novo, en realidad ya habrían sido objeto de divulgación o difusión en distintos medios de comunicación o, por otra parte, serían datos accesibles a terceros por fuentes abiertas de distinta índole".

Pero, también, expresa su cautela. "Sin perjuicio de la valoración que proceda oportunamente, la versión de la compareciente no resulta homogénea en el tiempo, además de que los extremos verosímiles que afloran a modo de corroboración periférica son datos e informaciones ya difundidos o accesibles a distintas fuentes abiertas, y que podrían concurrir motivos espurios en su declaración" [diferencias por el cobro de dinero en gestión de negocios fuera de España]

El documento, según se ha apuntado, describe otras operaciones, pero sin aportar más información que la reseñada por María Victoria Álvarez.

Y añade: "Para mayor esclarecimiento, sería de interés oir en declaración a Zulma Dinelli", entre otras personas. "Dinelli", añade el informe, "sería, según la compareciente, una responsable del Puerto de Rosario, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, quien mantuvo diversas reuniones con el Sr. Badía y el Sr. Pujol Ferrusola, a quien le habrían dicho que el dinero provenía "del Puerto de Tarragona y de varios ayuntamienfos", y que adquirieron TPR para "blanquearlo".

Otra examante de Jordi Pujol Jr. se une, pues, a María Victoria Álvarez en la revelación de pistas sobre sus actividades.