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El Gobierno ofrece a la oposición un pacto para reducir los aforados

Pedro Sánchez apoya la iniciativa y reclama eliminar los indultos “políticos”

Soraya Sáenz de Santamaría y de Jorge Fernández Díaz, este viernes.

El Gobierno ofreció ayer a los demás partidos un pacto en torno a la iniciativa adelantada en una entrevista en EL PAÍS por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reducir de 17.621 a 22 el número de aforados en España. Aunque sin querer entrar en las cifras, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro su respaldo y aseguró que el Ejecutivo lanza esta propuesta para debatirla con las restantes formaciones. “El Gobierno es partidario de abrir este debate de la reducción de aforados con los demás partidos como medida de regeneración democrática”, afirmó. El pacto resulta necesario, entre otras cosas, porque su aplicación requeriría una reforma constitucional y retocar casi todos los Estatutos de autonomía, cosas que el PP no puede hacer solo.

La vicepresidenta, sin embargo, no dijo que sea prioritario cambiar la Ley Fundamental solo por este asunto. Sí reconoció que en ello están de acuerdo todos los partidos, y así se ha visto en las reuniones que celebraron antes del verano. Sin embargo, el Gobierno recalca que no hay consenso para las otras reformas de la Constitución que están encima de la mesa, sobre todo la del modelo territorial que reclama el PSOE como solución, entre otras cosas, a la crisis catalana. Como es habitual cuando se habla de reformar la Constitución, Sáenz de Santamaría frenó en seco con el argumento de que no hay coincidencia. “El presidente está dispuesto a escuchar lo que se plantee para reformarla, pero falta una base de acuerdo”, sostuvo.

La vicepresidenta admitió que el asunto presenta una gran complejidad, porque habría que modificar la Ley Fundamental para eliminar el aforamiento de ministros, diputados y senadores, y los Estatutos de autonomía para suprimir el de los consejeros y parlamentarios de las comunidades. Con todo, mostró la voluntad política del Ejecutivo: “Somos conscientes de la dificultad de esta medida, pero creemos que es bueno este debate. Todos los grupos creemos que debemos hacer algo, reordenar este asunto. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos”.

Esta apuesta supone un importante giro del Gobierno y del PP, que llega tras los pésimos resultados que populares y socialistas obtuvieron en las elecciones europeas de mayo y la aparición de Podemos. Antes, el Ejecutivo se había negado a reducir el número de aforados e incluso lo había ampliado, al conceder protección jurídica especial a la princesa de Asturias, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. En los varios paquetes de regeneración democrática presentados desde que estalló el caso Bárcenas, nunca figuró la reducción de aforados.

La vicepresidenta rechaza un cambio constitucional de forma urgente

La medida cuenta, en cualquier caso, con mucho apoyo y el respaldo del PSOE, que ya la había planteado. El líder de este partido, Pedro Sánchez, dio la bienvenida a la propuesta del ministro de Justicia. Sánchez pidió incluso ir más lejos y acabar con los indultos “políticos”, mientras el Ejecutivo no plantea tocar la ley del indulto. Durante su visita a un comedor social en el madrileño distrito de Villaverde, Sánchez dijo que su partido estará “en todas aquellas medidas que impliquen limpieza, regeneración democrática y reducción de los privilegios que así son percibidos por la sociedad española”. Piensa impulsar en septiembre “una agenda radical de limpieza y regeneración democrática”.

Mientras, otras formaciones, como IU, pidieron inmediatamente la comparecencia de Gallardón en el Congreso para explicar su propuesta. Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de dicha formación, aseguró que “el Ejecutivo del PP toma esta iniciativa después de meses de presión social en este mismo sentido y tras las propuestas realizadas por distintas formaciones, entre ellas IU, para acabar con el actual régimen de aforamiento”.

En lo que no van a encontrar apenas apoyos el Gobierno y el PP es en la reforma de la ley electoral para facilitar que sea alcalde quien logre el 40% de los votos, con una prima que le daría automáticamente la mayoría absoluta. Esa es la propuesta que manejan los populares. La iniciativa, muy criticada por la oposición y rechazada de forma tajante por el PSOE, fue respaldada ayer de nuevo por el Gobierno. Sáenz de Santamaría dejó muy clara la intención de su partido de seguir adelante con ella, aunque sea en soledad. La vicepresidenta la enmarcó de nuevo en la regeneración democrática y sentenció: “Este debate no se plantea por cálculo electoral, sino para fortalecer la democracia”.

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