El monte ya no impone respeto

La conocida ruta del Cares, de 11 kilómetros a través de los Picos de Europa entre las localidades de Caín (León) y Poncebos (Asturias), es de dificultad media, según la web del Ministerio de Medio Ambiente. También advierte la página de que “discurre junto a un precipicio sin protección lateral” y que hay “peligro de caída de piedras”. El año pasado, un hombre decidió hacerla por la noche y en bicicleta; se accidentó y los servicios de rescate del Principado de Asturias le cobraron por el servicio de helicóptero medicalizado (a razón de 2.104 euros la hora). Es la única vez en los últimos dos años que el Gobierno asturiano ha cobrado la tasa por este tipo de rescates, que solo aplica cuando hay de por medio imprudencia o negligencia.

El auge de las actividades de montaña ha traído consigo un aumento de los accidentes en las últimas décadas (las intervenciones de la Guardia Civil se han multiplicado casi por tres desde 1990). La mayoría de ellos son protagonizados por excursionistas desavisados e inexpertos, explica el teniente Fernando Rivero, del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Por eso, cada vez que ocurre un suceso trágico en torno a uno de estos rescates —el domingo pasado fallecieron tres agentes del cuerpo al que pertenece Rivero durante el socorro de un deportista en León—, vuelve al primer plano el debate sobre la seguridad en la montaña y sobre la responsabilidad de turistas y deportistas —aunque estos últimos, así fue en el caso de León, suelen estar asegurados y bien pertrechados.

Esas tasas por rescate son una de las respuestas que han dado en los últimos años algunas comunidades: además de Asturias, son País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Canarias y Cantabria. Las tarifas se establecen por hora, en función de los medios movilizados: desde los 30 euros a la hora por un vehículo terrestre hasta los 2.000 aproximadamente por un helicóptero medicalizado, más el trabajo por agente y hora: entre 30 y 40 euros.

Pero se aplican poco, ya que tienen, sobre todo, “un carácter disuasorio, no recaudatorio”, dice José Luis Villaverde, director general de Justicia e Interior de Asturias. Además, es muy complicado demostrar la imprudencia o la negligencia. Por ejemplo, Castilla y León no la ha aplicado nunca, y las que más lo han hecho son Navarra y País Vasco: 10 cada una.

Una portavoz del Gobierno Navarro explica que, en su caso, se aprobó porque había muchas intervenciones que no tendrían que haberse producido en “situaciones normales y de mayor responsabilidad”. “Además, se observó que, cuando los rescatados eran entrevistados por los medios, no eran conscientes de lo que habían hecho y de lo que había supuesto su rescate, dando una sensación de haber tenido una aventura divertida”, añade.

“Tienen su parte positiva y negativa”, explica el teniente Rivero sobre esas tasas: “Por un lado, disuaden de llamar a los servicios de rescate cuando no es necesario, pero, por otro, es muy fácil que alguien retrase la llamada hasta el punto de que ya puede ser muy tarde”. En ningún caso pasan factura por sus intervenciones los grupos de rescate de la Guardia Civil (GREIM), que cuentan con 254 especialistas en 26 bases y que en muchas regiones comparten trabajo y se coordinan con los cuerpos autonómicos de socorro (estos son los que cobran, llegado el caso).

Las federaciones de deporte de montaña están en contra de los gravámenes por rescate, porque los consideran una injusticia comparativa y un copago que, además, no funciona. “Las políticas sancionadoras no sirven para nada; solo ofrecen (dudosos) resultados cortoplacistas”, escribe un portavoz de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Lluís Simó, de la Federación de Asociaciones de Excursionistas de Cataluña (la autonomía que empezó la política de tasas en 2009), aun estando radicalmente en contra, admite que “tienen un efecto de concienciación”. “Nosotros lo hemos notado”, añade.

Las estadísticas, sin embargo, dicen que los rescates de montaña en Cataluña han pasado de 416 en 2009 a 697 en 2013. Aunque también aumentaron en ese tiempo, pero menos, las actuaciones (gratuitas estas) del GREIM: de 779 a 892. Tanto Rivero como el director general de Prevención de la Generalitat, Ramón Parés, dicen que se debe, simplemente, al auge de las actividades de montaña. “Antes a la montaña solo iban la gente de los pueblos y los montañeros federados; ahora va todo el mundo”, dice Parés.

Los montañeros recuerdan, en todo caso, que el mayor gasto de este tipo de accidentes está en la hospitalización y en las bajas laborales, no en el rescate. Así lo confirma Rivero, que reclama estadísticas que unifiquen los datos dispersos de las comunidades —para poder tomar decisiones de mejora— y campañas de concienciación de ámbito estatal, ya que la mayoría de percances los sufren visitantes de fuera de cada autonomía. “Las mismas Administraciones que atraen a los visitantes con publicaciones que no tratan sobre los riesgos proponen cobrar el rescate a quienes se accidentan si han sido imprudentes, justificándose en muchas ocasiones en la eficacia preventiva del temor al pago. Pero la solución no está en la intimidación, sino en la formación y la información”, concluyó en un comunicado de 2012 la FEDME.