El secreto bancario se tambalea

La lucrativa industria financiera de los paraísos fiscales está viviendo una suerte de reconversión industrial para esquivar el cerco al que la están sometiendo los países desarrollados. La crisis financiera internacional que asoló la economía mundial en 2008 desató una cruzada contra los centros offshore, término que define en la jerga de las finanzas a los limbos fiscales. “La época del secreto bancario se ha terminado”, manifestó el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, en la cumbre del G20 en 2009 donde se adoptaron las primeras decisiones conjuntas, aunque insuficientes, contra estos territorios que ofrecen ventajas tributarias y, sobre todo, protegen a sus clientes a través del velo del secreto bancario. Los avances impulsados por la OCDE y el G20 desde entonces han sido parsimoniosos, pero en el último año han acelerado el paso para combatir la opacidad de estos centros.

Como reflejo de estos progresos está la creciente colaboración de Suiza, Andorra, Gibraltar o Luxemburgo en el intercambio de información sobre supuestos casos de corrupción en España, como los de la red Gürtel, Bárcenas o el fraude confeso de la familia Pujol. El país helvético, incluso, remitió de oficio datos sobre las cuentas secretas que el exconsejero madrileño y exsenador Francisco Granados mantenía en Ginebra. “Gibraltar, Andorra o Suiza han aumentado la colaboración, pero más por la presión mediática que por convencimiento”, explica José María Peláez, miembro de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Este alto funcionario de la Agencia Tributaria precisa que, cuando hay una comisión rogatoria [procedimiento de auxilio judicial entre dos Estados] de un juez español a uno de estos países por un caso de narcotráfico o mafia, no suelen darse problemas. “Los inconvenientes surgen cuando se trata de casos de corrupción si se alega fraude fiscal”, indica.

En cualquier caso, en los últimos meses se han hecho progresos para combatir la opacidad de las jurisdicciones offshore. En abril pasado, Austria y Luxemburgo firmaron el convenio de acceso automático a información tributaria entre países de la UE, iniciativa que llevaba paralizada seis años. “Esto no significa que se vayan a producir expediciones de pesca”, término con que en el fisco denominan a la barra libre de datos tributarios de ciudadanos españoles en otro país, advierte Peláez, quien se muestra cauto ante estos avances.

El pasado mayo, Suiza firmó junto a otros 47 países un acuerdo de intercambio de información automática siguiendo el nuevo modelo impulsado por la OCDE. “Esto supone el fin del abuso del secreto bancario a efectos fiscales. Significa que los Gobiernos pueden realmente determinar el impuesto adecuado para las personas que pensaban que podrían esconderse en otras jurisdicciones”, proclamó entonces Pascal Saint-Amans, el responsable de impuestos de la OCDE. Si todos los países que suscribieron el pacto cumplen con lo acordado, el secreto bancario tiene fecha de caducidad: 2017. Pero estas naciones cuya economía depende del secreto bancario saben que las comisiones rogatorias cursadas por jueces españoles para obtener datos fiscales de algunos de sus clientes están dañando el corazón de su negocio.

Desde el verano de 2009, Suiza ha recibido y contestado más de 40 peticiones para indagar en el desvío de dinero de la red Gürtel, que ha derivado en el encarcelamiento del extesorero del PP Luis Bárcenas. Gracias a esa información se ha podido saber que Bárcenas era un cliente preferente de la banca privada Lombard Odier y del Dresdner Bank, donde llegó a amasar una fortuna de 47 millones de euros oculta al fisco español.

Las resistencias a perder una buena parte de su PIB cimentado en la banca privada siguen obstaculizando la investigación. A las habituales maniobras de los despachos de abogados para impedir el acceso a esa información o retrasar su entrega a España, se sumó, hace dos meses, la decisión del Tribunal Penal Federal Suizo de dejar en suspenso la autorización que previamente había otorgado a la Audiencia Nacional española para que utilizase los datos bancarios de Bárcenas.

En Andorra, la investigación abierta por blanqueo de capitales contra el primogénito del matrimonio Pujol-Ferrusola y la herencia paterna del expresidente de la Generalitat también ha abierto otra fisura en el hasta ahora bien guardado secreto bancario.