Instituciones poco accesibles

En España no se facilitan datos sobre los indultos que otorga el Gobierno, ni hay un registro que especifique qué hospital tiene las listas de espera más largas, ni qué colegio público logra mejores resultados en selectividad. Son datos que existen, se pueden facilitar y harían más transparente a la Administración —y mucho más cercana al ciudadano—. Son tan importantes como los listados de coches oficiales o las declaraciones de la renta de los cargos públicos. Al menos eso piensan organizaciones ciudadanas como Civio o Acces Info, que trabajan para que exista “una transparencia real y un libre acceso a los datos públicos por parte de cualquier ciudadano u organización”.

Javier de Vega, portavoz de Civio, reclama extender “la cultura de preguntar” para forzar un cambio real en la forma en que la Administración trata a los administrados. “El derecho a conocer empieza con el deber de formular las cuestiones”, dice. A través de la plataforma Tuderechoasaber.es, creada por ambas organizaciones y que canaliza hacia los poderes públicos peticiones de cualquier ciudadano, han constatado que el silencio administrativo es la norma. “Hasta un 81% de solicitudes de información a entidades locales no recibió ningún tipo de respuesta en 2013, y eso que la mayoría de las preguntas eran tan inocentes como ¿por qué no recogen la basura en mi barrio?”.

España presentaba hasta el año pasado el poco honroso registro de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia. Fue así hasta que el pasado 10 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la norma que supuestamente va a provocar la apertura de puertas y ventanas. El grueso de sus disposiciones, sin embargo, entrarán en vigor en enero de 2015 y algunas de ellas, las que comprometen a comunidades autónomas y Ayuntamientos, en 2016. Pero, a cuatro meses de que termine el año, no se han desarrollado herramientas básicas para su aplicación, como el nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia, el organismo que velará por que se cumpla la normativa. “Sin una voluntad política clara, la ley quedará en un conjunto de medidas cosméticas”, lamenta el portavoz de Civio, quien considera el texto promulgado “claramente insuficiente”. El Gobierno responde que su designación “se producirá una vez sea aprobado el Estatuto del órgano y, en todo caso, con antelación suficiente para que pueda comenzar a desarrollar sus funciones una vez entre en vigor la ley”.

Access Info Europe, organización dedicada a proteger el derecho de acceso a la información en Europa, enfatiza que el desarrollo reglamentario está siendo lento. “La norma supone un avance, porque vamos a tener acceso a datos que antes estaban vetados, pero quedan muchas cuestiones por resolver. Por ejemplo, ¿podremos tener acceso a informes y comunicaciones internas que afectan a cómo se toman las decisiones? La ley no lo aclara. Tampoco podremos acceder a información del Consejo de Ministros”, explica su analista Victoria Anderica. La norma impone límites amplios del derecho al acceso a la información, como “los intereses económicos y comerciales” del país o “la política económica y monetaria”, conceptos que pueden servir de paraguas para rechazar todo tipo de preguntas. Tampoco contempla de forma clara un régimen de sanciones y establece el silencio administrativo negativo. En cuanto a su aplicación el Gobierno redacta el reglamento que la desarrollará a la vez que crea un portar web “en la idea de que sean tratados todos los aspectos imprescindibles para su correcta puesta en marcha”, asegura un portavoz de Vicepresidencia.

Aunque más allá de la ley, algunas instituciones y Administraciones están intentando ir por delante. El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, destaca el ejemplo del portal del Consejo General del Poder Judicial, o el de la Casa del Rey, por mostrar a los ciudadanos qué hacen y cómo. Aunque en el segundo caso se eche de menos un mayor detalle de los gastos.