Corrupción S. A.

Los grandes fraudes implican a empresas de todos los tamaños La CEOE cree que lo que ocurre no es más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad

A la hora de dictar una sentencia, además de aplicar las leyes, los jueces tienen en cuenta las llamadas “reglas de experiencia”, que no es más que trasladar el sentido común al derecho. Así, parece lógico que una persona que debe un dinero a una banda de narcos y que es encontrada por la policía en el maletero del coche de sus acreedores, no se ha metido allí voluntariamente. Otra regla indica que los asesinos intentan en lo posible que no haya testigos de sus crímenes.

Estos ejemplos figuran en distintas sentencias recientes del Tribunal Supremo. Una norma de lógica evidente, sin embargo, no ha llegado aún a la jurisprudencia. Es la siguiente: cuando algún cargo público cobra un soborno, por fuerza alguien le ha tenido que pagar. El protagonismo en las causas de corrupción se ha centrado casi siempre en los responsables políticos y ha orillado muchas veces a las personas, por lo general empresarios, que pagaron cantidades por verse favorecidos en sus intereses. Muchas veces, los empresarios se presentan a sí mismos como víctimas de una extorsión por la que se ven obligados a pasar si quieren hacer negocios. Sin embargo, el cohecho les permite situarse en una posición de ventaja frente a los competidores que deciden no pagar bajo cuerda, con la consiguiente alteración de las condiciones del mercado.

La propia sentencia del caso Malaya, que condenó a una decena larga de empresarios y testaferros que quisieron hacer fortuna en Marbella, rechaza todo victimismo de quienes sobornaban a los políticos. “La situación a que finalmente se vieron abocados los empresarios fue propiciada por ellos, pues conocedores de la existencia de un Plan General Urbanístico, se dejan embaucar por cantos de sirena y, guiados por un desmedido afán de lucro, aceptan regir su operación inmobiliaria por un plan parcial inexistente”. Ellos mismos se situaron, según el juez, “voluntariamente en esa difícil posición de tener que aceptar las exigencias del señor Roca”, el cerebro de la trama.

¿Tiene España una clase empresarial especialmente corrupta? “No lo creo, el nivel es el mismo que hay en el resto de la sociedad porque los empresarios somos un reflejo de ella”. El que responde es Juan Rosell, presidente de la CEOE que ha visto cómo ese cáncer ha restado muchos puntos a la imagen de su propia organización tras la encarcelación de su expresidente, Gerardo Díaz Ferrán, por el caso Marsans. “Con la corrupción tenemos que tener tolerancia cero, o menos que cero, que quien la haga, la pague. Para combatirla necesitamos una legislación clara y estricta, de modo que a la persona que cometa un delito le salga muy caro. Los delitos deberían estar suficientemente penados”, dice. Y apunta hacia uno de los principales puntos débiles del sistema: la lentitud de la justicia. “Bernard Madoff fue detenido en 2008 [por una estafa piramidal que sacudió Wall Street] y condenado un año después. Aquí entre que un caso se destapa, se investiga y se juzga pueden pasar muchísimos años”.

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Los empresarios corruptores son muy escurridizos. En el caso de los ERE de Andalucía la lista de empresarios imputados ronda la veintena de los 201 señalados por la juez Mercedes Alaya, y al margen de otros siete aforados. En el caso Bárcenas, pieza separada de Gürtel, que investiga la financiación irregular del PP, ninguno de los supuestos sobornos de empresas que el extesorero anotaba minuciosamente en su cuaderno han quedado acreditados, pese a que sí se ha demostrado, a través de testigos, la veracidad de otros 55 apuntes. Todos ellos, entregas de dinero negro realizadas por Luis Bárcenas a terceros, pero nunca los pagos que realmente nutrían esa caja b.

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Aunque no hay que irse a los grandes sumarios para constatar que los juzgados investigan cientos de corruptelas que anidan en el ámbito más próximo a los ciudadanos y que son igualmente dañinas. Una de las más extensas es la trama empresarial montada en Galicia alrededor del grupo Vendex para captar contratos en los principales Ayuntamientos de la comunidad. Según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, su modo de actuar era similar al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”. Por mordidas de 1.000 euros y hasta menos tenían a su servicio, según la investigación, a una larga lista de empleados municipales y políticos que facilitaban el amaño de concursos públicos. Y no se reprimían a la hora de hablar por teléfono de ello. No siempre las pruebas son tan claras. Bárcenas explicó así al juez un supuesto pago de una constructora al partido: “Fue una conversación [...] sutil, en el sentido de: ayúdanos en la campaña, también nosotros os estamos ayudando en este tema. Yo creo que fue más de ese tono. No sabía si se pedía una comisión o no se pedía una comisión”.

Los 17 pagadores de Pujol

El caso de supuesta corrupción que afecta a Jordi Pujol Ferrusola implica también a un total de 17 sociedades que supuestamente pagaron al hijo mayor del expresidente catalán alrededor de ocho millones de euros por servicios ficticios. Estas empresas, en su mayor parte constructoras y consultoras de ingeniería y obra pública, abonaron diferentes cantidades al entramado de sociedades del primogénito de Pujol y de su exposa, Mercé Gironés, por supuestos asesoramientos en operaciones inmobiliarias. La policía, por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, interrogó a los gerentes de 11 de estas empresas. La mayoría no supo justificar el precio pagado por los servicios de Pujol Ferrusola ni tenía documento alguno que probara que las empresas del hijo del expresidente de la Generalitat realizara efectivamente los trabajos. Las cantidades cobradas por Pujol Ferrusola oscilan entre el 1% y el 3% de las operaciones inmobiliarias a las que están vinculadas. La policía tiene claro que se trata de un “ejercicio de simulación para la percepción de comisiones ilegales basadas en falsas relaciones comerciales”.

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