Basta ya

Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.

Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.

Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.

Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido.

En mi opinión, el asunto tiene tal gravedad que exigiría que los partidos de la oposición se negaran a participar en el simulacro de negociación que está ofertando el Gobierno. Los partidos deberían anunciar que renuncian a participar en la tramitación parlamentaria de la reforma. Rechazo frontal al proyecto o proposición de ley en el momento en que se deposite en el Registro del Congreso. Y nada más. Ni presentación de enmiendas, ni participación en el debate en comisión y en pleno, así como en la votación. Los partidos de la oposición no deben dar cobertura parlamentaria a lo que es una quiebra del consenso constitucional.

Lo que está en juego es la expresión del principio de legitimación democrática del poder, que se pretende alterar por primera vez desde la recuperación de la democracia tras la muerte del general Franco. Es un momento para decir BASTA YA.