Una ciudadanía abatida que reclama una explicación sobre la crisis

Los españoles están encarando el ya octavo año de crisis económica con sostenida entereza y serenidad (lo cual, comparativamente hablando, supone un fenómeno llamativo: basta con levantar levemente la cabeza por encima de nuestras fronteras). Entre nosotros, ni ha aumentado —como en su día se pronosticó— la delincuencia (de hecho, más bien ha disminuido), ni se ha desplomado la solidaridad (en realidad, y a pesar del empeoramiento generalizado de las condiciones de vida, ha aumentado), ni han florecido movimientos antisistema, xenófobos o racistas, ni se ha mellado (más bien se ha consolidado) la convicción de que el sistema democrático que tenemos es el que mejor puede asegurar la convivencia en paz y libertad, por lo que debe ser reajustado periódicamente a la realidad circundante para mejor garantizar su pervivencia.

Pero la moneda tiene otra cara, amarga: la ciudadanía tiende a mostrar un tono vital cada vez más marcado por el cansancio, el abatimiento y la desesperanza. Lleva ya demasiado tiempo sintiéndose desatendida en dos reclamaciones que considera básicas y urgentes: una explicación clara (y, con ella, una salida justa) de la crisis económica y una regeneración, a fondo, de nuestra vida pública.

Es cierto que la economía —en sus grandes magnitudes— está empezando a dar señales de recuperación. Pero ocurre que el ciudadano medio se resiste a concederles credibilidad. Receloso y escéptico, sigue pensando que aún le esperan muchos años de elevado desempleo y, consiguientemente, de incertidumbre vital. Como oficialmente nadie le ha explicado, hasta ahora, de forma clara y convincente por qué estamos como estamos, duda entre percibir la crisis como una especie de plaga bíblica, tan imprevisible como inevitable, o como resultado de la incompetencia —o incontrolada codicia— de un alguien que permanece tan inconcreto como impune. Lo que en todo caso sí sabe con certeza es que es a él a quien le está tocando básicamente pagar las consecuencias. Pero en este tema, en el que el Gobierno —este y el anterior— ha renunciado a cualquier esfuerzo de pedagogía creíble, ha optado finalmente por no fiarse de nadie. Y por tanto se resiste a apuntar en el haber de los actuales gobernantes mérito alguno por las mejoras que se anuncian.

En cuanto a la regeneración de la vida pública, los españoles llevan ya años reclamándola. No piden la luna, sino cosas obvias y compartidas de forma prácticamente unánime (de ahí que las utilicen como bandera movimientos que, en otros países, tenderían más bien a retóricas y argumentaciones directamente antisistema). Lo que, ante todo y sobre todo, pide la ciudadanía es una reforma de la Constitución: ha envejecido en exceso por falta de cuidados y necesita una ITV urgente que le permita (como hizo en 1978, pero ya no hace hoy) encauzar problemas tan graves y urgentes como la adecuada articulación territorial del país. El modelo autonómico, reconocidamente exitoso durante dos decenios, lleva ya unos años en abierta crisis. Quizá sea hora —dicen los españoles en algunos sondeos— de replantearse el “café para todos” originario y hacer posible que cada región tenga el nivel competencial que desee y se considere en condiciones de asumir. Y, por cierto y contra lo que suele oírse, los datos disponibles indican que existe una clara mayoría favorable a un arreglo especial para el caso de Cataluña que le permita seguir formando parte de España.

Además, se reclama a los actores públicos más arrojo y menos melindres a la hora de afrontar los casos de corrupción que salpican a prácticamente todos los partidos que gobiernan o han gobernado. En este triste tema no existe oasis alguno. Pero ojo: que exista corrupción no equivale, para los españoles, a que este sea un país corrupto. Lo que les produce perplejidad e irritación es que tanto sinvergüenza —y a todo lo largo y ancho del arco ideológico— haya podido actuar durante años y años tan inadvertida como impunemente.

Y, por terminar un recuento de exigencias que cada día se hace más amplio, lo que se demanda a partidos y políticos es mayor cercanía y conexión con el sentir ciudadano: que abandonen su autista modo de funcionar de estos últimos años; que sean capaces de formular, de cara al inmediato futuro, un proyecto colectivo —“una cierta idea de España”, por decirlo con frase famosa— que aclare el lugar al que aspiramos en el mundo actual; que tengan el arrojo de dialogar abierta y sinceramente sobre los problemas identitarios existentes (que son reales y no ocurrencias pasajeras de unos cuantos), y que lo hagan desde el respeto, el pacto y la transacción, valores —tan añorados— de la Transición.

Deprimidos como gradualmente se van sintiendo, los españoles siguen sin embargo creyendo, y masivamente (75%), que en conjunto y en líneas generales son gente seria y decente. Pero al mismo tiempo, y mayoritariamente (58%), no creen que el país sea ahora serio, responsable y de fiar. Inquietante doble dictamen: lo que diferencia a “la gente” de “el país” es que este segundo concepto incluye tanto a los ciudadanos como a las instituciones. Y esta es la pista decisiva, como veremos, para entender el latido bifurcado del actual pulso de España: una sociedad ahora desestabilizada por la sensación de que las personas pueden ser de fiar, pero no muchas de las instituciones a las que corresponde vertebrar y dirigir su convivencia.

José Juan Toharia es sociólogo y presidente de Metroscopia.