El muerto sigue en el armario

A confesión de parte, ¿relevo de pruebas?

No, al menos no en derecho penal. Porque la admisión de unos hechos puede encubrir a otros autores de un hecho delictivo. Y el interés público, huelga decirlo, es conocer toda la verdad, la conducta de todos los autores y sancionarlos.

Acorralados algunos de sus hijos por procedimientos judiciales y hechos públicos ciertos movimientos millonarios en sus cuentas bancarias de Andorra, Jordi Pujol se ha encontrado como el protagonista de una película de cine negro, donde circulan amantes con buena información y ciertos abogados cambian de entidad llevándose copia de expedientes financieros sensibles.

Su presunta confesión, la ocultación durante treinta y cuatro años de la herencia que dejó su padre, Florenci Pujol Brugat, a su nuera, Marta Ferrusola, y a los siete hijos del matrimonio Pujol, intenta presentar el caso como una irregularidad administrativa. Una infracción tributaria.

El propio Pujol destaca lo que pretende: aclarar el "origen de los medios económicos" de su familia. Y es en relación a este origen, y sólo a él, esto es, la herencia de su padre, a su decisión de sustraerla a Hacienda y de sus consecuencias, según aclara, de lo que Pujol se considera el "único responsable... con mi compromiso absoluto de comparecer ante las autoridades tributarias, o, si procede, ante instancias judiciales, para acreditar estos hechos y de esta manera acabar con las insinuaciones y los comentarios".

En efecto, "procede" que comparezca ante "instancias judiciales".

En otras palabras, la Fiscalía Anticorrupción, habida cuenta de los procedimientos ya en curso que esta fiscalía impulsa contra otros miembros de la familia Pujol, debería abrir un procedimiento penal e imputar a Jordi Pujol para conectar todos los datos: el origen de la fortuna y su evolución en estos treinta y cuatro años. 

¿Es esta presunta herencia lo que podríamos llamar el capital inicial con el que comenzó a operar la familia en negocios variopintos donde la política y el poder forman casi siempre el hilo conductor? ¿Y de dónde viene dicho capital inicial?

Cuando Pujol decidió, en 1980, mantener oculto el patrimonio "de su padre", era consciente de lo que hacía. Merece la pena recordar que el delito fiscal acababa, en 1977, de ser introducido en el Código Penal de este país con la reforma fiscal del flamante regimen democrático.

Lo que parece querer decir Pujol con su comunicado es que una cosa es la infracción tributaria que él haya podido cometer y otra los negocios de sus hijos.

Pero es necesario que esto lo aclare ante las preguntas de un juez y un fiscal que puedan tomarle declaración con todos su derechos. En calidad de imputado.

La confesión súbita de Pujol ha supuesto un viraje radical de la estrategia negacionista y víctimista mantenida hasta el presente, donde él y sus conmilitones seguían calificando cualquier información o dudas sobre los negocios de su familia como un ataque por elevación a Catañuña.

Fue él precisamente quien en un acto celebrado en Granollers. el 17 de noviembre de 2012, durante la campaña electoral de las autonómicas del 28 de noviembre de 2012 (foto que abre este blog) evocó la historia de Banca Catalana de 1984-86 a raíz de las informaciones policiales sobre sus cuentas bancarias en paraísos fiscales.

"Esta historia ya la conocemos, y yo personalmente mejor que nadie", dijo en el mitín al que acudió por sorpresa en companía de su esposa, Marta Ferrusola.

Y la verdad, todo hay que decirlo, es que este victimismo le funcionó muy bien durante estos treinta y cuatro años. 

En realidad, no sólo no fue objeto de una persecución sino todo lo contrario: obtuvo, sea por la necesidad de contar con los apoyos de CiU como representación de Cataluña o por su papel arbitral en el parlamento español, una cierta protección. Un escudo.

Es decir: la inmunidad.

 La intensa presión político-judicial le libró en 1986, durante el gobierno de Felipe González, de la querella presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, a raíz de l escándalo financiero de la quiebra de Banca Catalana. La Audiencia Territorial de Barcelona exculpó a Pujol por amplia mayoría. Ahora bien, agujeros en ese banco, haberlos haylos. ¿Qué pasó con una parte del dinero?

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, en línea con el criterio mayoritario de la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, ordenó al fiscal de la Audiencia de Barcelona abstenerse de interponer recurso contra el auto de la citada Audiencia. Según explicó, en lugar de procesar a Pujol como hizo Jiménez Villarejo habría sido preferible asegurar el procesamiento de varios directivos de Banca Catalana y avanzar hacia responsabilidades más elevadas. 

 En 1995, cuando Jiménez Villarejo se trasladó de Barcelona a Madrid para ocupar la nueva Fiscalía Anticorrupción, su número dos en el Tribunal Superior de Cataluña, José María Mena, tuvo que pasar por un periodo de espera de casi seis meses, entre enero y junio de 1996, hasta ser nombrado en su lugar.

 Pero para aquellos que lo hayan olvidado, no fue el Gobierno socialista el que se "atrevió" -sí, había que atreverse- a aprobar la candidatura de Mena votada por el Consejo Fiscal (casi por unanimidad, con u voto en contra, y sin rival), porque era percibida como un acto de agresión contra Pujol y contra Convergencia i Unió.

 Habían pasado diez años desde el archivo de la causa de Banca Catalana, pero el nombre de Mena estaba muy fresco en el Palau de la Generalitat y en el cuartel general de CiU. Fue el ejecutivo de José María Aznar quien le nombró. Para sorpresa personal de Mena y de buena parte de la carrera fiscal. 

 Pujol actuaba con plena conciencia de su capacidad de presión.

En diciembre de 2010, en un debate con Felipe González, convocado por EL PAÍS, Pujol recordó que CiU "salvó a Zapatero. Evitó el rescate", en referencia al plan de ajuste aprobado en el Parlamento el 12 de mayo de 2010. Un mes más tarde, a final de junio, el Tribunal Constitucional falló, según Pujol, vejatoriamente contra Cataluña.

La referencia a "salvar" a Zapatero no deja de tener interés.

En 2010, la Fiscalía Anticorrupción inició una acción penal en la Audiencia Nacional contra Artur Mas Bernat, padre de Artur Mas, candidato a president de la Generalitat. La investigación se basó en datos vendidos en 2008 por el ejecutivo del LGT Bank de Liechtenstein Heinrich Kieber a diversos gobiernos europeos. En la lista española estaba Artur Mas Barnet. Y en las cuentas del banco figuraban los nombres de los hijos de Mas Barnet y el de su esposa, con sus carnés de identidad, como ‘beneficiarios’ de un depósito oculto. Sin embargo, la Fiscalía no incluyó en el procedimiento a los familiares de Mas Barnet por estimar que el dinero era del padre y que los beneficiarios no tenían por qué conocer sus movimientos.

El 17 de noviembre de 2010, once días antes de las elecciones autonómicas, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa por prescripción del delito, petición que le fue concedida por el juez Santiago Pedraz. Las elecciones del 28 de noviembre de 2010 las ganó CiU y Mas fue investido president.

Por tanto, si la quiebra de la inmunidad actualmente en curso ha de asegurarse es pertinente tomar la "oferta" de Pujol de comparecer ante la justicia, "si procede", como una oportunidad para arrojar luz sobre todo el entramado, la herencia y los negocios.

Pues eso, sacar el muerto que sigue en el armario.