Unos 700 abogados de oficio protestan contra la precarización del sector

Con togas negras, como cuando van a los tribunales, pero esta vez han salido a las calles. Más de 700 abogados de oficio de los 83 colegios de España han protestado este jueves en Madrid contra la "precarización" de la justicia gratuita. El gremio pide al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que retire del Congreso el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que reemplazará a la legislación vigente desde 1996, porque "perjudica" tanto a los ciudadanos como a los letrados. Son 42.500 los adscritos en todo el país y, según ellos, cobran —de media— dos euros por hora.

Sobre un tramo de la calzada del paseo de Recoletos, donde se encuentra la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), se escuchaban las consignas de los abogados: "Gallardón, dimisión" o "Gallardón a su casa, no a las tasas". Así rechazaron que en el proyecto se le pongan "trabas" a los ciudadanos para acceder a los servicios. Cuestionan, por ejemplo, que, si el letrado pierde un juicio, su defendido deba ratificar ante un secretario judicial si desea recurrir la sentencia. El abogado no podrá hacerlo automáticamente, en nombre del usuario. Menos servicios, menos dinero. El ministerio ha adelantado, sin embargo, que no cederá y mantendrá este punto.

Los letrados se concentraron en el bulevar central del paseo, algunos debajo de las carpas que habían instalado para ofrecer información a los ciudadanos que así lo quisieran. Desde allí protestaron, además, por la "insuficiente dotación económica" para ejercer la actividad. Según el CGAE, el dinero destinado a la justicia gratuita se ha reducido en 43 millones de euros en los últimos cuatro años, al pasar de 266 millones en 2009 a 223 millones en 2013, lo que repercute en lo que cobran. Un estudio del gremio señala que cada abogado recibe, de media, 2 euros por hora y 125 euros por expediente. "La justicia requiere tener los medios necesarios y no caer en el voluntarismo porque así no funcionan bien las cosas", dijo, indignado, Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona.

Gallardón les recordó, sin embargo, que, "a diferencia de otros países", los abogados colegiados no están obligados a prestar el servicio. "Se apuntan voluntariamente", dijo durante una entrevista en Radio Nacional de España. Pero para el presidente del CGAE, Carlos Carnicer Díez, el proyecto intenta "privatizar o funcionarizar" el sistema; preguntó, por ejemplo, a dónde ha ido a parar la recaudación generada por las tasas. Recordó que, según el Gobierno, el dinero se destinaría a la financiación de la justicia gratuita, pero no ha sido así.

Es verdad que, como consecuencia de la crisis económica, no hemos subido esos baremos en los últimos años, pero creo que todos tenemos que ser solidarios con esa situación Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

Los letrados también afirman que sufren retrasos de meses en la percepción del salario; hay colegios que llevan esperando los pagos hasta un año o más. Cuestionan que en el proyecto no se incluya la atención gratuita antes del proceso judicial. Para Gallardón, sin embargo, los abogados no están en contra de lo que dice la ley, sino "de que no se haya introducido un aumento de sus retribuciones". El incremento de los baremos, añadió el ministro, depende de las comunidades autónomas que tienen la competencia, en unos casos; en otros, depende del Ministerio de Justicia. "Es verdad que, como consecuencia de la crisis económica, no hemos subido esos baremos en los últimos años, pero creo que todos tenemos que ser solidarios con esa situación". Así zanjó que, "en estos momentos", no es posible un incremento.  

Otro de los puntos que el gremio cuestiona es que se pueda nombrar un abogado de oficio de una ciudad distinta de la del usuario. "En la práctica, la medida va a beneficiar a los estudios más grandes y que tienen letrados en distintas partes del país", opina Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Málaga y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo de la Abogacía. 

Al final, después de recorrer un tramo del paseo hasta llegar a la plaza de Cibeles, los decanos y miembros de las juntas de gobierno de los 83 colegios firmaron un manifiesto, que fue enviado al Gobierno y al Congreso de los Diputados, donde el proyecto se encuentra en la fase de enmiendas. Algunos se quitaron las togas y se marcharon.