Miles de personas se concentran en defensa del derecho a la huelga

Miles de personas se han concentrado hoy martes en la Plaza de Callao (Madrid) en defensa del derecho a la huelga, según han informado los convocantes, CC OO y UGT, que han expresado su apoyo a los 260 encausados para los que el Ministerio Fiscal ha pedido, sumando las condenas, 120 años de cárcel por disturbios, pintadas, enfrentamientos con la policía y otras acciones ocurridas en el transcurso de las huelgas generales.

"Estamos aquí porque la huelga no es un delito, es un derecho que quieren arrebatarnos por la vía de meter miedo utilizando el Código Penal", ha dicho el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. 

El líder sindical de UGT, Cándido Méndez, ha insistido en que la huelga en España es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y que "tratar de amputar el ejercicio de este derecho no solo afecta a la libertad sindical, sino al propio contenido de la Constitución española".

Ambas centrales han denunciado en un comunicado la existencia de una campaña de "acoso y derribo" contra el sindicalismo y quienes ejercen el derecho a huelga. Han recordado, además, que ninguno de los procesados actuó de manera violenta.

A juicio de los sindicatos, la democracia está en peligro y el Gobierno quiere acabar con este derecho "porque no se atreve a aprobar una ley restrictiva de huelga". "Esto no es tolerable, no hicimos un viaje de 35 años por la democracia para ahora perder derechos que han costado sacrificios y años de cárcel", ha dicho Fernández Toxo ante los trabajadores asistentes al acto. Muchos de ellos trabajan en empresas en conflicto, como Coca-Cola o Airbus.

Diputados y concejales de Izquierda Unida se han sumado a la concentración en el centro de Madrid. Méndez ha exigido que, de forma urgente, se paralicen las amenazas de prisión inminente que hay en la actualidad para cientos de sindicalistas. El líder de UGT ha recordado que los sindicatos ya se han dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para denunciar la ofensiva y reclamar el fin de la criminalización al sindicalismo.