Rosa Díez admite que suscribió el fondo de pensiones vinculado a la sicav

La líder de UPyD, Rosa Díez, contó durante más de dos años con un fondo voluntario de pensiones firmado con el Parlamento Europeo y que actuaba a través de una sicav localizada en Luxemburgo. Una fórmula que le ha costado el cargo a Willy Meyer, el cabeza de lista de IU en los comicios comunitarios del pasado 25-M, que ha dimitido este miércoles. La formación ha explicado que la exeurodiputada socialista no rubricó —"porque entonces no le interesó"— este plan de pensiones durante la primera legislatura que ocupó un escaño en Estrasburgo, entre 1999 y 2004; pero ha reconocido que sí lo hizo en su segunda etapa, entre 2004 y mediados de 2007. "Lo firmó sin saber qué hacía el Parlamento Europeo con él", ha remachado el partido magenta. También la eurodiputada Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, ha admitido su participación en el fondo, del que ha solicitado darse de baja.

UPyD concurrió a las pasadas elecciones generales con un programa que contemplaba en su punto 79 la "eliminación de los privilegios fiscales concedidos a las sicavs". "Pero no la supresión de estas", ha aclarado este miércoles el partido, que ha anunciado que presentará ahora en la Eurocámara una propuesta para "eliminar este tipo de fondo de pensiones y crear unos nuevos". La propia Rosa Díez ha añadido este miércoles que ha instado a su representante en Estrasburgo a pedir explicaciones al Hemiciclo y a exigir que se regulen. La actual parlamentaria española ejerció durante siete años como eurodiputada del PSOE, hasta que en 2007 abandonó el partido y fundó a los pocos meses la formación que ahora lidera.

Además de la portavoz de UPyD, los candidatos del PP y PSOE a las elecciones europeas también contaron con este fondo de pensiones. Arias Cañete (PP) fue administrador de la sicav y Elena Valenciano (PSOE) admitió que firmó uno con la Eurocámara. Valenciano ha solicitado darse de baja del mismo, según han informado a Europa Press fuentes socialistas. La eurodiputada socialista alega también que desconocía la vinculación del fondo con la sicav, con el que contaba desde 1999.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que tiene declarado en el Congreso desde 2010 el fondo de pensiones que firmó cuando era eurodiputado y que, en su opinión, no tiene "ningún misterio". Montoro ha sido preguntado sobre la cuestión y ha explicado que en esa declaración incluyó las aportaciones realizadas durante los tres años y diez meses en los que fue eurodiputado.

Se está sobredimensionando este asunto Valeriano Gómez, portavoz de Economía del PSOE

El ministro ha subrayado que lo importante es que las aportaciones a ese fondo se hayan declarado en los ejercicios correspondientes. "Eso es lo que da normalidad, como cualquier otro fondo de pensiones", ha insistido el ministro.

El Parlamento de Estrasburgo ha defendido la fórmula utilizada. "Es absolutamente legal", ha subrayado la UE en un comunicado, donde incide en que todas las prestaciones obtenidas deben declararse y se encuentran sujetas a tributación nacional.

Antes de ello, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, había señalado que la UE debería dar "una explicación" sobre estos fondos de pensiones, aunque ha destacado que no ve "nada ilegal ni nada reprobable desde el punto de vista moral". "Se está sobredimensionando la trascendencia de este asunto", había recalcado.

"La fórmula escogida fue decidida por la entidad gestora del mismo, en el momento de su fundación el 3 de marzo de 1994. La sociedad se crea en Luxemburgo por estar allí la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, donde se gestionan los fondos financieros de la institución", ha añadido la Eurocámara. Esta sicav pactó crearse en 1990 por un grupo de eurodiputados y la mesa del Hemiciclo aceptó colaborar con dicho fondo, según reza el comunicado, donde se añade que entonces estas prestaciones dependían de cada Estado miembro.

Este fondo funcionó hasta 2009, cuando entró en vigor del nuevo estatuto del eurodiputado y los salarios y pensiones pasaron a depender de las instituciones comunitarias. "El Parlamento decidió terminar entonces con las aportaciones al fondo, al entender que las pensiones quedaron garantizadas de manera homogénea para todos los miembros", ha concluido Estrasburgo.