ETA y su entorno, enfrentados sobre cuándo debe ejecutarse el desarme

Treinta y dos meses después del cese definitivo del terrorismo de ETA, el proceso final de la banda vuelve a estar estancado. El principal escollo se encuentra ahora en el procedimiento de desarme de la organización terrorista. Ante la inequívoca decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no acceder a participar activamente en el desarme, la banda y su antiguo brazo político, hoy encarnado en Sortu, se encuentran enfrentados ante el dilema de avanzar hacia un desarme unilateral con la publicación de un mapa de localización de zulos (arsenales de ETA), o esperar bien a un cambio de opinión de Gobierno de Rajoy —hoy impensable— o bien a que en las elecciones generales de finales de 2015 el PP pierda la mayoría absoluta.

En la izquierda abertzale, en Sortu, predomina la opinión de que ETA debe continuar con su proceso unilateral de desarme con la publicación del mapa de localización de zulos e incluso con la destrucción del armamento por la propia ETA. Sortu quiere cerrar este capítulo cuanto antes, a ser posible a lo largo del verano. Para ellos, la vigencia de ETA es un lastre evidente para sus objetivos políticos y electorales. En lo que queda de ETA, sin embargo, predomina la pretensión de esperar a que el Gobierno central quiera participar en el proceso. Temen que un desarme sin la presencia del Ejecutivo no sea reconocido.

La cuestión del desarme estará sin duda, en el encuentro que celebrarán próximamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari Iñigo Urkullu. La abdicación del Rey Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI ha retrasado la perspectiva de ese encuentro que se iba a celebrar tras las elecciones europeas.

Urkullu pretende implicar al Gobierno de Rajoy en el desarme para acelerar la disolución de ETA y “garantizar un final ordenado” del terrorismo. Urkullu argumenta que sólo una verificación exterior puede asegurar que todo el armamento de la banda terrorista quede inventariado y supervisado y que sólo de ese modo puede garantizarse que lo que queda de la militancia etarra asuma la disciplina y se minimice el riesgo de escisiones. Aparte del interés que tiene el Gobierno vasco en consolidar la paz, cualquier debate sereno sobre la renovación del autogobierno en lo que queda de legislatura, dos años y medio, sería más fácil con una ETA ya desarmada. En la reunión entre ambos líderes, Urkullu también tiene intención de abordar el tema de los presos de la organización terrorista.

El Ejecutivo de Urkullu sabe además que lo que no se haga antes de fin de año no se hará hasta 2016, porque 2015 es año electoral. Asimismo, considera que las elecciones europeas han debilitado a los partidos que presionan al Gobierno de Rajoy para que no de ningún paso en el tratamiento del final de ETA. Vox, que aboga por ilegalizar a Sortu y rechazar la reinserción de los presos etarras, no ha logrado ni un sólo escaño y el partido de Rosa Díez, de rasgos similares al anterior en este tema, ha quedado por debajo de sus expectativas.

En el dilema interno de ETA y su entorno, la Comisión Internacional de Verificación (CIV), coordinada por Ram Manikaningam y creada tras el cese definitivo de la violencia de ETA en octubre de 2011, no toma partido, aunque impone alguna condición para participar en el proceso. Este organismo, reconocido internacionalmente y comprometido con el final de ETA mantiene, hoy en día, su compromiso de verificar el desarme. Cuenta con el aval del Gobierno vasco y de la mayoría de los partidos vascos —PNV, PSE y Bildu-EH—, que valoraron su trabajo de verificación del cese definitivo de ETA, ya finalizado, y han extendido su aval a su participación como garantes del desarme de la banda. Sólo el PP vasco no participa en el apoyo al CIV, en línea con el Gobierno de Rajoy, así como UPyD, irrelevante como fuerza política en el País Vasco.

La Comisión Internacional de Verificación ha puesto al Gobierno vasco, los partidos y ETA una condición para su continuidad: no volverá a participar en un acto de verificación como el conocido el pasado 21 de febrero en que dos de sus representantes actuaron como testigo de la escenificación de una minúscula entrega de armas por parte de unos encapuchados en un piso en Toulouse (Francia). Más allá del fiasco de representación de aquel desarme, que dañó su credibilidad y la del Gobierno vasco, que le avaló, la Comisión Internacional de Verificación no está dispuesta a volver a actuar clandestinamente como en febrero, al margen de los gobiernos español y francés.

La firmeza del compromiso de la Comisión Internacional de Verificación con el proceso final de ETA radica en haber logrado un objetivo “impensable” para sus integrantes hace un año: que ETA se comprometiera a que el desarme fuera unilateral —esto es, sin contrapartidas— y total. Ese compromiso, recogido en el comunicado de ETA de febrero, quedó totalmente desdibujado por una escenificación fallida como fue la minúscula entrega de armas de los encapuchados etarras, grabada en un vídeo entregado a la BBC.

De ahí que la comisión internacional haya ratificado su compromiso con el proceso de desarme pese a sus interrogantes, derivados especialmente de la decisión del Gobierno de Rajoy de mantenerse al margen y no actuar hasta que ETA anuncie su disolución como organización. La posición del Gobierno francés no es la misma que la del Ejecutivo de Rajoy ni ante el reto del desarme —la inmensa mayoría de los zulos de ETA están en su territorio— ni tampoco con el futuro de los presos. Pero Francia no va dar ningún paso en este terreno que pueda disgustar al Gobierno español porque por encima de todo da prioridad a sus relaciones con España.

Los integrantes de la comisión internacional se encuentran ante un caso insólito en su experiencia como verificadores. Nunca un Gobierno ha rechazado participar en el desarme de una banda terrorista que actuaba en su territorio al plantearlo abierta e incondicionalmente, como es el caso de ETA, con un cese definitivo de la violencia acreditado durante 32 meses.

En todos los procesos de desarme han participado la organización terrorista, el Gobierno afectado y un tercer país u organismo internacional que actúa de testigo. El Gobierno de Felipe González, por ejemplo, trabajó como facilitador del desarme del grupo guerrillero colombiano M-19 en los años ochenta.

En el caso de Irlanda del Norte, el más próximo al del País Vasco, pasaron siete años desde los acuerdos del Viernes Santo de 1998 hasta el final del desarme, en julio de 2005. Fue, además, un desarme por fases.

Entre 1998 y 2001, los verificadores internacionales —una comisión internacional, presidida por el general canadiense John de Chastelain— se limitaron a visitar las localizaciones de los zulos para confirmar su seguridad. El desarme propiamente dicho se celebró entre 2001 y 2005 en cuatro tiempos y finalizó con la inutilización del armamento. En teoría es lo que los verificadores internacionales tratan de hacer con ETA.

Otra peculiaridad del desarme en Irlanda del Norte fue que no se tomaron fotografías ni se grabaron vídeos. Los gobiernos británico e irlandés así como las organizaciones terroristas confiaron en la comisión internacional, que presidía De Chastelain, aunque hubo numerosos recelos durante el proceso. El primer ministro británico Tony Blair estuvo a punto de hacer público el listado de armas del IRA en 2003 para aplacar la desconfianza de los unionistas protestantes, pero finalmente no lo hizo.

Esto contrasta con lo sucedido en febrero, con el amago de desarme de ETA que fue grabado, y resulta un argumento más para que la CIV rechace la repetición de otra escenificación similar.