Felipe VI afronta su primer escollo seis días después de su proclamación
El futuro judicial de la hermana del Rey amenaza la imagen de la Monarquía
La instrucción llega a su fin, pero “el martirio”, como se refirió en repetidas ocasiones el jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno al caso Nóos, continúa. Felipe VI afronta hoy, apenas seis días después de su discurso de proclamación, en el que prometió que la Corona observaría “una conducta íntegra, honesta y transparente”, el primer examen al prestigio de la Monarquía: la decisión del juez José Castro sobre el procesamiento de su hermana.
Durante la instrucción, el juez ha recabado distintas pruebas con las que sostiene su imputación a la hermana del Rey por delito fiscal y blanqueo de capitales. Durante años, el beneficio obtenido por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de contratos conseguidos sin concurso previo de Administraciones públicas gobernadas por el PP (Baleares y Comunidad Valenciana) terminaba en la empresa Aizoon, cuya propiedad compartían los duques de Palma al 50%.
Cristina de Borbón se aprovechó, según la investigación, de esos beneficios obtenidos por su marido, ya que invertía el dinero en gastos particulares que ambos hacían pasar como si estuvieran ocasionados por actividades ordinarias de su entidad mercantil, con lo que pagaban muchos menos impuestos.
Si el juez mantiene hoy en el auto que pone fin a la instrucción la imputación de Cristina de Borbón para sentarla en el banquillo de los acusados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han anunciado que lo recurrirán ante la Audiencia Provincial al considerar inocente a la hermana del Rey. La Audiencia anuló hace año y medio una imputación anterior del juez a la Infanta y ordenó a Castro que profundizara en la investigación sobre cuestiones fiscales relacionadas con los duques de Palma. Como consecuencia de los nuevos trabajos del juez en la línea marcada por la Audiencia Provincial, Castro volvió a imputar a Cristina de Borbón sin que nadie recurriera su decisión de citarla a declarar en el juzgado de Palma de Mallorca.
Doña Cristina prestó declaración como imputada durante más de seis horas el pasado 8 de febrero. Ningún miembro de La Zarzuela la acompañó entonces, siguiendo la estrategia diseñada por el entonces jefe de la Casa del Rey, el diplomático Rafael Spottorno, para tratar de aislar a la Corona del escándalo.
La táctica de cortafuegos había empezado en diciembre de 2011, cuando el hombre de máxima confianza de don Juan Carlos calificó públicamente de “no ejemplar” el comportamiento de Urdangarin y le apartó de la vida oficial de la familia real. Preguntado por la situación en que quedaba su esposa, doña Cristina, Spottorno contestó entonces con un enigmático “ya veremos”. Pero el misterio se resolvió pronto porque la Infanta no volvió a participar en ningún acto oficial de la familia real, incluyendo los más importantes de los últimos 39 años: la abdicación de su padre y la proclamación de su hermano como nuevo rey la pasada semana.
Los duques de Palma no encajaron bien esa táctica de aislamiento, según fuentes de su entorno, por considerarla injustificada y una condena por adelantado. No obstante, tras prestar declaración durante seis horas en los juzgados de Palma el pasado febrero, doña Cristina viajó a La Zarzuela para rendir cuentas ante don Juan Carlos y aliviar la tensión que el caso Nóos ha provocado.
Una tensión que se hizo especialmente evidente cuando Cristina de Borbón, que cerró filas con su marido y nunca se planteó ni el divorcio ni la renuncia a sus derechos en la línea de sucesión al trono, se presentó con Urdangarin y la Reina en el hospital donde don Juan Carlos acababa de ser operado de la cadera. Era noviembre de 2012 y los entonces Príncipes hicieron todo lo posible para no coincidir con los duques de Palma: llegaron y se fueron después. Para reforzar el mensaje de que nada había cambiado, la Casa del Rey anunció unas semanas más tarde que Urdangarin había sido eliminado, también, de su página web.
Spottorno ya no es el jefe de la Casa del Rey, aunque continuará como “consejero privado” de Felipe VI. Pero el su sucesor, el abogado del Estado Jaime Alfonsín, mantendrá previsiblemente esa estrategia de aislamiento, sobre todo ahora que como ha explicado La Zarzuela, con el nuevo Monarca doña Cristina ya no forma parte de la familia real, reducida desde el pasado jueves a don Juan Carlos, doña Sofía, don Felipe, doña Letizia, y sus dos hijas. El nuevo Rey ha sido además tajante en este asunto. Los casos de corrupción “le duelen y le cabrean mucho”, afirma un exempleado de La Zarzuela. Y el que afecta a su familia no es distinto. Desde que estalló el escándalo ha evitado los encuentros en público con su hermana, a la que antes estaba muy unido, pues compartían muchas aficiones.
Alfonsín tiene el encargo del nuevo Rey de aumentar la transparencia de la institución, una tarea que inició, a contracorriente, su predecesor, Spottorno, al publicar por primera vez los sueldos del Rey y del Príncipe el 28 de diciembre de 2011, un día antes de que Castro imputara a Urdangarin por malversación de fondos públicos. Se trata de adaptar la Corona a los nuevos tiempos y tratar de contrarrestar todos los titulares negativos que aún puede dejar “el martirio” del caso Nóos.
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