Los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil

El Ministerio de Justicia ha terminado de deshojar la margarita. Tras casi dos años de idas y venidas en la negociación, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado hoy que la gestión del Registro Civil pasará a manos de los registradores mercantiles, previsiblemente en 2015 o 2016. Esa delegación, según Justicia, no tendrá ningún efecto para el ciudadano porque la titularidad seguirá siendo pública y porque todos los trámites que realiza el registro —y que ahora están en manos de jueces y funcionarios judiciales— seguirán siendo gratuitos. La delegación en los registradores de la propiedad (mucho más numerosos en España), que fue la primera opción de Justicia, fue descartada hace cuatro meses. Lo asumirán, definitivamente, un centenar de registradores mercantiles, que pasarán a llamarse “registradores civiles y mercantiles”. El ministerio insiste en que no es un paso hacia la privatización.

"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE. El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, CSI-F, ha augurado, sin embargo, que se destruirán "miles" de puestos de trabajo y que el compromiso de gratuidad no durará mucho. "No nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación [a los registradores mercantiles] a través de subvenciones, ayudas o convenios", han afirmado fuentes del sindicato tras anunciar una respuesta "contundente" para intentar parar el proyecto, informa Europa Press. También CC OO ha anunciado que convocará una huelga en la Justicia si el ministerio no rectifica.

La crítica ha llegado también del extremo opuesto: los futuros gestores del servicio. El Colegio de Registradores, que agrupa a los de la propiedad (mayoritarios) y a los mercantiles, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "absoluta disconformidad" con la decisión de Justicia, recuerda que siempre se ha opuesto a gestionar el Registro y augura "problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento". La nota apunta a un posible "cisma en el cuerpo de registradores" y anuncia que el Colegio tomará "las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general". Registradores mercantiles de Madrid y Barcelona consultados por este periódico han afirmado, no obstante, que harán lo que les encomiende el Gobierno porque son funcionarios públicos.

En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por juzgados de toda España, y en ellas trabajan unos 5.000 funcionarios que compatibilizan esa función administrativa con la judicial. Por el contrario, registradores mercantiles solo hay 120 en 60 oficinas, y con una plantilla total de unas 1.600 personas. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema, y sostiene que el objetivo es precisamente reducir el colapso y evitar las colas en los registros, además de liberar de esa tarea puramente administrativa a los funcionarios judiciales. El Registro Civil mueve unos 3,3 millones de trámites al año, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.

Gallardón afirmó que, allí donde no haya un registro mercantil, el notario o el juez de paz harán de correa de transmisión entre el ciudadano y el registrador (también sin cobrar por ello). Además, un portavoz del ministerio aseguró que la menor plantilla se compensará con la inversión tecnológica que se va a realizar, que costearán los propios registradores y que cambiará todo el funcionamiento del Registro Civil. El plan es sustituir los trámites en papel por una “plataforma digital” en la que cada ciudadano tendrá un historial con sus datos, y favorecer así el intercambio entre administraciones sin que el ciudadano tenga que desplazarse físicamente al registro para la mayoría de los trámites. El tratamiento de esos datos, según el ministerio, tendrá “un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes”. “El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado”, dice la nota de prensa.

El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los trámites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa función con la judicial. Cuando Gallardón anunció, a finales de 2012, que traspasaría la gestión, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatización de un servicio público. En realidad, el cambio de gestión a "funcionarios no judiciales" había sido aprobado por unanimidad en el Congreso un año antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE. Pero Gallardón anunció en 2012 que finalmente delegaría el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que disparó las alarmas.

Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios públicos (según la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposición y están a las órdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y además contratan a sus propias plantillas.

Trámites gratuitos

Justicia, que al principio contempló la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos trámites del Registro, acabó renunciando a eso ante el torrente de críticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantizó que “todos los trámites”, inscripciones y copias de certificados, seguirían siendo gratuitos, y en marzo de este año lo confirmó Gallardón. Se complicó entonces la negociación con el Colegio de Registradores, que se resistían a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un céntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empezó de cero.

Hoy Gallardón ha anunciado la solución definitiva: el Registro Civil lo gestionarán los registradores mercantiles. Con ellos la negociación ha sido más fácil, según Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis económica que el de los registradores de la propiedad y está dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedará expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibirán nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, máxime cuando ellos no han sufrido la congelación de sueldos públicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utilizó para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.

Junto al temor de una privatización encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gestión supondrá el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora están empleados en labores de registro en los juzgados. Gallardón se ha comprometido hoy a que "no se destruirá un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado después que ese compromiso se refiere solo al "territorio competencia del ministerio”. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades autónomas. Justicia confía, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habrá despidos, porque aquellas llevan meses diciendo que necesitan más personal para realizar tareas judiciales.