El grupo progresista del Consejo pide la retirada de la reforma del Poder Judicial

 El grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “choca frontalmente” con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial, afecta “radicalmente” a competencias de otras administraciones y propone un cambio radical de la organización judicial de “dudosa operatividad”. Así lo recoge un informe que han firmado seis de los ocho vocales progresistas del CGPJ en el que piden la retirada del anteproyecto de ley presentado por Gallardón.

El texto está suscrito por los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Los seis explican en diez razones su oposición al borrador de la ley orgánica, que, advierten, diseña un “nuevo modelo” que compromete tanto la independencia del poder judicial como su inamovilidad, responsabilidad y sumisión “únicamente” al imperio de la ley. El cambio, según los vocales progresistas, afectará también a la pluralidad del CGPJ, lo que impedirá que actúe como “un auténtico contrapeso” de los otros poderes constitucionales.

Los firmantes censuran la falta de “rigor técnico” del texto, al que no se acompañan ni estudios previos, ni costes ni argumentos que expliquen por qué son convenientes los cambios “radicales” que se van a hacer en la configuración de la planta judicial, en la organización de los juzgados, en la carrera, en la denominación de los jueces y magistrados y “un larguísimo etcétera”. “Se ha elaborado y presentado a informe un texto de nuevo cuño, sin más justificación de sus previsiones que una exposición de motivos de una superficialidad y una retórica vacua que causan estupefacción, sin acompañarlo de estudios técnicos, comparativos o económicos, ni de un presupuesto o un programa de ejecución”, señalan los vocales progresistas. “Estas carencias abocan a un fracaso asegurado”, añaden.

“El nuevo diseño que se propone tiene un alcance no únicamente organizativo. Se trata de un modelo que reduce elementos sustanciales y garantías básicas de la independencia de cada juez o tribunal: la inamovilidad y la predeterminación legal del órgano para conocer de cada caso concreto”, afirman los miembros del CGPJ, que advierten de que la reforma permitirá a los presidentes de los nuevos tribunales provinciales de instancia y a las salas de gobierno incidir en la composición de las unidades judiciales o secciones.

Los vocales progresistas dudan además de la necesidad de una nueva ley del poder judicial. Admiten que la Administración de justicia necesita mejoras que acaben con los “dilatados” tiempos de respuesta actuales y con la falta de medios materiales y de personal, pero creen que un “cambio estructural” de las dimensiones del que se propone, “improvisado y sin contar con los recursos necesarios”, pueden suponer que se intensifique “aún más” la presión sobre los jueces. Además alertan de que el cambio de planta judicial que recoge el borrador de ley invade competencias de las comunidades autónomas, propone un cambio de la organización judicial de “dudosa operatividad” al suprimir los juzgados y las audiencias provinciales y, al eliminar los Juzgados de Paz, puede acabar dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos que no vivan en las capitales de las provincias, lo que les causaría “desprotección”.