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EL REY ABDICA
PROCLAMACIÓN FELIPE VI

Don Juan Carlos será protegido con un fuero total por vía de urgencia

El partido del Gobierno planea presentar una enmienda a una ley en trámite

El Gobierno ha comunicado ya al PSOE la fórmula que ha escogido para proteger a don Juan Carlos con un fuero penal y civil que abarca su vida privada y que nadie ha tenido en democracia. El Grupo Popular tiene previsto presentar este viernes una enmienda a una ley en trámite en el Congreso para acelerar el proceso al máximo. Si se acortan los plazos, el fuero, que llegado el caso permitirá que solo pudiese ser juzgado por el Tribunal Supremo, podría estar en vigor en un mes.

Esa enmienda, según fuentes del Ejecutivo, se presentará en el registro del Congreso y afectará al proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por las que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Es una norma que no tiene relación alguna con don Juan Carlos y con su fuero ante la Justicia, pero es la vía más rápida que ha encontrado el Gobierno para protegerlo tras su abdicación. Ese proyecto modifica una parte mínima de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque afecta a condiciones laborales de los jueces —regula jubilaciones, oposiciones de funcionarios de justicia y permisos por asuntos propios de magistrados, que pasan de tres a cinco días—, y por esa vía se incluirá la enmienda.

El texto concreto aún no se ha cerrado, pero abarcará asuntos civiles y penales cuya competencia se encomienda al Supremo, sin más precisión. Es decir, no especifica qué salas de este tribunal serían competentes, como sí se hace para los altos cargos y parlamentarios aforados, que son investigados y juzgados por la Sala Segunda. Antes de abdicar, don Juan Carlos, como ahora ocurrirá con Felipe VI, gozaba de inviolabilidad; es decir, no se podía proceder judicialmente contra él en ningún caso. Con el aforamiento sí es posible hacerlo, pero solo ante el Supremo, como ocurre con los parlamentarios y los miembros del Gobierno, entre otros cargos. Desde este jueves y hasta que entre en vigor la reforma, cualquier juez puede proceder contra don Juan Carlos si alguien presentase una demanda o querella, como contra cualquier otro ciudadano.

Antes de conocerse el pasado 2 de junio la abdicación, el Gobierno redactó un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial en el que daba fuero a los príncipes de Asturias y a la Reina para que solo pudieran ser investigados y juzgados ente el Supremo. Ese texto no estará en vigor hasta dentro de un año, en el mejor de los casos.

Fuentes del PSOE confirman que el Gobierno ya les ha trasladado la decisión de incluir el aforamiento de don Juan Carlos a través de una enmienda del PP a una ley en trámite. Estas fuentes aseguran que el partido no firmarán la enmienda el viernes y que se reservan su posición hasta conocer el texto concreto que presente el Grupo Popular. Para los socialistas, que ya vivieron algunas tensiones en el Congreso con la ley de abdicación, el asunto supone una cierta incomodidad.

Otras opciones, como una proposición de ley del PP o un proyecto de ley del Gobierno, tienen el inconveniente de que la tramitación parlamentaria sería lenta y tardaría meses en estar en vigor. La de la enmienda permitiría tener listo el blindaje legal en un mes en el peor de los casos. Incluso, la mayoría absoluta del PP podría hacer que esa enmienda se discutiera en comisión, evitando la polémica en el pleno del Congreso.

Esta vía de enmiendas a leyes con objetos distintos se ha usado en contadas ocasiones. Por ejemplo, el PSOE lo hizo en 2007 para recortar en parte la justicia universal, usando una ley de oficina judicial que estaba en el Senado.

La norma en la que se colgará la enmienda llegó al Congreso el pasado abril y esta misma semana se amplió el plazo de enmiendas hasta mañana, viernes. Tiene solo tres artículos y dos disposiciones finales, y está ya en la Comisión de Justicia del Congreso, que es donde se introduciría la enmienda sobre el aforamiento.

Oficialmente, el Gobierno y el PP aseguran que no está decidido cómo se fijará la protección de don Juan Carlos y que no se resolverá hasta mañana mismo. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió ayer con evasivas a los periodistas cuando se le preguntó por el asunto. El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, quien deberá firmar la enmienda, se limitó a asegurar: “Vamos haciendo las cosas por orden, cada día tiene su afán. Hay distintas posibilidades, pero no quiero anticiparme a esos debates. La proclamación, y luego ya arreglaremos lo demás”. Obviamente, “se regulará de manera adecuada, resolviendo todos los problemas que se puedan plantear. Haremos algo constitucional y bien hecho”, dijo.

Radicalmente en contra se muestra Izquierda Plural, que, a través de Cayo Lara, aseguró que “no tiene que haber privilegios en los aforamientos más allá de lo que son las funciones públicas de los distintos cargos. Fuera de ahí, el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano, incluido el ciudadano Juan Carlos”.

El asunto es tan controvertido que uno de los grupos que apoyó la ley de abdicación, UPyD, se muestra reticente a abordar ahora el aforamiento de don Juan Carlos. “Nosotros tenemos una posición al respecto. Fuimos el único partido que trajo esa iniciativa a la Cámara hace más de un año, la supresión de los 10.000 aforamientos. No hay argumentos, a nuestro juicio, para que haya tantos aforados en España, ni tampoco para que haya 10.002, 10.003 ni 10.004”, aseguró la portavoz de la formación, Rosa Díez.

El peneuvista Aitor Esteban destacó que le gustaría que Felipe VI no viera “conciliable la inviolabilidad entendida como se está haciendo ahora en la Constitución, es decir, con una absoluta irresponsabilidad respecto a los actos privados del rey”.

Agregó que no entiende la “obsesión” del Gobierno por el aforamiento. “¿Ha cometido algún delito? Porque si es así, lo podría entender, pero si no es así, pues no entiendo toda esta obsesión por parte del Gobierno”, indicó el portavoz peneuvista, para añadir que estaría de acuerdo con que la protección “se limite” ante el Supremo.

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