Gasóleo, cocaína y secuestros, SA
La mafia del diésel está vinculada con un rapto y un alijo de droga
Una de las gasolineras registradas en la operación Nehar contra el fraude del gasóleo (103 detenidos y un montante estimado de decenas de millones de euros en el último lustro) anunciaba en un cartel los precios “más baratos” de Ciudad Real. Podía presumir de ellos porque la supuesta trama corrupta le surtía el litro a 93 céntimos, cuando la competencia tenía que pagarlo en los canales de distribución convencional a 1,2 euros. El negocio era igual de redondo para las otras 45 estaciones de servicio implicadas en este caso de presuntas exacciones fiscales y combustibles adulterados que instruye un juzgado de Illescas en Toledo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han empleado tres años y 750 agentes para desmontar las nueve redes que operaban en once comunidades con un doble método: vendían gasoil bonificado para actividades agrícolas y engordaban cada litro mezclándolo con keroseno, aceites reciclados y disolventes hasta obtener el doble de cantidad.
Cada red contaba con su propio laboratorio de transformación y lavado. La Guardia Civil ha desmontado instalaciones en Cuenca, Albacete (en la capital y Hellín), Madrid, Toledo, Granada, Cordoba y Murcia. En Pontevedra se valía de un centro de lavado itinerante en un camión con filtros que servía para retirar el colorante del gasoil industrial y hacerlo pasar por carburante para vehículos. Las cisternas movían 450.000 litros semanales. Habitualmente por las noches, cuando las gasolineras están cerradas o sin clientes, para no levantar sospechas.
En el sumario, que aún permanece secreto, constan decenas de conversaciones en clave de los implicados. Los encargados de las gasolineras pedían “bocadillos” cuando necesitaban cisternas. El diésel adulterado era “chocolate”. Y los pagos en b se pactaban “de aquella manera”. Durante las últimos ocho meses, la Guardia Civil había pinchado teléfonos, realizado seguimientos con cámaras y peinado las bases de datos de la Agencia Tributaria. Tanto sus investigadores como los del Servicio de Vigilancia Aduanera tenían demasiado fresca la operación Toleum de 2009, cuando poco después de una intervención similar, el juzgado levantó las medidas cautelares y permitió a la red seguir operando.
Algunos de los apellidos repiten ahora en Nehar y son viejos conocidos del Servicio de Vigilancia Aduanera en Quintanar de la Orden, una pequeña unidad de Toledo que es la referencia nacional en fraudes con impuestos especiales, ya opere con alcohol o combustibles.
A diferencia de hace cinco años, esta vez se han empleado métodos de investigación habituales en el narcotráfico o los delitos contra el patrimonio para atajar una organización compleja y criminal. Se ha atacado su entramado financiero. Y ahí se ha descubierto otras de las presuntas prácticas de la organización: un fraude generalizado en el IVA de la venta al por mayor. Los investigadores sostienen que una red de sociedades pantalla les evitaba pagar el 21% de este impuesto fingiendo operaciones entre ellas antes de sacar el combustible al mercado.
El dinero defraudado al fisco, según fuentes de la investigación, alcanza los 12 millones de euros solo durante los últimos ocho meses. La sospecha generalizada en la Agencia Tributaria y la Guardia Civil es que la organización venía operando desde el último lustro. Además está el daño al mercado, puesto que al tirar los precios, las estaciones de servicio implicadas perjudicaban la competencia. Hasta algunas franquicias de las grandes operadoras acabaron acudiendo a la red para no perder mercado.
Una extorsión a subasta
Los seguimientos llevaron a la Guardia Civil del fraude del gasóleo al intento de secuestro de un industrial de Béjar (Salamanca). Como enlace, una mujer en la treintena —colaboradora de una ONG de Fuenlabrada— que recibía datos de la víctima, gracias a un trabajador de una empresa de seguridad que había realizado reformas en su casa. Esta mujer contactó con un policía municipal de Madrid para que reclutase entre los bajos fondos de la capital a una banda capaz de ejecutar el golpe.
El plan pasaba por retener a algún miembro de la familia del industrial mientras desvalijaban su casa. El objetivo, sacar un millón de euros de la vivienda. Aunque para ello hubiera que emplear toda la fuerza posible, como evidenciaron las escuchas policiales. La mujer buscaba especialistas en inhibidores de frecuencia y lanzas térmicas para fundir la cajas fuerte. Y emprendió una subasta a la baja sobre el porcentaje del botín con diferentes bandas de butroneros. Un grupo de delincuentes muy conocidos de Madrid se prestó a hacerlo a cambio del 30% del dinero. Pero la Guardia Civil, que les seguía desde hace semanas, frustró el palo y detuvo a seis personas por intento de secuestro.
Solo en metálico en los registros se han incautado de 1,8 millones de euros. Los billetes estaban por todas partes: en coches, bolsillos de chaquetas guardadas en armarios y hasta dentro de un lavavajillas en una de las viviendas. Centenares de cuentas bancarias siguen bloqueadas por orden del juez que está estudiando algunas operaciones sospechosas. De momento, la lista de gasolineras implicadas sigue secreta. Las autoridades auguran una cascada de demandas cuando se conozca: el combustible adulterado suele arruinar las bombas de inyección de los coches y ya se han detectado quejas de algunos clientes. Hace una semana ingresaron en la prisión de Ocaña cinco de los cabecillas de la trama. Un sexto la evitó pagando a tocateja una fianza de 200.000 euros. La operación sigue abierta y tirando de ovillo, los investigadores han conseguido incautar un importante alijo de cocaína, en el que además se intervino una pistola. La lista de delitos que se atribuyen a la red es interminable: fraude fiscal, estaba, pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. A uno de los detenidos se le imputa además el intento de secuestro de un empresario salmantino. Pudo evitarse gracias a los seguimientos realizados a la red.
