Legitimidad de ejercicio

A diferencia de su abuelo Alfonso XIII, que fue el último en enterarse de que la caída de su dictador Primo de Rivera iba a arrastrarle también a él, el rey Juan Carlos I se ha anticipado con la abdicación a los efectos devastadores que la crisis vigente está teniendo sobre las instituciones creadas al amparo de la Constitución de 1978, incluida la Monarquía. Muchos piensan que el retiro del Rey llega demasiado tarde, que ha malgastado con conductas nada ejemplares y a veces escandalosas el enorme capital de reconocimiento y afecto popular acumulados durante la Transición y en la noche del 23-F. Es probable que así sea, pero este hombre de 76 años y resquebrajada salud ha sabido sacar de las encuestas de opinión, que le incluyen en el suspenso universal asignado a toda la clase política, la conclusión de que debía ceder el paso a su heredero.

El próximo rey Felipe VI ha manifestado en repetidas ocasiones que la continuidad de la Monarquía está condicionada a su utilidad y en definitiva a la voluntad de la nación, que en este caso se expresará a través de sus representantes en las Cortes Generales. El 90% de los diputados y los senadores están adscritos a grupos parlamentarios que ya han anticipado su voto favorable. Mientras tanto miles de españoles se han echado a la calle para pedir un referéndum ya. La democracia es un sistema de leyes y la celebración de ese referéndum hoy se compadece mal con los preceptos constitucionales. Pero nuestros representantes políticos saben también que su apoyo masivo a la institución monárquica no refleja el estado real de la opinión pública y que la reforma constitucional que los ciudadanos piden a gritos deberá incluir algún tipo de pronunciamiento sobre esta cuestión.

A diferencia de su padre, que recibió del dictador un poder omnímodo al que renunció en aras de la construcción de una democracia, el nuevo Rey hereda un rol de representación que ya venía desempeñando parcialmente en nombre de su padre, unas funciones moderadoras algo etéreas que don Juan Carlos ejerció con una modélica neutralidad política, y una comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas que no debería llevarle nunca a una situación límite como la del 23-F.

El reconocimiento popular que necesita conseguir en el corto plazo no podrá asentarse, pues, sobre gestas épicas como la transformación de una dictadura en una democracia o la paralización de un golpe de Estado en pleno desarrollo. Por lo demás, empieza su reinado en medio de la más grave crisis institucional y económica de esta democracia tan reciente, con unos políticos ensimismados e incapaces de dar respuesta a las exigencias ciudadanas, pero nadie espera de él que resuelva los graves problemas de nuestra vida pública. Seguramente basta con que cumpla dos exigencias más prosaicas que se echaron de menos durante el mandato de su padre y que hoy resultan imprescindibles: transparencia (en las cuentas, pero también en las agendas) y ejemplaridad. Esa es la legitimidad de ejercicio que podría convencer a ciudadanos tan poco monárquicos de que la Monarquía aún puede ser útil.