La ponente del CGPJ pide que se pueda abortar si el feto es inviable

El informe sobre la ley del aborto encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la vocal Carmen Llombart —elegida a propuesta del PP— recomienda incluir como supuesto legal de aborto la anomalía fetal incompatible con la vida. Es decir, que una mujer embarazada de un feto inviable pueda abortar sin tener que acreditar que eso le genera un daño psicológico. En la redacción actual del anteproyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, solo hay dos supuestos legales de aborto: violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”. La vocal Llombart propone añadir otro: el de anomalía fetal, aunque solo si esta es “incompatible con la vida”.

Si el Gobierno asume estrictamente su recomendación, permitiría el aborto en esos casos de fetos inviables, pero no en aquellos otros de malformaciones gravísimas o enfermedades incurables que no llegan a ser incompatibles con la vida. En esos casos, solo permitiría el aborto —como está previsto en el anteproyecto— si la mujer acredita con dos informes psiquiátricos que proseguir con el embarazo supone un grave peligro para su salud psíquica.

El pleno del CGPJ se reunirá la semana próxima, previsiblemente el miércoles 4 de junio, para debatir este informe y otro sobre la misma ley elaborado por la vocal Pilar Sepúlveda, elegida a propuesta del PSOE, que pedía directamente la retirada del anteproyecto y defendía la vigente ley de plazos. El informe definitivo, que no es vinculante, será entonces elevado al Gobierno.

El pleno del Consejo del Poder Judicial se compone de 21 miembros (20 vocales y el presidente). De esos 21 miembros, 10 fueron elegidos a propuesta del PP, ocho del PSOE, uno de CiU y uno de PNV. El presidente, además, es elegido por el Gobierno y votado por los vocales. La votación del informe de la vocal conservadora podría contar con la mayoría absoluta de los votos, los 10 miembros elegidos a propuesta del PP más el presidente, aunque distintas fuentes del Consejo advierten de que, al tratarse un tema tan complejo y de un contenido ideológico y moral tan fuerte, esa traslación automática de votos es imposible de hacer a priori. Si un solo miembro del grupo conservador se pasa a las tesis del grupo progresista, la mayoría cambia de signo. O al contrario.

La vocal Llombart señala en su informe que, cuando la anomalía fetal es incompatible con la vida, “no existe contraposición de intereses entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido”, dado que este es inviable. “El concebido en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus y, en consecuencia, beneficiarse de la protección constitucional que la vida de estos merece”, afirma. Por eso, “esta indicación debería desligarse de que se produzca la afectación a la salud psíquica de la mujer”. Es decir, el aborto en ese caso —según defiende la vocal— debería ser legal directamente, sin necesidad de que la mujer alegue otro motivo: que el embarazo le causa a ella un daño psicológico.

El informe propone también otras dos modificaciones del anteproyecto de ley del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Primero, considera innecesario que los dos médicos que deben acreditar el supuesto legal de aborto trabajen en un hospital o clínica distintos del que luego va a practicar la interrupción del embarazo. Esa, dice, es una “exigencia desproporcionada”. Además, avala que se extienda el derecho a la objeción de conciencia a todos los profesionales sanitarios que se vean implicados en un aborto, pero con una condición: garantizar al mismo tiempo “que los establecimientos y centros, públicos y privados, autorizados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dispongan de personal sanitario y facultativos cualificados al efecto”. Es decir, que en todos los centros haya profesionales que no ejercen la objeción de conciencia y por tanto puedan en todo momento practicar un aborto legal.

El informe termina lamentando que la futura ley no incluya medidas de ayuda a la maternidad. “Se echa en falta que el anteproyecto no contenga una política general, integral, de protección de la maternidad”, subraya.