La oposición exige al Gobierno que anule su reforma sobre la justicia universal

Los grupos de oposición advirtieron al Gobierno en marzo de 2014, apenas hace tres meses, que no se rendían. Se referían a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la justicia universal solo con los votos del PP y con el procedimiento de máxima urgencia que redujo al mínimo el debate. “Esta va a ser su marca España”, espetó la portavoz socialista, Soraya Rodríguez. “No nos conformaremos con esta ley de punto final”, apuntó Joan Tardá de ERC para apostillar que “el Congreso no puede amnistiar a los asesinos de José Couso”. Una vez superado el paréntesis parlamentario por la campaña para las elecciones europeas, la sesión de control al Gobierno se reanuda el miércoles con exigencias de rectificación de la ley. PSOE y UPyD exigen a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que vuelvan sobre sus pasos y la rehagan. Pero se preparan más iniciativas.

Intención de no resignarse existía por cuanto que un mes después de su aprobación el PSOE anunció la preparación de un recurso de inconstitucionalidad a esta reforma. Lo ha reafirmado Soraya Rodríguez hace dos días. Pero la reactivación de la protesta política no es ajena a la actitud de los profesionales de la Justicia. Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional tampoco se han rendido y se han negado a archivar casos en los que trabajan desde hace años, como ha informado EL PAÍS en las últimas horas. Además, el Congreso Internacional Jurisdicción Universal en el siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), ha servido de marco y altavoz para que los magistrados se hayan explayado sobre “el dislate” de la reforma.

“¿Va a rectificar el Gobierno la injustificable chapuza que supone la ley que pretende suprimir la justicia universal en España?”. Esta es la pregunta que formulará la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar que gracias a su reforma de la justicia universal se siga poniendo en libertad a narcotraficantes?”. Esta es la pregunta que formulará la diputada de UPyD Irene Lozano al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El Gobierno escuchará de ambas diputadas de la oposición un breve resumen de lo que ha ocurrido en estas semanas desde su aplicación. Lo más notorio ha sido la excarcelación de 43 narcotraficantes por el vacío legal que ha ocasionado este cercenamiento de la ley.

No terminará las demandas al Gobierno en su sesión de control sino que continuará al día siguiente, el próximo jueves, con el debate de propuestas de resolución del PSOE y de CiU a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2012. Se aprovechará este trámite para pedir al Consejo que emita un informe sobre la reforma. No lo ha habido porque el Gobierno no presentó un proyecto de ley, lo que hubiera requerido tal informe, sino una proposición de ley, tramitada en lectura única, lo que supone la máxima velocidad. El resultado es que el Consejo no tuvo la ocasión de dar su opinión sobre la reforma. En la enmienda socialista se afirma que el cambio impide la lucha contra “graves delitos y dejan sin tutela judicial a víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.