El Gobierno maniobra para destituir a Magdalena Álvarez del BEI en junio

El Ministerio de Economía quiere echar a Magdalena Álvarez del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la reunión que celebrará el Consejo de Administración de dicha entidad el 4 de junio. El Gobierno tiene plazo hasta este jueves para elevar la propuesta.

La expulsión necesita el apoyo de una mayoría cualificada de dos tercios de los países (18 sobre 28) y del capital del banco. Y debe ser aprobado por el citado consejo para someterse al consejo de gobernadores (ministros de Economía) del BEI.

Economía se dirigió al BEI el pasado día 7 para conocer los pasos a seguir, ya que la entidad se ha negado hasta ahora a echarla, como desea el Gobierno español. Despedir a un alto cargo es un hecho sin precedentes en la historia de dicha institución.

A la consulta siguió el pasado martes una carta de la representante de España en el consejo de administración. El objetivo es incluir el cese de Álvarez en el orden del día de la próxima reunión, el 4 de junio. El Gobierno tiene que presentar la iniciativa diez días antes si quiere que el asunto se resuelva ( y no sólo se informe) en dicho consejo.

El ministro Luis de Guindos asistió el pasado día 6, en Bruselas, a la reunión del consejo de gobernadores del BEI. Allí informó en privado al presidente del banco, el alemán Werner Hoyer, que se había confirmado la imputación de Álvarez. La estrategia de Economía, desde octubre de 2013, era simple: es el BEI el que debe provocar la dimisión.

El BEI nombró vicepresidenta a Álvarez el 16 de julio de 2010, a propuesta del Gobierno de Zapatero, por seis años. Ocupa la silla de España y Portugal, países que han pactado que España ejerza la vicepresidencia hasta 2022. La remuneración de los vicepresidentes ronda los 20.000 euros netos mensuales, complementos incluidos.

La estrategia de Economía para nombrar un sustituto tiene en cuenta los avatares judiciales del caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya citó a declarar a la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y ex ministra de Fomento con Zapatero para el 8 de octubre de 2013, en calidad de imputada.

Aunque la imputación estaba recurrida, De Guindos declaró el 21 de octubre en Sevilla: “No quiero anticipar acontecimientos; hay un código de conducta que se tiene que cumplir por todos los empleados” [del BEI]. Pero la Audiencia de Sevilla revocó, esa misma semana, la imputación y el presidente del BEI aclaró que no había abierto “ninguna investigación especial” sobre su vicepresidenta española.

La juez Alaya dictó un nuevo auto de imputación de Álvarez y, aunque de nuevo fue recurrido, el Ministerio de Economía buscaba la dimisión inmediata.

El 23 de enero de 2014, más de tres meses antes de que la Audiencia de Sevilla resolviera el recurso, el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, invitó a Álvarez a una comida en el restaurante Paradís, en la madrileña calle del Marqués de Cubas.

Le explicó, según fuentes conocedoras del encuentro, que debía presentar su dimisión. Y le ofreció ayuda para obtener, por ejemplo, un puesto de agregada de turismo en alguna embajada española. Álvarez, según las mismas fuentes, le respondió que las acusaciones contra ella eran infundadas y que una imputación no es sinónimo de ser culpable. No pensaba dimitir.

El pasado 21 de marzo, en Bruselas, el presidente Mariano Rajoy expresó una posición opuesta a la de De Guindos. “En estos momentos hay una imputación que en absoluto supone una declaración de culpabilidad. Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario todas las personas son inocentes”, afirmó.

El 6 de mayo, la Audiencia de Sevilla confirmó la nueva decisión de Alaya. Pero matizó que el auto “no constituye, todavía, un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso”, y que “la solidez de los indicios exigidos para adoptarla no alcanza la intensidad de lo que correspondería tener en cuenta para acordar la prosecución del procedimiento contra esa persona [imputación formal]”.

“Basta”, alega, “que no se pueda excluir el carácter delictivo” de los ERE para pedir su declaración como imputada, aunque “no alcanza el grado de incriminatorio de inculpación que tiene un auto formalizado de procesamiento o resolución similar”.

El mismo 6 de mayo, tras la reunión del consejo de gobernadores del BEI en Bruselas, el comité de dirección, el órgano que dirige el banco en el día a día, se trasladó a Luxemburgo para celebrar su reunión al día siguiente. Esa tarde, Fernández de Mesa llamó a Álvarez a Luxemburgo. De Guindos, le advirtió, había perdido su confianza en ella. Debía dimitir de una vez. Según fuentes conocedoras del diálogo, Álvarez le escuchó sin responder. El BEI hizo saber que se tomaba “muy en serio las acusaciones en relación con el uso indebido de fondos”.

Al día siguiente De Guindos declaraba que el BEI había abierto un “procedimiento interno” para analizar la situación y apelaba directamente a la “responsabilidad” de Álvarez. Estaba claro que el ministro quería su dimisión, pero no se había abierto “procedimiento” alguno.

El consejo de dirección del BEI abordó el asunto en sesión extraordinaria el día 7. Se informó del nuevo auto judicial pero, según las fuentes consultadas, los consejeros apoyaron la continuidad de Álvarez. “La vicepresidenta Álvarez ha informado al comité de dirección de la decisión de la Audiencia. El banco está analizando esta decisión y sigue el proceso judicial en España con todo el respeto”, se limitó a informar el BEI".

El 16 de mayo, la ofensiva se trasladó a La Moncloa. “Llamo a la señora Álvarez a la responsabilidad que tiene con los Estados que la nombraron y por la institución de la que forma parte. Su posición es muy comprometida”, advirtió la vicepresidenta Sáenz de Santamaría”.

El Gobierno sabe que para instar la destitución y su relevo debe proponerlo al consejo de administración y al de gobernadores, En ambos foros necesita el apoyo de una mayoría cualificada (dos tercios) de países y de capital para echar a Álvarez.