Un centenar de sirios acampa ante la Delegación del Gobierno en Ceuta

Ahmed Koldoh lleva 17 días sin moverse de la plaza de los Reyes en Ceuta. Allí pasa las horas y duerme en una de las 17 tiendas de campaña que un grupo de 82 inmigrantes sirios (al que hay que sumarle desde el pasado jueves más de 40 niños, algunos bebés de pocos meses) ha colocado en un lateral de esta céntrica plaza en la que está situada la Delegación del Gobierno. "De aquí no me muevo", explica en buen español. Ahmed es de los pocos sirios que maneja el castellano porque pasó cuatro años trabajando en un restaurante en Madrid. "Me fui a ver a la familia y estalló la guerra", lamenta. Es también uno de los pocos que ha solicitado asilo y lleva ya tres meses en Ceuta. "Lo único que quiero es que me dejen llegar a Madrid, allí tengo amigos y seguro que trabajo".

Por eso precisamente decidió, junto a decenas de compatriotas, que no se movería de la puerta de la Delegación del Gobierno hasta que no se le dejara cruzar el Estrecho. Se trata de inmigrantes con un perfil distinto del que hasta hace poco llegaban en la ciudad autónoma. Ahora entran por la frontera, a cuentagotas y con pasaportes marroquíes falsificados, familias enteras, como la de Nasser Assad, un comerciante de Homs de 44 años, con ocho hijos, con edades entre los 7 meses y los 21 años, todos ellos ya en Ceuta, y que no se quiso dejar atrás a su madre, Diba Al Ali que con 84 años es la abuela del campamento, una mujer curtida, y que pese a los achaques propios de la edad y en contra de la opinión de su familia, no ha querido regresar al centro de acogida. "En Siria no nos queda nadie", explica Nasser, que llegó junto a uno de sus hijos diez días después de que lo hiciera su mujer, Geiga con algunos otros. "El resto fueron viniendo solos", subraya. Lo hacen ayudados por organizaciones que les cobran hasta mil euros. De hecho, en abril, la Policía Nacional desmanteló una red que se encargaba de trasladar hasta Ceuta a inmigrantes sirios con pasaportes falsos y los tres detenidos fueron sorprendidos cuando dejaban a dos ciudadanas sirias en un hostal y volvían a intentar cruzar el control policial fronterizo con la hija menor de una de ellas.

Alguno de los ocho hermanos de Nasser está también en la ciudad, otros en Marruecos, aguardando para cruzar. Tampoco ha pedido asilo, pese a que cumple con todos los requisitos que se exigen para pedir protección internacional. "Nos dijeron que si lo pedíamos íbamos a tardar más en irnos. Para nosotros esto es como una prisión de la que no podemos salir", añade Aras Wati, de 26 años, soldado raso que estaba destinado cerca de la frontera con Israel y que decidió desertar del ejército.

Y es cierto. El Ministerio Interior sigue sin permitir que los solicitantes de asilo con la petición admitida a trámite puedan moverse libremente por todo el territorio nacional: deben quedarse en Ceuta hasta que se resuelva su expediente, un trámite que puede prolongarse hasta dos años, a pesar de que hay sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La permanencia del campamento sirio en la plaza está provocando fricciones entre las administraciones central y autónoma, ambas gobernadas por el Partido Popular. El delegado del Gobierno conminaba a la Ciudad Autónoma a que hiciera cumplir la ordenanza municipal sobre ocupación de espacios públicos así como la intervención del Área de Menores, competencia transferida al Gobierno local, por entender que los niños estaban en riesgo. De momento, la administración local no lo aprecia así. Tampoco la Policía Local, cuerpo que se ha negado a desalojarlos porque dice excede de sus competencias. "Nosotros podemos sancionar una infracción administrativa, pero de ahí a que les desmontemos el campamento hay un mundo", subraya Juan Francisco Vega, de la sección sindical de UGT en la Policía Local. "No se nos puede pedir que traspasemos la raya de la legalidad, nosotros retiramos enseres y tiendas, pero no tenemos potestad para desalojar de allí a estas personas", añade. En estos 17 días, se han puesto más de cien denuncias administrativas por incumplimiento de ordenanzas "pero hasta ahí llega nuestra competencia".

Esas fricciones se agravaron cuando el domingo de madrugada la Policía Local requirió a Cruz Roja agua y mantas para los sirios acampados. Los agentes intentaron activar el protocolo de Cruz Roja de atención al inmigrante, pero que se les puso reparos por parte de la Delegación del Gobierno que luego cedió por cuestiones humanitarias, según publica el diario El Faro de Ceuta. De hecho, para el delegado, Francisco Antonio González, reprochaba días atrás a los ciudadanos y organizaciones que les dan mantas, tiendas de campaña o comida porque entiende que contribuyen "a que esta estancia se alargue porque los inmigrantes tienen los servicios cubiertos en el centro de estancia temporal que al Estado español le cuesta una burrada de millones al año para dotarles de servicios que en la plaza no tienen".

Estas últimas horas la temperatura ha bajado varios grados en Ceuta y el tiempo ha empeorado, una situación que ha provocado que los adultos hayan enviado al centro de acogida a algunas mujeres con los niños. Según el último recuento de la Delegación del Gobierno, en Ceuta hay registrados 138 inmigrantes sirios, de ellos 42 hombres, 32 mujeres y 64 menores de edad, 141 de ellos han llegado a la ciudad a lo largo del año y la práctica totalidad del colectivo está participando en esta protesta, si bien esta semana han partido a la península las tres únicas familias que habían decidido quedarse en el centro de acogida.

Se trata de la segunda protesta que protagoniza el colectivo sirio en la ciudad autónoma. La primera, en octubre del pasado año, terminó precisamente cuando el área de Menores decidió llevarse a los niños que estaban durmiendo a la intemperie a centros de acogida.