Dinero por el desagüe

“¿En qué estaban pensando cuando malgastaban el dinero europeo?”, preguntaba alarmado un primer ministro en plena negociación del rescate a España, hace dos años. Quizá lo resuma aquella viñeta humorística publicada en un diario alemán cuando la burbuja inmobiliaria reventaba: un griego, un español y un italiano tumbados al sol en la playa pedían a un sudoroso y servil germano que invitase a otra ronda de cerveza. Pagaba Berlín. Después de aquello el país entero bajó a los infiernos de la crisis y los españoles comenzaron a despertar de un sueño financiado, en gran parte, con fondos europeos.

Desaladoras que no funcionan, centros culturales vacíos, trenes que no van a ninguna parte... En el periodo 2007-2013 los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) han destinado al país 23.052 millones, el 61,6% se han ejecutado y pagado. En esos años se han destinado otros 8.053 millones bajo el paraguas del Fondo Social Europeo y 3.543 de Fondos de Cohesión. Casi todo ha sido dinero bien empleado, que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los españoles y a impulsar la economía. Pero eso no puede ocultar la existencia de corrupción o, simplemente, de negligencia a la hora de aprovechar la solidaridad comunitaria.

Uno de los fiascos más llamativos se originó en la catástrofe del buque Prestige frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. El desastre ecológico armó de razones al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, para proyectar un puerto exterior a diez kilómetros de A Coruña. La idea era alejar el peligro del tráfico de combustibles del interior de la ría y liberar a la ciudad del oleoducto de seis kilómetros que la atraviesa. Pero el proyecto se olvidó de lo más importante: negociar con Repsol el traslado de los tráficos de crudo del interior del actual puerto a la costosísima dársena exterior de Punta Langosteira. Doce años después, la petrolera no se ha trasladado, pese a que se han invertido 750 millones en el nuevo puerto. La factura para Europa fue de 267,5 millones de euros en Fondos de Cohesión.

Las desalinizadoras son otro de esos casos lamentables: en 2012 el ministro de Agricultura y hoy candidato europeo Miguel Arias Cañete habló en el Congreso de “fracaso estrepitoso” al referirse a ellas. Tras una inversión de más de 1.600 millones, las 17 plantas existentes solo funcionaban al 16,45% de media. Bruselas tomó buena nota de aquello y exigió a España medidas. Cañete no volvió a mencionar el fiasco, pero sigue ahí. Las de Santa Eulalia, en Ibiza, (99,4 millones) y Ciutadella, en Menorca, (55,2 millones) no se han puesto de funcionamiento nunca y no están conectadas a la red de agua potable por problemas de diseño y acabado. Otro ejemplo es la desalinizadora de El Prat. Fue una de las grandes obras hidráulicas de la Generalitat después de un episodio de sequía que puso en peligro el abastecimiento de agua en Barcelona en 2007 y 2008. La factura ascendió a 230 millones (el 75% financiados por fondos comunitarios), pero desde su construcción ha trabajado a un 10% de su capacidad.

Hay otros muchos ejemplos de inversiones menores. En Córdoba, el Espacio Andaluz de Creación Contemporánea lleva dos años terminado sin dotación ni fecha de apertura, pese a que para su construcción se pagaron 27,3 millones dentro del programa operativo Andalucía 2007- 2013 con fondos FEDER. El centro Federico García Lorca de Granada, proyectado en 2007, también contó con fondos europeos. Aspiraba a ser una referencia internacional de la obra del escritor, pero languidece sin fecha de apertura aunque la obra lleva años casi terminada.

“Los casos de mal uso de fondos son minoritarios”, señalan desde la oficina de la Comisión Europea en España. “Los gastos no elegibles [subvencionables] los rechazamos de entrada. Ocurrió con algunos sobrecostes de las cuentas del AVE entre Madrid y Barcelona. En otras ocasiones, cuando detectamos fraudes durante la tramitación de un proyecto, o después de su ejecución, no se efectúan los pagos”. Pero la propia Comisión reconoce que no hay ningún estudio específico sobre cuánto cuesta la corrupción o la mala planificación de las inversiones.

Con información de: Manuel Planelles, Daniel Cordero, Rafael Méndez, Andreu Manresa y Raúl Limón.