Un ‘pelotazo’ de 28’8 millones de indemnización sin mover un ladrillo

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga, en el marco de la operación Romántica, si la empresa hotelero-inmobiliaria Cesgarden, de Miguel Ramis, fingió sufrir una recalificación a la baja de un terreno en Son Bou (Menorca) para recibir una indemnización de 28,8 millones de euros, que han de ser pagados por las arcas públicas del Consell de Menorca.

Desde 1999, Ramis quería construir un hotel de 728 plazas en primera línea de mar en unos solares en Son Bou. Sin embargo, tras una recalificación en 2003, le autorizaron solo 600 camas y en otra ubicación, más alejada de la costa. Según los acusadores, Cesgarden adquirió la propiedad después de la recalificación pero simuló haber adquirido el terreno antes. La recalificación se realizó a partir del Plan Territorial de Menorca, de 2003, que impuso la creación de “nuevos espacios libres de uso público” en la costa de Son Bou para “mejorar” la calidad urbana y paisajística de la primera línea del mar, anulando así el plan expansionista aprobado en 1974 por el dictador Franco, que establecía que aquellos terrenos eran urbanos.

Cesgarden aseguró haber pagado por aquellos terrenos 10 millones de euros, pero no llegó a mover un ladrillo y logró que los tribunales dictaran una compensación que sumará 28,8 millones por los perjuicios que le causaron los recortes de sus derechos de explotación turística en Son Bou. Según el fiscal, la operación fue una estafa para las administraciones.

La acusación entiende que se jugó con las cartas marcadas, que los pleitos se emprendieron tras conocerse que los terrenos quedaban ‘perjudicados’. Han pasado tres años desde que el Tribunal Superior de Baleares dictase la indemnización gigante que pone en entredicho la capacidad de funcionamiento ordinario del Consell de Menorca. Una de las medidas que reclama el fiscal es anular el pago, a plazos, de la indemnización.

La juez de instrucción de Palma Piedad Marín instruye ya la querella presentada este viernes por el fiscal Pedro Horrach. Los querellados son el dueño de Cesgarden Miguel Ramis y el arquitecto Miguel Barca relacionado con la compraventa de terrenos y autor del proyecto hotelero.

El Consell de Menorca, asesorado por el penalista Fernando Mateas, buscó la implicación de la Fiscalía y aportó la documentación bajo sospecha usada en la operación. Antes de formular su acción penal y para sellar posibles fugas de declaraciones entre implicados en la compraventa, el fiscal tomó declaración como testigos a los primeros vendedores de parcelas en Menorca.

La indemnización estipulada por los tribunales, según peritajes e informes se desgranó así: 16 millones por las 128 plazas de hotel perdidas, 11 millones por la compra del nuevo suelo rústico; 8,4 millones por el 10% de aprovechamiento y la cesión obligatoria al Ayuntamiento; y 146.000 euros por la redacción de proyectos y tramitaciones.