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ESCRITO SOBRE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE EN AVE A BARCELONA

El fiscal denuncia “sobrecostes no justificados” en el AVE a Barcelona

Los trabajos ferroviarios costaron casi 2.000 millones más que el presupuesto de adjudicación

Los sobreprecios sin justificación suman 448 millones

Obras del AVE a su paso por La Torrassa, en 2007. Ampliar foto
Obras del AVE a su paso por La Torrassa, en 2007.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ve irregularidades en cuatro de los tramos del AVE entre Madrid y Barcelona en los que aprecia “indicios de responsabilidad contable”, según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. En su informe, de abril de 2013, considera que en esos tramos hay sobrecostes no justificados de 448,643 millones de euros, a los que suma que ADIF no impuso penalizaciones a las constructoras por incumplimientos de contrato.

En su informe a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal jefe del Tribunal, Olayo González Soler, repite una frase una y otra vez: “No consta que se le exigieran responsabilidades al contratista”. Así defiende que no están justificados muchos de los sobrecostes aprobados por ADIF. A menudo, tramos adjudicados con bajas de más del 20% acababan en sobrecostes millonarios. El AVE entre Madrid y Barcelona (621 kilómetros) salió a concurso con un presupuesto de 7.550 millones de euros y se adjudicó por 6.822 millones (con una baja del 9%), pero acabó costando 8.996 millones (un 31% más)

Tramo Hospitalet-La Torrassa, el tramo de acceso a Barcelona. La obra fue adjudicada en 2005 por 107,626 millones (un 11,8% menos de lo previsto inicialmente), pero acabó costando 354,702 millones, con un incremento del 229,6%, y tardó 58,5 meses (frente a los 20 que preveía el contrato).

El fiscal relata cómo ADIF autorizó en 2006 una primera modificación del proyecto que elevaba el coste en 20,47 millones. A esas le siguieron otras pese a que el fiscal las achaca a “la defectuosa ejecución” de los trabajos. El texto relata que “Fomento, a instancia de ADIF, autorizó la continuación provisional de las obras en contra de la recomendación del servicio de inspección del propio ministerio” y cita una serie de irregularidades. Hubo numerosas incidencias, once prórrogas, cuatro revisiones de precios y un contrato modificado, un proyecto complementario y cinco obras de emergencia.

Cuando ADIF propuso elevar el precio, la inspección de Fomento pidió parar las obras, a lo que ADIF se negó porque “ocasionaría graves perjuicios para el interés público”.

El 29 de septiembre de 2006 ADIF autorizó la redacción del proyecto modificado y el 3 de noviembre la ministra de Fomento [entonces Magdalena Álvarez] la continuación provisional. No obstante, este proyecto no llegó a aprobarse”, según describe el informe del Tribunal.

Tramo Castellbisbal-Papiol. En esa zona, un modificado del proyecto elevó el coste en 8,22 millones y también hubo “un contrato complementario, cuyo precio ascendió a 9,982 millones” en el que “no consta que se exigieran responsabilidades al contratista del proyecto inicial”. Fue licitado por 55,274 millones y adjudicado por 46,298, lo que supone una baja del 16,23%. Sin embargo, con los sobrecostes que aprobó ADIF sobre la marcha acabó costando 64,5 millones.

Tramo Hospitalet-Can Tunís. El contrato se licitó el 1 de agosto de 2002, con un presupuesto de 96,512 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. La constructora se lo llevó por 72,085 millones, con una baja del 25,3% en precio y del 13,4% en el plazo. Las obras estuvieron paradas durante siete meses y medio “por falta de disponibilidad de los terrenos”. “Además, durante la ejecución del contrato se aprobaron seis prórrogas por un total de 33 meses”, según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la línea.

En 2005 al fin se modificó el contrato para elevar el coste en 13,661 millones y el plazo de ejecución en cuatro meses. “La modificación se motivó por la necesidad de realizar los ajustes geotécnicos e hidrogeológicos necesarios para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitida el 5 de febrero del año 2001, antes de que se aprobara el proyecto original”.

Entre modificados y revisiones de precios, las obras acabaron costando 110,996 millones y tardaron 50 meses. Es decir, en vez de una rebaja del 25,3% que ofreció la constructora, ADIF pagó un 52,9% más de lo que había calculado que costaría y tardó más del triple. Aun así, “no consta que se exigieran responsabilidades al contratista”, según el fiscal del Tribunal de Cuentas.

Tramo La Torrassa-Sants. Al igual que en los anteriores, ADIF aprobó sobrecostes y obras de emergencia por 126,624 millones sin exigir nada al contratista.

Falta de penalizaciones. Otra de las irregularidades que aprecia el fiscal del Tribunal de Cuentas es la “falta de imposición de penalizaciones por el incumplimiento del contrato de suministro y transporte de hormigón armado” para los túneles de San Pedro y de Sant Joan d’Espí-Sants. ADIF utilizó un procedimiento negociado sin convocatoria por el cual la empresa debía suministrar 68.500 traviesas de una clase y 2.000 de otra en cuatro meses. Pero el órgano de fomento aceptó ocho prórrogas por lo que finalmente el material tardó 43 meses en llegar sin que ADIF aplicara las penalizaciones previstas en el contrato.

Contrato. El fiscal incluye como irregularidad la ejecución del "contrato cuyo objeto era el suministro de plataformas para el cambio de ancho de trenes de viajeros de tecnología de TALGO, de instalaciones de descongelación de rodales y medidores de parámetros”. Este fue adjudicado en noviembre de 2002 mediante el procedimiento negociado sin publicidad porque la adjudicataria era “el único fabricante del material a suministrar”.

El fiscal considera irregular que “la adjudicación del contrato se hiciera con un incremento medio del 134,7% porque, de una parte, el precio de uno de los elementos, presupuestado en 6.000 euros, se adjudicó en 39.000 y, de otra, porque el precio de mantenimiento de un cambiador, que en el presupuesto venía expresado en unidades semestrales (5.000 euros/semestre) se expresó en el contrato en unidades mensuales (2.300 euros/mes)”.

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