“La regulación del aborto no puede estar sometida a vaivenes políticos”

El entorno de Ana María Ferrer siempre olió a togas y puñetas: su marido es magistrado de la Audiencia Nacional y su padre fue decano de Madrid. Tiene 55 años y dos hijos. Y huye de las entrevistas: accede a esta porque tiene un motivo: en los 200 años de existencia del Tribunal Supremo, antes que ella ninguna mujer había ocupado despacho en la cuarta planta, ala de lo penal, del Supremo (la cúspide de la justicia española en el enjuiciamiento de los delitos). A esta Sala arribarán en unos años las causas sobre los (presuntos) corruptos que desfilan hoy por los telediarios: Bárcenas, Correa, El Bigotes, los implicados en los ERE, el caso Brugal... Esta Sala dictará sus futuros carcelarios.

Hay 15 jueces titulares en la Sala Penal y dos eméritos. Y por primera vez en su historia, desde el pasado 7 de abril, Ferrer ocupa uno de sus sillones. También ella desfiló, sin quererlo, por los telediarios de los años 1994/1996. Fue la que investigó y rastreó hasta nada menos que Singapur el dinero robado por el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Su fuga de España, con los millones en paraísos fiscales, es uno de los grandes escándalos de la democracia. Ella es la primera mujer/juez que llega a la Sala de lo Penal, pero no la única que hay el Supremo. De sus 80 magistrados, solo once son mujeres. Y ello a pesar de que el 65% de los 5.300 magistrados en activo que hay en España son hoy mujeres.

Pregunta. Ya era hora de que llegase una mujer a esta Sala, ¿no?

Respuesta. Pues sí. Es un símbolo de normalización.

P. ¿Es machista la judicatura?

R. La judicatura es un reflejo de la sociedad. Los jueces también reflejamos los valores y tensiones que se pulsan en ella.

P. ¿Y no han sido machistas quienes nombran a los jueces?

R. Antes éramos menos mujeres en la carrera judicial. Ahora somos más y hay un plantel con méritos y capacidad para desarrollar puestos discrecionales. Para esta plaza, se postulaban seis o siete compañeras. Antes, las aspirantes eran muy minoritarias. La conciliación familiar la sigue soportando la mujer. Y esa realidad hay que ir cambiándola.

P. Usted es la única mujer en una Sala con 16 hombres. ¿La miran raro en las reuniones?

R. No, es una Sala en la que todos sus integrantes mantienen una buena relación. Y conmigo no ha sido una excepción. Pero no ha habido excesos ni un trato de especial delicadeza.

P. ¿Los ciudadanos tienen la sensación de que el Poder Judicial está politizado y que los partidos se reparten los cargos judiciales.

R. Es labor del Consejo que la gente cambie esa percepción. ¿Cómo? Con transparencia en la gestión y nombramientos razonables y motivados.

P. ¿Usted se hizo muy famosa por ser la juez del caso Roldán. ¿Cambió aquello su vida?

R. Sí. Tuve que afrontar una investigación que, técnicamente hablando, era complicada, y con gran trascendencia pública. Era la primera vez que un alto cargo público pasaba por los juzgados.

P. ¿Cuál fue el momento más amargo de esa investigación? ¿Y el que le satifizo más?

R. El de mayor satisfacción, cuando puse el oficio enviando las diligencias a la Audiencia para que se juzgaran. Recuerdo momentos de impotencia. Uno fue con Singapur, que nos dijo que sí, que allí estaba parte del dinero [el sustraído por Roldán], pero que no podían retenerlo porque su legislación bancaria lo impedía. También hubo momentos emotivos: recuerdo a la mujer de un cargo público que, durante la declaración, nos contó que su hijo había muerto en un accidente, y a menudo rompía a llorar. También hay una escena desgarradora, la de un empresario, un señor mayor, que, tras asumir su implicación, se puso tan nervioso que se tiró de rodillas al suelo para firmar la notificación del registro. Me fui hacia él y le dije: ‘Levántese usted, por Dios, no haga eso’

P. ¿Tuvo presiones políticas?

R. No recibí ninguna llamada.

P. El caso Roldán fue investigado en dos años. Y a los tres ya estaba sentenciado. En cambio, el caso Gürtel o el de los Ere de Andalucía, por ejemplo, llevan casi cinco años instruyéndose, y lo que queda... Y pasarán otros cinco años hasta que haya sentencia firme. Decía Séneca que la justicia tardía se torna en injusticia.

R. Es verdad que la justicia cuando se retrasa es menos justicia. El proceso penal necesita un retoque para agilizarlo

P. ¿Qué retoque? ¿Eliminar recursos, garantías ciudadanas?

R. Creo que sí. Hay que eliminar recursos, dejando los relacionados con cuestiones que afecten a derechos fundamentales. Eso daría agilidad al proceso. También soy partidaria de que sea el fiscal quien investigue y que haya un juez de garantías.

P. Pero al fiscal general, cuyo departamento se rige por principio de jerarquía, lo nombra el Gobierno. Y no son descartables interferencias gubernamentales en investigaciones. O que se tapen asuntos.

R. En nuestro sistema existen las figuras, arraigadas, de la acusación particular y la acción popular [la sociedad], que permiten abrir investigaciones al margen del fiscal. Habría que regularlo e implantar mecanismos que vigilen cualquier desviación del fiscal.

P. ¿Realmente la justicia es igual para todos?

R. Me dolería admitir que los pobres tienen un tratamiento distinto que los ricos. Aunque es verdad que estos poseen más medios económicos y tienen más posibilidades al margen del proceso.

P. Pero la ley de tasas es un obstáculo para los pobres.

R. En lo penal no hay tasas. En otras jurisdicciones, creo que sí pueden ser un elemento impeditivo para personas sin recursos.

P. ¿Qué opina de la ley que acaba con los plazos para interrumpir el embarazo?

R. Este es un tema tan importante y trascendente que su regulación no puede estar sometida a continuos vaivenes políticos. Ahora tenemos una legislación que está funcionando, si bien está impugnada ante el Tribunal Constitucional y hemos de estar a que lo que se resuelva. Yo soy partidaria del derecho de la mujer a decidir.

P. El goteo de asesinatos de violencia de género no cesa. ¿Es eficaz la actual ley?

R. No podemos cambiar las leyes a golpe de sucesos individuales por muy dolorosos que sean. La lucha contra la violencia de género debe ser de los tribunales, pero hay que hacer un esfuerzo cultural para erradicarla.

Al término de la entrevista, el rictus de Ana Ferrer se destensan. Hay una anécdota en su trayectoria que define la larga transición en la incorporación de la mujer a las altas instancias de la judicatura. Entonces ella era una joven juez recién llegada a Valdepeñas. Y dentro del juzgado se topó con un señor que iba preguntando “por el juez”. “Es que me han dicho que ahora no hay juez, que hay una chica...”. Ella era la chica.