El Gobierno balear propone reducir un tercio de diputados “para ahorrar”
Bauzá planea un ERE en el Parlamento y lo achaca a una “demanda social”
Otra vez un ERE de diputados. Tras el rumbo marcado por María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, otro barón del PP, José Ramón Bauzá, propone -otra vez- desde la Presidencia del Gobierno de Baleares adelgazar el número de "profesionales de la política": quiere reducir de 59 a 43 los escaños de diputados del Parlamento autonómico.
Es la segunda ocasión en que Bauzá formula este reto, un desafío a la izquierda del PSOE y los nacionalistas de Més. Aunque el PP no tiene la mayoría requerida para aprobar el cambio de la ley electoral, lo que requiere el respaldo de dos tercios de la cámara. Contra la previsible negativa de la oposición, Bauzá asegura que la regulación de empleo de los diputados representará un ahorro de 11 millones en cuatro años porque se evitarán los 16 sueldos (de 57.406 euros anuales), viajes y, además, se aplicará un cambio de las retribuciones para que ningún parlamentario tenga una nómina fija y cobren solo por asistencias.
La izquierda ve en esta operación una maniobra de “reducción democrática” para limitar la representación en las islas menores. “El objetivo es adaptarse a la demanda real de la sociedad ante una situación económica seria, muy complicada, que requiere de la toma de decisiones valiente”, asegura Bauzá, que dice que su plan se ciñe a “lo que piden los ciudadanos” porque se trata de un ajuste en línea con los ajustes que practican empresas y familias.
El PP quiere que Mallorca deje de elegir nueve de sus 33 diputados; de los 13 de Menorca se eliminarían cuatro escaños y de los 13 de Ibiza se eliminaría tres parlamentarios. Formentera mantendría su único diputado. Bauzá plantea, en época electoral, un envite a la izquierda como ha hecho en otras ocasiones. “Espero y deseo por todos los ciudadanos que la aprueben [los grupos PSOE y Més] porque es bueno para la sociedad, no hay excusa”. Lo que no ha concretado el presidente balear es cómo se trasladaría la medida a los Consejos Insulares, que están formados por el mismo número de miembros que el Parlamento. Mabel Cabrer, portavoz del PP, jaleó de inmediato a su presidente y confirmó la pugna abierta con la izquierda al subrayar que si no secunda el recorte deberá explicar “por qué no quieren ahorrar 11 millones de euros por legislatura que podrían ser destinados a políticas sociales”.
En el PSOE creen que la iniciativa es “una cortina de humo” del PP que amenaza con un “recorte de la democracia”. Por parte de los nacionalistas de Més la operación se ve como una manera de “querer perpetuarse en el poder”. Las minorías extraparlamentarias de Proposta per les Illes y UPyD califican el gesto de una medida para “borrar del mapa a rivales incómodos”, ante su posible entrada en la cámara.
Así ha ocurrido en Castilla-La Mancha. La reforma de Cospedal, calificada de “pucherazo” y “escándalo”, desde la oposición, fuerza una reducción de parlamentarios que, en la práctica, hará mucho más difícil la entrada de un tercer partido en las Cortes, algo que en pasadas legislaturas estuvo a punto de conseguir Izquierda Unida.
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