14 ONG elevan una queja a la UE para investigar las devoluciones en caliente

"Este escrito describe las serias violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en las fronteras de Ceuta y Melilla". Con estas contundentes palabras arranca la queja enviada por un grupo de 14 ONG a la Comisión Europea (CE) para que investigue las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de las dos ciudades del norte de África. El requerimiento —rubricado por organizaciones como Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Médicos del Mundo— denuncia expulsiones colectivas que vulneran las convenciones internacionales firmadas por España.

Las ONG utilizan dos argumentos principales para pedir a Bruselas su intervención. Primero, estas recalcan que el Ministerio del Interior, a través de las fuerzas de seguridad, está procediendo a expulsiones colectivas en las que no se garantiza el derecho de los extranjeros a pedir asilo. Y, segundo, que "se les devuelve a Marruecos, un país donde su vida e integridad corre peligro, como han acreditado numerosos informes sobre la situación de los subsaharianos allí", explica Nuria Díaz, abogada de CEAR.

Aunque, además, la letrada destaca que la policía no procede a la identificación de los sin papeles en una comisaría para la apertura del correspondiente expediente individual de expulsión —en el caso de que así proceda—. "Como marca la Ley de Extranjería", apostilla Díaz.

La presentación de esta queja coincide con el anuncio del Gobierno de que invertirá 2,1 millones de euros en el refuerzo de las vallas de Ceuta y Melilla. Un punto donde, precisamente, las 14 ONG detectan un "uso de medios cada vez más violentos" para impedir la entrada de los inmigrantes. "Se está poniendo en peligro la vida e integridad física de estas personas", reza el escrito remitido a la Comisión Europea, que ya recibió en febrero una queja firmada por un centenar de ONG para que investigara la muerte de 15 sin papeles en la frontera de Tarajal.

El tema de las devoluciones en caliente enfrenta desde hace años a las ONG y a los distintos Gobiernos españoles. De hecho, a este respecto, la estadounidense Human Rights Watch ya presentó un informe en febrero donde subrayaba que la policía incumplía la legislación europea sobre protección de inmigrantes. Una tesis que no comparte Interior y su actual responsable, Jorge Fernández Díaz, que siempre ha defendido la actuación de los agentes. "La intención de la denuncia presentada ante la Unión Europea es que se investiguen estos casos y se abra un procedimiento de infracción contra España, si procede", concluye Díaz, que remacha: "El Gobierno no puede intentar dar cobertura legal a unas actuaciones que podrían ser ilegales".