El juez prevé despejar en un mes el futuro judicial de la infanta Cristina

El juez José Castro espera cerrar antes de un mes la prolija instrucción del caso Urdangarin, sobre la supuesta malversación de seis millones de fondos públicos a través del Instituto Nóos, dirigido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio Diego Torres. El magistrado deberá despejar en este tiempo una incógnita mucho más que simbólica: si sienta o no en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, esposa y socia de Urdangarin en la empresa familiar Aizoon.

El juez desea que no se dilate más la causa, entorpecida, en su opinión, por la rueda sistemática de recursos y apelaciones de la acusación que ejerce el sindicato ultra Manos Limpias y en, otro grado, por las réplicas de la defensa de Diego Torres sobre cuestiones ya abordadas.

Cristina de Borbón, investigada desde hace un año y finalmente imputada en enero de 2014, se convirtió por su notoriedad institucional en la figura principal de la causa. Las indagaciones patrimoniales, económicas y fiscales sobre la hija del Rey pasaron a dominar la actualidad de este sumario. El caso Urdangarin, que nació en 2010 como caso Noos, es la 25ª pieza separada del macrosumario del Palma Arena, abierto en 2008 para abordar la aparente corrupción del expresidente de Baleares Jaume Matas. El antiguo líder del PP en las islas carga ya con dos condenas menores por esta causa.

Una vez que Castro cierre el sumario —y decida si procesa o no a la Infanta— la Audiencia de Palma, tras los recursos, determinará el guión del juicio y los acusados finales. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado rechazan de plano la imputación de la hija de los Reyes. La petición para que la Infanta vaya a juicio con su esposo, su exsocio Torres y el ex presidente Matas —entre otros— la sostienen las acusaciones populares: el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, que está personado desde el inicio del caso, y el llamado Foro Cívico Somos Mayoría, republicano, del exlíder comunista y de IU Julio Anguita, que es parte desde que declaró la hija del Rey, hace tres meses.

El juez Castro escruta la finanzas de la Infanta desde hace un año, tras una frustrada imputación inicial de abril de 2013, que fue bloqueada por la Audiencia de Palma tras recurrir la afectada y la fiscalía. Con las indicaciones del tribunal, el juez rebuscó en la vida económica particular de la hija del Rey desde 2002 hasta 2012, para mirar si blanqueó fondos de su marido o evadió impuestos. En febrero de 2014, tras concretar una segunda imputación —que ninguna parte recurrió—, el magistrado interrogó a doña Cristina de Borbón durante seis horas, por supuesto fraude fiscal y blanqueo de dinero por usar fondos bajo sospecha a través su compañía privada Aizoon.