¿Justicia o exceso de celo?

José Manuel Grande Pérez, sargento de la Guardia Civil de Bande, prepara el petate. Tras siete años al frente del puesto de este municipio ourensano de poco más de mil vecinos entre los que Grande administró la ley con un celo tan inaudito que llevó en 2010 el relato pormenorizado de sus informes al Senado, la Dirección General del instituto armado acaba de decidir cesarlo “por necesidades del servicio y por la reprobación de las autoridades”: sus sonados desencuentros con la diputada del PP, vicepresidenta de la comisión de Interior, inspectora de Policía en excedencia y exalcaldesa de ese Ayuntamiento, Ana Belén Vázquez Blanco, y su exmarido y sucesor al frente de la alcaldía, José Antonio Armada. El sargento multó el pasado 18 de noviembre a la diputada por tener el coche mal estacionado, subido en una acera. En el parte consta que el vehículo no había pasado la ITV y que ella se negó a mostrar la documentación. El día 20 estalló la polémica.

El número dos del Ministerio del Interior la ha zanjado ahora promoviendo el cese del sargento. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que prepara una demanda judicial “si es necesario también contra el mando que lo ha destituido”, sostiene que el cese, que ya han recurrido, es “una clara represalia política” contra Grande “por haber hecho cumplir la ley” a la diputada. Ella, que ultima otra demanda con la que pretende probar el “grave acoso” al que asegura haber estado sometida, insiste en que el parte que abrió la caja de los truenos es “una manipulación; demostraré que es todo mentira y que solo buscaba mi desprestigio y el de mi familia”. En Bande no se habla de otra cosa.

El sargento Grande aún no da crédito. No se explica por qué ha perdido esta batalla —solo la primera, según la AUGC, que está dispuesta a “llegar hasta el final”— contra la diputada Vázquez Blanco, a la que asegura que multó siempre en el estricto cumplimiento de su deber. No comprende, dicen sus compañeros, cómo puede ser tildado de ilegal el estricto cumplimiento de la legalidad. El sindicato lo tiene, sin embargo, claro. “Ella utilizó sus contactos en el Ministerio para apartar a una persona que le resultaba incómoda”, indica el portavoz de la asociación, Carlos Domínguez, tras puntualizar que los mismos informes internos de la Guardia Civil que promueven el cese del sargento amparan su actuación. “No podía ser de otra forma; no caben distinciones y él cumplió con su trabajo”, precisa.

En realidad, al sargento Grande lo ha perdido, según reconocen todas las partes implicadas, el muy estricto sentido del deber; un cumplimiento a rajatabla de su trabajo que a la diputada Vázquez le ha costado siete multas, todas ellas “recurridas y ganadas” excepto esta última, que está pendiente de resolución. “Pueden preguntar en el pueblo, todo el mundo dirá lo mismo”, invita la diputada a contrastar el malestar vecinal con el expedientado. “Pues claro que muchos irán contra él: aquí la mayoría de los empleos dependen del Ayuntamiento”, replica el portavoz provincial de la AUGC.

Domínguez reconoce que la diputada fue sancionada en varias ocasiones. Una de ellas, apenas desembarcado el sargento en el cuartel del pueblo, porque el bar que regentaba la familia de la parlamentaria en el recinto del club de fútbol del que ella es presidenta “vendía bebidas alcohólicas y está prohibido”. La última fue el incidente del coche mal estacionado. “Entonces ella acudió a sus amigos del Ministerio”, asegura el portavoz del sindicato. En su opinión, la diputada sigue actuando como “la jefa” de Bande. “No es la autoridad local: lo es su exmarido, pero sí la autoridad política y él la defiende”, sostiene Domínguez.

El sargento-comandante Grande no entró con buen pie en Bande. Su llegada en 2008 a la comandancia del pueblo supuso una revolución en los tradicionales hábitos vecinales. Las actas del Senado recogen la exposición realizada por escrito en 2009 por el entonces senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, en la que queda constancia de la inflexibilidad del mando en su labor. “Denunciaba por maltrato animal a los paisanos de las aldeas que llegaban a Bande a caballo y lo dejaban, como era costumbre, atado por las patas para que no escapara; llegó a denunciar la falta de papel higiénico en el váter de algunos bares y obligaba a identificarse a todo el mundo”, recuerda Pérez la convulsión que eso supuso en la apacible vida del pueblo y cómo el sargento se fue labrando así las primeras enemistades.

El alcalde reconoció en una entrevista en 2011 en el Faro de Vigo que el escrupuloso sargento le había dado el alto en alguna ocasión para inspeccionar a fondo su vehículo. “Pero eso está dentro de la ley”, puntualizaba entonces Armada, aún cuando reconocía que había pedido entrevistas con el subdelegado del Gobierno en Ourense, el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil para exponerles “las quejas vecinales” por la lluvia de multas.

Pérez Bouza asegura que tampoco se libraban de las sanciones los familiares del sargento. “Yo no dudo de que aplicase la ley, pero en mi comparecencia en el Senado pedía al Ministerio que se rebajase un poco ese celo extraordinario que solo servía para crispar la vida vecinal”. El exsenador asegura que antes de la llegada de Grande a Bande había cien denuncias anuales. “Con él, se dispararon a 900 en un pueblo tranquilo y sin problemas”, explica el nacionalista el sentido de aquella petición en la Cámara alta, aunque sostiene que el expediente y el cese del sargento con el que ahora se intenta zanjar la polémica “son exagerados”. “Está claro que no tiene ya que ver con eso”, precisa.

Ni con la petición en el Senado, durante el Gobierno del PSOE, el Ministerio pestañeó —“el director general de la Guardia Civil me respondió advirtiendo de que no se le podía pedir al mando que no aplicara la ley. Lo tildó de ejemplo de dedicación y eficacia”, recuerda el exsenador— ni lo hizo en los años sucesivos con el PP. “Solo cuando la exalcaldesa y diputada del PP fes multada, interviene el Gobierno, pero ni ella ni su exmarido expresaron hasta ese momento la mínima queja ni se sumaron a la que yo planteé”. Pérez Bouza cree que Ana Belén Vázquez "ha utilizado su poder para obtener un rédito político" de la situación.

La diputada asegura que es justamente lo contrario. Sostiene que cuenta con el respaldo vecinal, además del del Ministerio del Interior. Ahora espera demostrar en sede judicial que tenía la ITV de su vehículo al día y que la han hostigado “de una manera increíble, hasta el acoso” en lo que interpreta como una persecución encarnizada contra ella.

Con la primera batalla perdida, el sargento Grande hace el petate al mismo tiempo que prepara una demanda judicial a través del sindicato. Lo apoyan la AUGC, algunos vecinos y también sus superiores de Ourense. A las alegaciones presentadas por el expedientado se suma un informe de su superior, el teniente coronel, en el que indica que no considera que se derive de la conducta del expedientado el mínimo comportamiento ilegal que justifique el cese. Resolverán los jueces.