Unos 4.000 millones para políticas de empleo

En España se destinan cada año más de 8.000 millones de euros —el equivalente al 0,8% del PIB— para políticas de Empleo entre las que se incluyen cursos de formación y otras políticas activas de empleo —medidas para facilitar que los ciudadanos encuentren trabajo y los ocupados mejoren sus habilidades—. En esta cantidad se incluyen las que aportan las comunidades autónomas y el Estado de sus presupuestos, además de las ayudas comunitarias para financiar estas cuestiones —el Fondo Social Europeo entregó unos 8.000 millones a España entre 2007 y 2013— y las aportaciones de las empresas que entregan un 0,7% de las cotizaciones sociales. Además, las empresas destinan un pequeño porcentaje, un 0,7%, de las cotizaciones sociales a estas políticas.  Aunque no se puede determinar con exactitud qué parte de estos recursos van destinados a financiar solamente cursos de formación, se calcula que casi la mitad van destinados a estos cursos.

La Junta de Andalucía dedicó el año pasado 642,1 millones de su Presupuesto para políticas de Empleo, casi la mitad para “el programa de formación profesional para el empleo”. Pero Andalucía también gestiona otros jugosos recursos procedentes de ayudas comunitarias a través del Fondo Social Europeo (FSE). Entre 2007 y 2013, la comunidad andaluza recibió 2.875 millones de euros de este programa europeo para fomentar las actuaciones en materia de empleo. De esta cantidad, 1.155 millones las aporta Bruselas y otros 1.720 millones proceden del Estado, según datos oficiales.La mayor parte de estas cantidades van destinadas a “fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad laboral entre hombres y mujeres”. La Junta financia con esta partida algunas de estas enseñanzas para trabajadores. Fuentes gubernamentales explican que cometer un fraude en los cursos de formación financiados con estos fondos no es fácil por el elevado control de la Comisión Europea.

Pero a Andalucía también llega otra gran cantidad de dinero para otros cursos de formación a través de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. Esta organización en la que participa el Estado, sindicatos y patronal, dispuso el año pasado de 756 millones millones de euros para actuaciones en materia de formación profesional para los trabajadores tanto ocupados como desempleados.

Un portavoz de la Fundación Tripartida explica que el presupuesto para la financiación del subsistema de Formación Profesional para el Empleo asciende a 2.154 millones de euros. De ellos, 956 millones los gestionan las comunidades autónomas, que también controlan otros 112 millones de los programas de formación sectoriales. Otros 165 millones se gestionan a través del plan Prepara. Además, hay 53 millones para la formación de funcionarios mediante el INAP. Y por último, la Fundación Tripartita gestiona 575 millones para formación de ocupados procedentes de las bonificaciones de empresas y otros 181 millones de subvenciones.

Una parte de todo este dinero se reparte entre las delegaciones sindicales y patronales de cada comunidad para pagar proyectos concretos de formación. Los sindicatos explican que es frecuente contratar a empresas de formación para impartir estas enseñanzas. Y es ahí donde se puede perder el control del gasto.