El PSOE promueve en el Congreso la regulación laica de los actos de Estado

Si todo hubiera acabado con el entierro del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez en la catedral de Ávila, su despedida hubiera rozado la perfección. La concordia vivida desde su muerte, el 23 de marzo, hasta la inhumación, el 25 de marzo, fue considerada modélica por los actores políticos, institucionales y sociales, además del homenaje general de los ciudadanos.

La paz se truncó con el funeral de Estado oficiado el 31 de marzo por el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela en la catedral madrileña de La Almudena con su alerta de que las causas que provocaron la Guerra Civil pueden volver. Sus palabras han reabierto el debate siempre pospuesto sobre la inclusión de ritos religiosos en actos de Estado. Este planteamiento ha animado al PSOE para pedir al presidente del Congreso, Jesús Posada, que se trabaje en una regulación legal para garantizar “el carácter estrictamente laico” de los actos de Estado y su traslado al Gobierno.

El estupor de los dirigentes políticos, tanto del Gobierno como de la oposición y otras autoridades que acudieron al funeral, se produjo con esta frase de elogio a Adolfo Suárez: “Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil: los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar”.

Esta referencia a la guerra se unió además a una implícita referencia a Cataluña, inmersa, como el resto de España, en su debate secesionista. “La concordia fue posible con él. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas?”.

En alto expresaron su queja el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y sin altavoces también lo hicieron en el PP. Después de unos días de reflexión sobre qué medidas tomar, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, con el visto bueno del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, envió el viernes pasado una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada. Propone la creación de un grupo de trabajo, con representación de todos los grupos parlamentarios, que elabore una propuesta normativa “para su traslado al Gobierno”, con la regulación de una norma legal de actos y ceremonias de Estado.

Se trataría de garantizar “el carácter estrictamente laico de estos actos, reservando los oficios religiosos al ámbito de lo personal o familiar”. Hay que evitar —continúa el escrito al presidente del Congreso— “que las ceremonias oficiales se desarrollen mediante actos religiosos con quiebra del principio de neutralidad”.

El escrito sostiene que han pasado muchos años desde la recuperación de la democracia “y ha llegado el momento de organizar los actos y ceremonias de Estado como corresponde a un país en el que debe impedirse la confusión entre las funciones del Estado y las creencias religiosas, especialmente en ceremonias y actos públicos”. Las manifestaciones que hubo en el funeral de Estado “resultan impropias en un Estado aconfesional”, escribe Rodríguez para dejar claro que se refiere a Rouco Varela.

Llovía sobre mojado porque muy poco antes, el 11 de marzo, en la conmemoración del décimo aniversario del atentado de los trenes del 11-M en Madrid, también Rouco Varela ofició un funeral de Estado cuya homilía resultó extraña en el mundo político. Sobre los asesinos dijo que “con una premeditación escalofriante estaban dispuestos a matar inocentes, a fin de conseguir oscuros objetivos de poder”. A continuación, Rouco afirmó que “hay individuos y grupos, sin escrúpulo alguno, que desprecian el valor de la vida humana y su carácter inviolable, subordinándolo a la obtención de sus intereses económicos, sociales y políticos, siempre tan mezquinos”.

Hubo contención en los políticos, pero ahora ya no. “Indignantes”, calificó Soraya Rodríguez tras escuchar las palabras de Rouco, en coincidencia con la líder de UPyD, Rosa Díez, a quien le parecieron “absolutamente impresentables”. Pero no solo el contenido del discurso leído de Rouco le pareció mal a Díez; también que sonara el himno nacional durante la consagración. “Fue completamente inapropiado”. Los funerales de Estado no deberán ser religiosos si España es “como la Constitución dice que es”. Se refiere Rosa Díez a la aconfesionalidad del Estado que establece el artículo 16 de la norma fundamental. Se espera la respuesta de Posada por si accede a impulsar el debate, o que el tiempo tape las palabras de Rouco.

Los socialistas también se han comprometido, si ganan las elecciones, a revocar los acuerdos de 1979 del Estado con la Iglesia católica.